En los últimos nueve dias fallecieron otros cinco trabajadores de la educación por coronavirus, mientras el alcalde porteño mantiene la presencialidad en el distrito. Por la medida, fue denunciado penalmente ante la Justicia.
La comunidad que rodea a las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires quedó atravesada esta semana por el duelo de otras cinco muertes de trabajadores de la educación por coronavirus en los últimos ocho días, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, mantiene la presencialidad en el distrito, una medida por la que fue denunciado penalmente ante la justicia.
En total, son 14 los docentes, auxiliares y trabajadores del área fallecidos desde febrero último en Capital Federal, según indicó el viernes la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Las muertes, además de sacudir a la comunidad educativa, motivaron denuncias penales en las que la Justicia deberá establecer si hubo una concatenación de hechos, a partir de la exigencia de presencialidad por parte del régimen porteño, que hizo que los educadores de la ciudad se expusieran al segundo brote de contagios y murieran.
Así se desprende de la denuncia penal presentada -y luego ampliada- por la abogada Valeria Carreras ante el juzgado federal 10 de Julián Ercolini, tras los decesos de la docente auxiliar de un colegio técnico, Graciela Romero, y de la vicedirectora de la Escuela 24, Silvina Flores.
Rodríguez Larrata ya había sido cuestionado judicialmente por los gremios cuando se desmarcó de las restricciones por 15 días dispuestas en abril pasado por el gobierno nacional ante el pico de contagios, que llegó a los 30 mil casos diarios, muchos de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), considerada la región de mayor riesgo epidemiológico del país.
A esto se sumó el impacto de las muertes de los últimos días, que agravó la tensión entre el Gobierno porteño y los gremios UTE-CTERA y ADEMYS, quienes denuncian imposibilidad de diálogo con las autoridades y persecución hacia los docentes que cuestionan las clases presenciales, mientras llevan adelante paros activos y asambleas, en jornadas que definieron como "de duelo".
Un proyecto que establece parámetros
Hasta el 21 de este mes se determinó educación a distancia para todos los niveles educativos en zonas consideradas de 'alarma sanitaria', bajo criterios epidemiológicos que luego el Gobierno nacional amplió, detalló y formalizó en un proyecto de ley, que ya recibió dictamen del Senado y será debatido la semana próxima en el recinto.
Por esta razón, la presencialidad en los colegios podría quedar sujeta en el futuro a esos parámetros científicos contenidos en esa propuesta oficial.
La iniciativa del oficialismo fija parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para definir acciones de mitigación del coronavirus en todas las jurisdicciones del país.
La sanción de una ley que unifique criterios a la hora de adoptar políticas para contener el avance de la Covid-19 aparece como la respuesta parlamentaria al fallo de la Corte Suprema, del 4 de mayo último, que consideró insuficientes los fundamentos de la Nación sobre su estrategia sanitaria y priorizó la autonomía de la CABA.
"Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes", consignó el fallo firmado en forma unánime por los miembros de la Corte, aunque con distintos argumentos.
Sin embargo, esta semana la cámara alta avaló también -sin el apoyo de la oposición- tres decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con medidas generales de prevención para mitigar la propagación del coronavirus, entre ellas, la suspensión de clases presenciales en el AMBA.
La denuncia alcanza también a la Corte
En este escenario, la denuncia penal contra Rodríguez Larrata incluye también un pedido para investigar a los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a raíz del tratamiento que se dio a la demanda que presentó la ciudad contra el decreto que suspendió las clases presenciales en el distrito.
La abogada aludió en la denuncia a que las trabajadoras Graciela Romero y Silvina Flores fallecieron por Covid contraído en su trabajo, en escuelas de la CABA y por "la exigencia de presencialidad", según detallaron fuentes judiciales.
En cuanto a los miembros de la Corte sostuvo que hubo una mala admisión del planteo del régimen de porteño, falta de celeridad y una decisión que permitió que "los educadores y educandos de la ciudad de Buenos Aires se expongan al segundo brote del contagio".
Ya son 14 los fallecidos
Con todo y más allá del resultado de los planteos judiciales y los debates parlamentarios, la triste nómina de trabajadores de la educación fallecidos sumó este jueves otra víctima y ya son 14: la profesora de matemáticas Fanny Flores, quien al igual que Graciela Ramos, se desempeñaba en el Liceo 5 de la ciudad.
"La despedimos con indignación y dolor mientras seguimos exigiendo a Larreta vacunas para no morir y virtualidad para no enfermar", dijeron sus compañeros desde la puerta del liceo, que este viernes amaneció cerrado por duelo.
En declaraciones a la AM750, una compañera de trabajo de Flores expresó: "Esto fue un final anunciado" porque, aseguró, ninguno de los docentes del instituto fue vacunado contra el coronavirus hasta el momento.
Según UTE, hubo 10.763 contagios en las escuelas de la ciudad en apenas 3 meses. De acuerdo al reporte oficial del viernes, en la CABA se detectaron 2.774 nuevos casos positivos de Covid-19 y 21 muertes en las últimas 24 horas, aunque no hay registros discriminados sobre docentes y alumnos contagiados.
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