Se confirmó que el abogado Marcelo Rufino -allegado al hoy prófugo Fabián Rodríguez Simón- cobró decenas de facturas de la petrolera estatal por servicios indeterminados. Más de U$S 100 mil fueron por quedarse con sus bienes, tras la quiebra. Inconsistencia en fechas, poderes y documentos aportados a la Justicia. Turbia negociación en contrato con DAPSA que terminó perjudicando a empresa mixta.
Un abogado externo ligado al hoy prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”.
La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.
Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino -proveniente del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”- es Germán Vito Fernández Lahore, quién logró atravesar exitosamente el cambio de gestión a fines de 2019 y continuó en el estratégico cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF.
El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en distintas negociaciones que entabló en nombre de la petrolera donde Rodríguez Simón era director, sino que salpican el traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.
La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional. YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal. Cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, sobre todo respecto al soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil, y bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo. Además, tampoco se aportaron 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de U$S 270.000 y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.
Las fechas no coinciden
Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.
Los U$S 100 mil
El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. No existe tampoco ningún elemento externo (como un correo electrónico, memo interno o acuerdo) que brinde pistas del motivo por el que se le pagó ese dinero. Pero las “curiosidades” no terminan: los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aporto a Servini (en su rol actual) no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.
La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal –de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus” y la definición de la estrategia legal en el caso “Paz Herrera”. Los primeros dos son reclamos de fondos buitres derivados de la estatización, el tercero un litigio ambiental por una subsidiaria fallida y el último un reclamo cruzado por parte de un abogado y pequeño accionista que acusaba al kirchnerismo de un fraude en presunto acuerdo con los Eskenazi y con Repsol. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino había pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de U$S 20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación se revela por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una por hacerse de los restos de la petrolera de Indalo. Es más, expresamente estaba prohibido en el Contrato Marco que Rufino facture otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por las pautas de un acuerdo realizado por escrito.
En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (así se detalla en la misma) por U$S 50.000 fue emitida el 28/6/2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.
“Operación OCSA”
El 23 de agosto de 2018, Rufino recibió un Poder Especial junto al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira expedido por Fernández Lahore para que cualquiera de ellos “intervenga en representación de YPF en el proceso de licitación pública nacional e internacional de los activos de la sociedad en quiebra Oil Combustibles”. Eso fue una semana antes de que el tema apareciera en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía una factura de u$s50.000 que Rufino cobró bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil) que, como se dijo, había sido a su vez emitida un mes antes de la fecha de cobro. Entonces, dos meses antes de que el Comité de Inversiones diera el visto bueno para que YPF participara de la oferta para la adquisición de la Refinería San Lorenzo, el Puerto, los depósitos y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál iba a ser el destino de esos activos.
Facturas
No solo faltan aportar 23 facturas de Rufino que inexplicablemente YPF retaceó a la justicia. Algunas otras tienen como motivo de pago “Programa de Propiedad Participada” y “Caso SPA” que tampoco están contenidas dentro de su contrato, mientras que en el sistema aparece aparece el criterio “abono mayo” cuando no existía vínculo alguno. Por ejemplo, Rufino cobró U$S 6.630 por brindar “opinión legal del 24/4/2018”, contabilizando 39 horas de trabajo. Se desconoce a qué respondía esa “opinión” -porque no hay referencias que la enmarquen-, pero lo que sí se conoce es que Rufino la hizo valer y la petrolera estatal pagó.
El 10/12/2018 -año prolífico para Rufino- el abogado remite una nota al entonces CEO durante la infame gestión de Miauricio Macri, Daniel González, en el que aclara que adjunta “la factura correspondiente a los honorarios profesionales de éxito pactados por la adquisición de los activos petroleros de Oil Combustibles en el marco del proceso de quiebra”, pero sin acompañarlo de requerimiento alguno que justifique su actuación en el caso. Esa nota formal llegó como una suerte de “maquillaje” para una situación que -de hecho- había ocurrido 5 meses antes.
Pero el cúmulo de irregularidades llega a su clímax el 6/9/2018. Martínez Tanoira presenta la oferta para quedarse con los activos de Oil ante el directorio de YPF. Allí, el VP admite que los 42 millones de dólares base para la licitación “son un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tienen los activos”. Deja entrever que podría ser un precio por debajo del valor real. En la justicia, se denomina a esta operatoria “precio vil”.
DAPSA
En la documentación ahora en poder de la justicia existen dos tramos adicionales de la misma operatoria. Una vez en posesión de los activos de Oil, YPF asignó a DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) ciertos contratos de estaciones de servicio. Pero además, contó con una autorización del Directorio de la petrolera estatal para firmar un “contrato de suministro exclusivo” con DAPSA que tuvo su correspondiente contrato. En paralelo, Servini cuenta con una copia de la oferta de adquisición por parte de Delta Patagonia de los activos de Oil y su correspondiente contrato de suministro.
Pero aquí también vuelve a aparecer Rufino, aunque en un rol diferente. En el punto 3 de la propuesta de participación conjunta, DAPSA anunció que unificaría la personería pero bajo el apoderado de YPF, Marcelo Rufino. Es decir, ¿por qué motivo una empresa privada le hace una propuesta a la petrolera estatal y deja la representación para esa operación en manos del abogado allegado a “Pepín”? En el expediente, hasta ahora, no hay indicio alguno de justificación de este comportamiento. El Poder General de Administración y Disposición de DAPSA es en favor de un abogado, cuya dirección en la calle esmeralda coincide con la firma de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.
Omisiones
Entre los faltantes que YPF no aportó (todavía) se encuentra la reunión de directorio donde supuestamente se aprobaba la presentación de la oferta de licitación de YPF -en el marco de la quiebra- ni tampoco la que aprueba la venta de las estaciones de servicio a la firma Delta, del que tampoco existe rastro sobre informes técnicos que justifiquen su elección. ¿Existió una compulsa de precios para elegir el mejor oferente para alcanzar la meta de negocios redituable para YPF? Misterio.
De las negociaciones para arribar a ese resultado, no quedó registro. La desprolijidad fue tal que en el acuerdo de suministro con Delta, YPF le asigna vigencia entre 2018 y 2023. Pero sin precisar fecha de inicio y fin, algo intrínseco a casi cualquier contrato. Todos estos elementos configuran un paso más en la confirmación de la hipótesis de que existió un plan coordinado entre las más altas esferas del Poder Ejecutivo que comandaba Macri con objetivos políticos, pero también con fines económicos. El desguace de Oil Combustibles (y los beneficios que esta situación generó) también apuntan a corroborar que mediaron negocios poco claros que motivaron la arremetida para quebrar a la compañía en un trámite que tuvo inusual velocidad.
Fuente: nota de Gabriel Morini para Ámbito.com
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