El tribunal no aceptó la propuesta de la defensa de los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess en el juicio por la muerte de dos jóvenes.
El tribunal que juzga a los presuntos responsables del derrumbe en el boliche Beara, del barrio porteño de Palermo, que causó dos víctimas fatales y numerosos heridos, rechazó ayer el pedido de las defensas para conceder una probation y suspender el juicio.
Las defensas de los tres empresarios responsables de Beara, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, propusieron al tribunal que los imputados realicen trabajos comunitarios y que ofrecieran una “reparación económica” para no ir a juicio.
En concreto, ofrecieron 5 millones de pesos para los familiares de Ariana Lizarraga (21) y de Paula Provedo (20), fallecidas en el derrumbe del entrepiso del boliche, construido con madera, aluminio y yeso, sin vigas, en septiembre de 2010.
“En nuestro país, doce años de juicio ya son más que una condena”, argumentó el abogado de Fliess, Julio Golodny, al solicitar la suspensión del juicio.
El letrado señaló que ninguno de los imputados tiene antecedentes, que no cometieron falta alguna en los años subsiguientes al derrumbe, y apeló a la juventud de los tres al momento del siniestro, cuando tenían cerca de treinta años.
Por el contrario, el fiscal Oscar Ciruzzi y los representantes de las querellas, se opusieron con vehemencia al pedido de los imputados cuestionando que hubiera un “conflicto” a resolver, cuando se estaba ante un acto criminal que debe ser juzgado.
Yun, Dobrila y Fliess están acusados por "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves", además de "cohecho activo en concurso real", derivado del presunto pago de coimas, para lograr la habilitación del local, a policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez Alejandro Noceti Achával condujo la audiencia y consultó a todas las partes, incluyendo a los padres de las chicas fallecidas y a una de sus amigas que resultó herida en el derrumbe.
La madre de Provedo, Alicia Tagliaferro, dijo que “está manchado con sangre el dinero que nos están ofreciendo: todos tienen vida, las únicas que no la tienen son Leticia y Ariana”.
Por su parte, la madre de Lizarraga se pronunció en igual sentido, y advirtió que “la oferta de dinero es ofensiva” y mencionó que “a mi hija le quitaron la posibilidad de tener una familia, de tener hijos. Me quitaron la posibilidad de tener entre mis brazos un nieto”.
Escuchadas las partes, por unanimidad, el tribunal rechazó el pedido de probation, aludiendo al artículo 353 del Código de Procedimiento Penal que establece que una vez fijada la fecha de un juicio oral “ningún recurso puede impedir la realización del proceso”.
También están siendo juzgados por el Tribunal Oral Criminal 7, el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell, acusado de los delitos de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real".
Del mismo modo, están procesados con distintos niveles de responsabilidad, los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski, por el control del funcionamiento de Beara.
En el banquillo también están los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.
En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de "coimas" a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.
Los integrantes de Ráfaga dijeron en el momento que tocaban había mucha gente en el local y que la mayoría saltaba, aunque algunos testigos señalaron que la propia banda alentaba al público a que lo hiciera.
La jornada de apertura del juicio, además de resolver el pedido de probation, se utilizó para escuchar los distintos pedidos de nulidad que elevaron las defensas privadas y oficiales de los imputados, que el tribunal contestará en la próxima audiencia fijada para este miércoles.
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