La medida solicitada por el fiscal Franco Picardi alcanza también a Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Struzenegger y Guido Sandleris.
El fiscal Franco Picardi amplió ayer la imputación contra el hijo bobo de Franco Macri y varios funcionarios de su régimen por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por irregularidades en los procedimientos del acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo por más de U$S 44.000 millones.
Picardi requirió investigar una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción basada en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación.
La medida alcanza además al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo y los ex titulares del Banco Central Federico Struzenegger y Guido Sandleris.
El dictamen fue emitido en una causa que ya investigaba el fiscal quien sospecha que el endeudamiento con el FMI se habría configurado mediante la violación de diversos preceptos legales y que el uso de las divisas recibidas del FMI “se destinó en una gran medida a la salida de capitales especulativos”.
De la denuncia surgía que de la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió “generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés".
Esto, indicó el fiscal, "atrajo cuantiosas inversiones especulativas de residentes y no residentes, que vendían la divisa norteamericana en la plaza local para hacerse de pesos para acceder a dichos títulos y así obtener ganancias con el diferencial de la tasa”.
Se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina “perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos”.
De esa forma, se estableció en la denuncia “que sin acceso a crédito internacional y en virtual default, el proceso diagramado y ejecutado por los imputados lejos de detenerse se aceleró".
Como consecuencia, se "incrementó en modo tal la demanda de divisas que para sostener el mecanismo diseñado se solicitó un préstamo al FMI, organismo con el cual nuestro país se había desendeudado pocos años atrás”, según relató el fiscal Picardi en su requerimiento de 49 páginas.
Fue en ese momento que, según la denuncia que incluyó informes del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “en tiempo récord, el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores”.
En la misma denuncia, el actual titular de la OA había pedido que se investigara a las anteriores autoridades de ese organismo de control -encabezado por la infoornicable ex diputada Laura Alonso durante el régimen macrifascista- y las de la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber investigado las denuncias que les fueron presentadas oportunamente mientras ocurrían los hechos.
Fuentes: notas de Télam y de Vanesa Petrillo para Ámbito.com
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