El mandatario se presentó como testigo en la causa de mayor importancia contra Cristina Fernández de Kirchner. Tenía derecho a contestar las preguntas por escrito, pero optó por concurrir personalmente.
El presidente Alberto Fernández negó ayer la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama "mucho la atención" lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fernández sostuvo que se trata de "decisiones políticas no judiciables" y reiteró que no hubo instrucciones de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner para asignar fondos para obra pública de manera específica a Santa Cruz o para beneficiar a algún empresario en particular.
"Definitivamente no", respondió al ser preguntado sobre si supo de algún tipo de "acuerdo de voluntades" para beneficiar a Santa Cruz mientras fue jefe de Gabinete o en algún otro momento, y además aclaró que en el Estado "hay delegación" de funciones y "no existe posibilidad de que el Presidente pueda conocer cada obra pública".
"Hay una suerte de fantasía de que se juntaban dos o tres personas y decían 'mandémosle plata a alguien'. Eso en los hechos es imposible que ocurra. Eso es lo que más me llama la atención de este juicio. Cuando vi el decreto de procesamiento de Cristina fue lo que más me llamó la atención", subrayó Alberto Fernández.
"Me llamó la atención que prosperara esa investigación"
"En 2005 o 2006 se hizo la denuncia por lo mismo que se investiga acá. La llevó el entonces juez federal Guillermo Montenegro se declaró incompetente y la envió al sur. Esa causa tardó dos o tres años en resolverse y allí es donde escuché por primera vez que se vinculaba a Lázaro Báez con Kirchner. Me llamó la atención porque después se volvió a repetir la denuncia acá, y me llamó la atención que prosperara esa investigación", sostuvo el presidente.
Cómo se adjudican las obras públicas
"La inversión pública es muy importante para movilizar la economía. Hay un principio rector, que son cuestiones de naturaleza política. Otros creen que es mejor que las casas las hagan los privados y las financien los bancos privados. Nosotros creemos que el Estado debe estar presente. Y los criterios son criterios de necesidad", explicó el jefe de Estado.
En ese sentido, graficó que "hace poco más de un año un terremoto en San Juan destruyó un montón de viviendas. Nuestra decisión fue la construcción de unas mil viviendas en San Juan. Esa era una necesidad".
En lo específico, subrayó que "en 2003 toda la Patagonia tenía un nivel de infradesarrollo descomunal. Hubo mucha obra para levantar la infraestructura de la Patagonia".
Su relación con Néstor y Cristina Kirchner
Al inicio de su declaración, el jefe de Estado recordó que fue jefe de Gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner; recordó cómo se conocieron con el ex presidente y sostuvo que "siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas".
"Tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador (de Santa Curz) y luego como presidente", agregó Alberto.
Lázaro Báez
Sobre el empresario Lázaro Báez, uno de los principales imputados en el juicio, Alberto Fernández respondió que "no lo conozco. Lo crucé una vez en Calafate, me dijo 'buenos días' y le dije 'mucho gusto'. Nunca más lo vi a Lázaro Báez".
La causa Vialidad
El juicio lo encabezan los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Es uno de los típicos de la factoría de Inodoro Py y de los jueces y fiscales que encabezaron la persecución de opositores durante el macrifascismo. En este caso, los protagonistas de la investigación original fueron el juez Julián Ercolini y los fiscales Germán Pollicita e Ignacio Mahiques.
El planteo es que se le adjudicaron demasiadas obras a Santa Cruz y que, de los 81 tramos de rutas, 51 recayeron en empresas propiedad de Lázaro Báez. Algunas en su totalidad, otras como socio.
En un principio se dijo que las obras no se hicieron o que se hicieron mal. Estos últimos dos aspectos quedaron descartados tras una auditoría de Vialidad Nacional, cuando ya estaba en manos del macrifascismo, y se determinó que entre lo pagado y lo construido había sólo un 0,01 por ciento de diferencia, que las obras estaban bien hechas y que las demoras eran las habituales en todo el país.
Lo que queda ahora por definir es si Cristina Fernández de Kirchner adjudicó más obras de las debidas a Santa Cruz y si las direccionó hacia Austral Construcciones o alguna de las empresas de Báez.
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