La irregularidades en el comercio exterior adquirieron relevancia pública luego que de Cristina Fernández de Kirchner expusiera el accionar de empresas que lograban órdenes judiciales para llevarse dólares oficiales del Banco Central y las alquilaban a otras. El caso de la sociedad apuntada por la Inspección General de Justicia.
La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó ante la Justicia Comercial la declaración de nulidad de la empresa Yoko S.A. luego de que se conociera que la sociedad le "alquiló" una medida cautelar a otra firma importadora, Tropea S.A., para que ésta última pudiera ingresar mercadería a precio de dólar oficial.
La solicitud de la IGJ para iniciar acciones judiciales contra la sociedad surgió luego de que el caso tomara relevancia a raíz de la denuncia que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de Twitter.
“¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del Banco Central, además las alquilan? Esa sí que no la tenía”, escribió a mediados de julio Fernández de Kirchner, al compartir una nota periodística que cuenta la maniobra de defraudación denunciada por la Aduana, cuya causa tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Según la denuncia, Yoko S.A. -empresa de marroquinería- consiguió que la Justicia le otorgara una medida cautelar provisoria para ingresar mercadería al país a dólar oficial y para que el Banco Central le gire dólares para el pago a valor oficial. Para esto, Yoko S.A. obtuvo una “SIMI”, es decir, un instrumento de la AFIP para acceder al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones.
Este instrumento es el que Yoko le habría "alquilado" a la firma Tropea S.A. -del mismo rubro- para que ésta también pudiera acceder a los beneficios derivados de la cautelar.
Otras irregularidades de Yoko S.A. y Tropea S.A.
En la resolución emitida por la IGJ el 11 de agosto, se enumeran otras irregularidades que presentan sendas compañías. Por un lado, expone que, si bien la sede social inscripta de Yoko S.A. figura en la calle General Manuel A. Rodríguez 2373 de la ciudad de Buenos Aires, allí funciona un local de sushi. “Se trata de una sociedad fantasma, lo que hace imposible su ubicación para terceros y para cualquier organismo que pretenda controlarla”, indica al texto.
Agrega que esta sociedad anónima nunca funcionó en forma legítima ya que se constituyó con $ 12.000 en 1999, capital que nunca aumentó, incurriendo así en lo que se denomina "infracapitalización societaria". También indica que adeuda a la IGJ sus estados contables desde 2013.
Por otro lado, señala que los estados contables de Tropea S.A. también "carecen de toda credibilidad" y la sede social que tenía inscrita se encontraba en la calle Fragata Sarmiento al 1239, la cual está abandonada "hace muchos años".
A partir de los controles realizados durante los últimos días, Tropea S.A. informó que tiene una nueva sede, en un depósito de Martínez, provincia de Buenos Aires, donde se llevan a cabo reuniones de directorio y asambleas. También precisó que cuenta con 11 locales y más de 70 empleados. Dicha sociedad también está siendo investigada por la IGJ, quien requirió la exhibición de todos sus libros societarios.
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