Crecen las dudas sobre la imparcialidad del tribunal que lleva adelante el juicio por la Obra Pública en Santa Cruz. Además de la fotos que muestran que el fiscal y el presidente del tribunal comparten equipo de fútbol y partidos en la quinta de Macri, el propio Giménez Uriburu y Jorge Gorini se reunieron con la entonces ministra de Seguridad.
Las defensas que actúan en la causa de la obra pública de Santa Cruz analizan la información sobre otras reuniones asombrosas de dos de los jueces del Tribunal Oral número 2, esta vez con Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Figuran en el Registro Único de Audiencias, que reúne todas las entrevistas de los funcionarios de la administración pública. La más sorprendente es la del 23 de agosto de 2018, cuando los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu ya tenían a su cargo el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y otros integrantes de su gobierno y la ex montonera entregadora de compañeros era una de las denunciantes originales del expediente.
El motivo aducido es extraño: supuestamente iban a hablar sobre “proyectos de ley para la lucha contra el narcotráfico”. En ese momento, se le había solicitado a las partes que propongan testigos y, justamente, la fiscalía estaba por proponer a Bullrich Luro Pueyrredón.
Más notable aún es que ya antes, en 2017, hubo otro encuentro de la entonces ministra con Gorini, pero aduciendo un motivo distinto y aún más raro: se supone que iban a tratar la corrupción en las fuerzas de seguridad. Todos estos hallazgos se producen cuando este viernes se va a tratar en la audiencia del juicio la recusación contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El primero resultó compañero de equipo de Giménez Uriburu, jugando juntos a veces en la quinta de Miauricio Macri.
Los encuentros llaman la atención, en especial el de 2018 y, como sucede con las fotos en la quinta Los Abrojos, plantea la cuestión del peligro de parcialidad y falta de independencia. Justo se trata de los magistrados que, por entonces, ya sabían iban que iban a juzgar a CFK.
En el dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) se señala, en su punto 28, “las reuniones de jueces y responsables políticos pueden afectar a la separación de poderes, por lo cual algunos ordenamientos prohíben este tipo de actos”.
La CIEJ desaconseja los encuentros públicos y privados, pero seguramente desaconsejaría todavía más una reunión entre una de las denunciantes y los jueces que van a protagonizar uno de los juicios más importantes de la política nacional. O sea, que lo que correspondía es que Gorini y Giménez Uriburu, sabiendo que iban a ser jueces en la causa contra CFK, se abstuvieran de concurrir a ese encuentro con Bullrich, que era denunciante en el expediente.
Nuevamente se plantea el interrogante: ¿cómo se sentiría cualquier ciudadano que toma conocimiento de que dos jueces se reunieron con una de sus denunciantes, aunque invoquen cualquier razón?
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