La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones del régimen de la CABA y lo obligó a “garantizar para la población un acceso libre, gratuito y público a un sistema informático que permita controlar todas las acciones sobre el arbolado urbano”.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones del régimen de la ciudad de Buenos Aires y dejó firme el fallo de febrero del juez Guillermo Scheibler que ordenaba suspender podas y extracciones de árboles hasta que no se cumpla con lo dispuesto por la Ley 3263.
Entre otras cosas, un acceso total de la ciudadanía a los datos sobre arbolado y que el tema esté a cargo de personal idóneo.
“Vamos a seguir teniendo que poner el cuerpo en la defensa de cada árbol, pero ahora tenemos una herramienta poderosa de la cual agarrarnos, porque todas las justificaciones que usa el GCBA para extraer y mutilar fueron rebatidas”, remarcó María Angélica Di Giacomo, fundadora de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.
“Cuando el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que va porque lo pide el vecino, nosotros decimos que el bien común está por encima del individual. Cuando hablan del despeje de luminarias, les decimos que eso no está en la ley como motivo de poda y mutilación. Habrá que ver si están dispuestos a aceptar el fallo y cumplir la ley. Sería vergonzoso que vuelvan a apelar. ¿Qué van a decir? ¿Que no quieren respetar la ley?”, detalló.
El expediente 4570/2017 fue iniciado por Claudia Heras por un caso en Villa Urquiza y se sumaron luego otros como el de la periodista ambientalista Soledad Barruti, en reclamo por un árbol frente a su vivienda, y por los 40 ejemplares del Boulevard de San Isidro. Las principales exigencias de la sentencia ahora confirmada apuntaban a garantizar para la población un acceso libre, gratuito y público a un sistema informático que permita a la ciudadanía controlar todas las acciones sobre el arbolado urbano y acceder al Plan Maestro y al censo informatizado de ejemplares; cumplir con las capacitaciones, evaluaciones técnicas y habilitación de todo el personal a cargo, y que se diseñen y ejecuten tareas de conservación para los árboles existentes, a fin de que la poda no sea su única herramienta. Todas esto, según lo establece la Ley de Arbolado.
Según difundió Basta de Mutilar, en los fundamentos del nuevo fallo la Cámara entiende que el Ejecutivo porteño fracasó en la argumentación para probar su cumplimiento de la norma. Por caso, nunca pudo probar ante los tribunales la especialización en materia de arbolado de sus inspectores ni la capacitación de los operarios, dependientes de servicios tercerizados.
“De esta manera, nuevamente quedarán suspendidas todas las intervenciones hasta que el Gobierno porteño se ajuste a derecho, cuando ya había anunciado la próxima ‘poda verde’ -debe ser mínima- de primavera y verano, en la cual se atribuía una larga lista de excepciones que le permitía continuar con su accionar prácticamente a sus anchas. La única excepción que le permitirá intervenir desde ahora es un real peligro para personas o cosas. Así, en caso de detectar el incumplimiento de la orden del Poder Judicial, cualquier vecino podrá invocar la presencia de personal policial para el inmediato cese del accionar”, remarcó la organización defensora del arbolado porteño
Di Giacomo celebró el fallo, pero advirtió que será necesario seguir militando la protección de cada uno de los 431 mil árboles de la ciudad, aproximadamente 371 de ellos en veredas.
“Cuando viene la brigada hay que estar ahí para defenderlo. Si uno no está, cuando vuelve el daño está hecho. Es muy difícil. Como no podemos prever cuándo van a venir, a veces no podemos defenderlos. Nos ha pasado en todas las comunas: gente que dice ‘salí de mi casa y cuando volví el árbol estaba mutilado o directamente extraído’”, dijo en diálogo con Tiempo. E hizo un “llamado a la población a que los defienda: no nos quedemos pensando que el GCBA puede decidir sobre nuestro patrimonio, y menos aún sobre los seres vivos que nos acompañan en el tránsito de la vida en la ciudad. Sepamos que podemos defenderlos y es una decisión nuestra. A veces la gente se siente sola en esto, es importante que sepan que tienen el derecho de defenderlos”.
La abogada Claudia Las Heras, quien impulsó la denuncia original, destacó que “ahora es más fácil con este fundamento exigir el cumplimiento. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a tener menos elementos para seguir haciendo estas prácticas dañinas”.
Cuando judicializó el reclamo, no lo hizo sólo por un árbol frente a su casa, sino en defensa del arbolado porteño en general: “Yo lo inicié como reclamo general por el cumplimiento de la ley de Arbolado, no era por un árbol en la puerta de mi casa sino porque observé que no se cumplía en toda la ciudad, fue una demanda con ese alcance. Está demandado el GCBA y las 15 comunas. Todos tienen que cumplir, ya fueron notificados”.
Ante la posibilidad de una nueva apelación, Las Heras explicó que solo “quedaría una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que entiende en casos de sentencias arbitrarias o inconstitucionalidad. En este caso lo que se hace es defender derechos que ya están reconocidos en la Constitución, sería un poco loco, pero ellos hacen estas cosas. Ahí que no lo descarto. Pero esta sentencia ya tiene carácter ejecutivo, aunque vuelvan a apelar, la tienen que cumplir”.
Fuente: nota de Luciana Rosende para Tiempo Argentino
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