La Justicia Federal de Corrientes declaró que el aporte solidario a las grandes fortunas impulsado por el kirchnerismo es inconstitucional, argumentando que se trata de de una medida impositiva confiscatoria.
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| Juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda |
El juez correntino Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda (denunciado tiempo atrás por cobrar coimas de contrabandistas) hizo lugar a una acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dictó la inconstitucionalidad porque el aporte viola “garantías y principios constitucionales”.
La ley es violatoria del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva, detalló.
Fresneda remarcó que el mal llamado Impuesto a la Riqueza se implementó como un tributo, no como un aporte que provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor”, precisó el juez.
El Gobierno preveía recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos, sin embargo, un año más tarde -en diciembre de 2021-, la AFIP informó que el fisco recolectó $ 237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas.
La iniciativa desató una ola de acciones judiciales para evitar su cobro y provocó que empresas, profesionales y técnicos probaran suerte fuera de Argentina. Lo que, según especialistas, desincentivo la inversión a nivel local.
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