La Cámara Federal de Casación ordenó volver a investigar la responsabilidad de dos ex directivos del gigante de acero presidido por Martínez de Hoz en el operativo de marzo de 1975 que dejó un centenar de víctimas. Un caso emblemático de responsabilidad empresarial.
La represión tocó el cordón del Paraná un año antes del golpe de Estado. Las fuerzas armadas y de seguridad coparon el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución, donde tenía sede Acindar –la empresa siderúrgica cuyo directorio presidía José Martínez de Hoz, que después sería el ministro de Economía de la dictadura– y donde el sindicalismo combativo venía creciendo desde 1973. Las víctimas superaron el centenar.
Durante 45 años, la impunidad de los directivos de Acindar pareció de acero. En 2020, un juez de Rosario procesó a dos de ellos, pero, al tiempo, la Cámara Federal de esa ciudad desvinculó a uno y alivió la situación del otro. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal acaba de revocar esa decisión y volvió a poner a los dos ex directivos –Roberto José Pellegrini y Ricardo Torralvo– en carrera para ser juzgados en un caso emblemático de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
A Juan Actis lo detuvieron el 20 de marzo de 1975. Estaba en casa de su hermana porque estaba enfermo. Los únicos que sabían dónde se estaba quedando eran los jefes de la empresa porque él les había informado. Concretamente se lo había hecho saber al área de Personal, que estaba en manos de Pellegrini. De allí debe haber salido el dato que derivó en su secuestro.
A Pellegrini lo procesó el juez Marcelo Bailaque en marzo de 2020, cuando se cumplían los 45 años de la represión en Villa Constitución. En julio del año pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó su responsabilidad en los secuestros, pero lo desresponsabilizó por ocho asesinatos de personas que trabajaban en Acindar o estaban vinculadas a la actividad de la empresa que se fundó en 1942. Pellegrini no fue el único favorecido por los camaristas rosarinos. A Torralvo aún le fue mejor porque le dictaron una falta de mérito.
Torralvo era otro de los directivos de Acindar. Algunos testimonios lo ubican como jefe de Contaduría y otros lo mencionan como integrante del área de Personal. Esa indeterminación le jugó a favor cuando la Cámara de Rosario evaluó su situación. Hay un dato adicional que lo terminó beneficiando: la justicia no tiene su legajo porque se quemó en el incendio de Iron Mountain.
Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no validó el criterio del tribunal de apelaciones de Rosario y dijo que había mirado las pruebas de manera descontextualizada como sostuvieron las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En esa línea, Casación revocó las faltas de mérito con las que habían beneficiado a Pellegrini –en el caso de los homicidios– y de Torralvo y ordenó que se vuelva a dictar un nuevo fallo.
“En las causas en que se juzgan delitos de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto en el que se desarrollaron los hechos ni del carácter clandestino de las operaciones”, escribió el camarista Mariano Borinsky que lideró el acuerdo de la Sala IV. Su colega Gustavo Hornos exhortó a que se dicte un nuevo fallo y que se lo haga con celeridad por tratarse de hechos sucedidos hace ya casi cinco décadas. Javier Carbajo adhirió a lo que dijeron sus dos compañeros de la Sala.
“Es una resolución muy importante en cuanto permite responsabilizar a los partícipes civiles por los delitos más graves”, evaluó Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, en comunicación con este diario.
"Es una decisión particularmente relevante en un contexto judicial actual de grandes obstáculos para el tema de responsabilidad empresarial", le dijo a Página/12 Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica en la SDHN e investigadora del Conicet y del Área de Economía y Tecnología de Flacso.
“Tanto respecto de Pellegrini como de Torralvo, Casación retoma fuertemente no sólo las afirmaciones empíricas y probatorias específicas respecto de estos imputados sino que también brinda criterios para la imputación y para mirar estas cuestiones: que el contexto es decisivo y que hay que integrar las pruebas. Estas mismas cuestiones estuvieron en el centro de la discusión sobre el sobreseimiento reciente de Juan Ronaldo Tasselkraut en la causa Mercedes-Benz, y por lo tanto este pronunciamiento de Casación refuerza criterios fundamentales respecto de cómo pensar las responsabilidades empresariales en estas causas”, añadió Basualdo.
Los civiles de Acindar
Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, considera que la Sala IV fue receptiva de lo que habían planteado sobre Torralvo. “Habíamos cuestionado cómo la Cámara de Rosario lo desvinculó pese a que era uno de los jerárquicos de Acindar que estaba más compenetrado con la represión. También dijimos que hay estándares internacionales que cumplir en estas investigaciones y que la prueba que se colectó durante la instrucción era suficiente para sostener el procesamiento”, le explicó la abogada.
En el fallo de Casación, quedó en claro que hay elementos para sostener que los ejecutivos jugaron un rol a la hora de permitir la instalación de un centro clandestino y en brindar alojamiento a las fuerzas que participaron en la represión. Les aportaron, además, vehículos e incluso les pagaron sobresueldos, les franquearon el ingreso para secuestrar gente dentro de la siderúrgica, les dieron información y hasta confeccionaron un listado de potenciales blancos.
Como parte de la represión en Villa Constitución, 21 personas fueron asesinadas, nueve desaparecidas y 66 fueron secuestradas, según informó la SDHN. La represión en Villa Constitución se denunció muy tempranamente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) recogió información en el lugar, pero la investigación de un caso emblemático de la responsabilidad empresarial sufrió un sinfín de demoras. Como correlato de esa dilación, otros dos civiles quedaron fuera del juicio como Pedro Aznarez y Juan Thibaud.
La urgencia de las víctimas
En marzo pasado, el juez Bailaque elevó a juicio a 25 procesados por la represión en Villa Constitución (Pellegrini estaba entre ellos por algunos casos y no era de la partida Torralvo). El 22 de abril pasado, se señalizó la planta de Acindar como sitio de memoria. A las horas se integró el tribunal que deberá juzgar la represión en Villa Constitución y, al mes, Casación volvió a poner en carrera para ser enjuiciados a los dos ejecutivos.
“Las señalizaciones permiten mostrar la urgencia de las víctimas. Es auspicioso que el Poder Judicial escuche el reclamo de las víctimas ante la necesidad de que por fin se vea la prueba acumulada y se haga justicia”, comenta Basualdo.
Sin embargo, la justicia no llegó a tiempo para Victorio Paulón, militante de la Lista Marrón en los ‘70, secretario de Derechos Humanos de la CTA e integrante de la comisión directiva del CELS, que fue uno de los principales impulsores de la investigación sobre la represión en Villa Constitución. Paulón, que decía que el caso Acindar era el más acabado ejemplo de la responsabilidad empresarial con la dictadura, falleció el 5 de mayo pasado.
Por Luciana Bertoia para Página/12
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