Se toma información de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática. El organismo busca cobrar impuestos evadidos por ocultar colocaciones o incurrir en errores.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está poniendo el foco en la investigación de las cuentas de los argentinos en el exterior -no declaradas o mal declaradas- en base a la información que proviene de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática con el organismo, como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias extranjeras.
Los datos utilizados por la AFIP permiten cobrar impuestos evadidos a empresas e individuos que ocultaron sus colocaciones o incurrieron en errores a la hora de declararlo, lo que permitió a las áreas especializadas en fiscalidad internacional de la AFIP y las direcciones regionales de la DGI imponer ajustes por más unos $1.300 millones.
La información sobre cuentas de argentinos en el exterior se recibe desde 2017, como parte de los mecanismos previstos por el G20 y la OCDE, pero en los años anteriores los reportes oficiales no se había analizado con el mismo interés y profundidad que se está haciendo ahora, según indicaron fuentes oficiales. “No fue una tarea sencilla ya que no solo se trató de establecer criterios y construir los sistemas para analizar la información sino que fue necesario revitalizar y recomponer los equipos técnicos especializados en fiscalización internacional, que durante el gobierno de Mauricio Macri habían sido puestos a hibernar”, indicaron.
La AFIP ya analizó y procesó las bases de datos sobre cuentas de argentinos en el exterior correspondientes a 2016 y 2017. Y este año comenzó a fiscalizar los datos de 2018. Un informe interno detalló que después de analizar más de 2.400 casos referidos a esos períodos fiscales, las distintas áreas del organismo ya identificaron irregularidades en unos 700 casos que permitieron establecer ajustes unos $1.300 millones en impuestos evadidos. Además, se encuentran en curso otros 1.800 casos.
“Los resultados del extenso trabajo de fiscalización no se limitan a la mejora en los ingresos sino que redundan en la ampliación de la base imponible de Bienes Personales, uno de los impuestos más progresivos del sistema tributario argentino”, indicaron fuentes oficiales.
El organismo identificó cuatro grupos de riesgo de contribuyentes:
✒ Los que declaran una cuenta en el exterior pero el monto reportado es inferior al que figura en la información recibida del exterior
✒ Los que no declararon colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales.
✒ Los que no presentaron una declaración jurada de Bienes Personales
✒ Los que no están inscriptos
Alrededor de la mitad de los cerca de 700 casos donde la AFIP y la DGI ya realizaron ajustes impositivos corresponden a contribuyentes que informaron en su Declaración Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales una cuenta bancaria con 900.000 euros, por ejemplo, pero que los datos remitidos desde el país europeo donde está radicada la cuenta informan que el saldo asciende a 2,8 millones de euros.
En los otros tres grupos se encuentran los que omiten declarar sus colocaciones en el exterior pero que, sin embargo, declaran algunos de sus bienes y activos en Argentina. Otros deciden omitir presentar su declaración jurada o ni siquiera están inscriptos en impuestos y quedan expuestos ante la AFIP a partir del intercambio automático de información.
La AFIP ya identificó irregularidades en unos 700 casos que permitieron establecer ajustes unos $1.300 millones en impuestos evadidos. La mayor parte de los casos que terminan en un ajuste de impuestos corresponden a contribuyentes que presentaron su declaración jurada de Bienes Personales, pero evitaron reportar una cuenta a su nombre en otro país. Un ejemplo son las cuentas no declaradas en jurisdicciones europeas reconocidas por su elevado nivel de opacidad que, sin embargo, participan del intercambio de información de cuentas financieras y envía a la AFIP de manera automática la información obrante en sus bancos sobre los residentes argentinos.
Desde el organismo destacaron que durante el proceso de fiscalización hubo casos donde la persona intimada niega la existencia de la cuenta o que el saldo corresponda al que efectivamente tiene en el exterior. A partir de ese momento, se activa el intercambio de información bajo requerimiento, que le permite a la AFIP enviar consultas específicas a las administraciones tributarias de los países involucrados solicitando que confirme la información que fuera recibida por la vía automática.
Con la aprobación a nivel internacional en 2014 del estándar mundial para el intercambio automático de información fiscal, se firmó el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el intercambio automático de información de cuentas financieras, basado en la Convención Multilateral.
El Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (Common Reporting Standard CRS) prevé el intercambio automático anual entre los gobiernos de la información de cuentas financieras, incluidos los saldos, intereses, dividendos y productos de las ventas de los activos financieros, informados a los gobiernos por las instituciones financieras, que cubren las cuentas de personas humanas, controlantes y entidades, como así también fideicomisos y fundaciones.
Nuestro país adoptó el “enfoque amplio”: recaba información de la totalidad de no residentes, independientemente si existe o no acuerdo en vigencia con la jurisdicción en la cual la persona es residente. El intercambio de información entre los países adheridos vence el 30 de septiembre de cada año.
Argentina fue una de las jurisdicciones que adoptaron el sistema en forma temprana. Por eso, el primer intercambio de información se hizo en septiembre de 2017, con respecto al período fiscal 2016. Co todo, hay ciertas jurisdicciones que no participan en este tipo de intercambio, tal como los Estados Unidos. La Argentina, a través de la AFIP y la Cancillería, se encuentra en una instancia avanzada de negociación con las autoridades estadounidenses para acceder a otro mecanismo de intercambio de información.
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