Se cumplen hoy seis años de la muerte del corrupto, inoperante y putañero fiscal. "Hay que investigar a todos y a todo. Gendarmería hizo un peritaje delirantes", sostuvo el técnico informático.
En la víspera del sexto aniversario de la muerte de Alberto Nisman, el perito informático Diego Lagomarsino aseguró ayer que está "convencido" de que el fiscal federal se suicidó y llamó a "averiguar qué lo llevó a tomar esa decisión".
"Estoy re contra convencido de que Nisman se suicidó", subrayó en declaraciones radiales. "Digo que Nisman se suicidó basándome en el expediente, me basó en pruebas. Buscamos la verdad y encontramos que de homicidio no hay nada. Nisman era un gran mentiroso, nos mintió a muchos", sostuvo el técnico informático.
También se refirió al actual avance de la causa y denunció que "en un año no se pudo resolver el tema de los espías dando vueltas por Puerto Madero, se les escapa la tortuga".
"Hay que investigar a todos y a todo. Gendarmería hizo un peritaje delirantes", agregó Lagomarsino sobre el único peritaje que sostuvo la hipótesis del asesinato, que según la revisión ordenada por el Ministerio de Seguridad "no observó los protocolos de actuación en la escena del crimen y en el análisis de lo ocurrido".
Los abogados de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron reiteradas que el fiscal Eduardo Taiano convoque a los responsables de la fuerza de seguridad para que declaren bajo juramento y afronten, de manera más clara, el riesgo de ser imputados por falso testimonio agravado en causa penal, que prevé una pena de hasta diez años de prisión.
Lagomarsino está imputado por integrar, según la acusación, un comando que habría asesinado a Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero en 2015. Recién en octubre de 2020, luego de casi seis años de investigación donde no se pudo encontrar una sola prueba que vincule al técnico informático con un comando criminal, le notificaron que ya no llevará la pulsera electrónica que se usa para controlar a los procesados a los que se pretende monitorear. La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini.
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