Fue después de la respuesta del procesado fiscal Stornelli, que dijo que todo estaba en poder de la fiscal de juicio Fabiana León.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió pedirle al Tribunal Oral Federal 7 y a la fiscal Fabiana León, que tienen en sus manos el futuro juicio oral por la causa de los cuadernos, si tienen las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos.
Se trata de un nuevo capítulo en la búsqueda por esas filmaciones, que se activó hace una semana cuando las defensas plantearon la nulidad de toda la causa por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, su aplicación, la declaración del chofer literato Oscar Centeno y la falta de registros digitales de las confesiones de los imputados-colaboradores.
El Juzgado Federal 11, que comandó el fallecido y corrupto Claudio Bonadio, ya le informó a Casación que no tiene esos registros “fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco de acuerdo de colaboración”.
Pero en su respuesta al juzgado, el procesado fiscal Carlos Stornelli aseguró que “sin perjuicio de no tratarse de una vista específicamente contemplada en el Código Procesal Penal de la Nación, en lo que concierne a lo establecido por los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 27.304 se hace saber que al ser elevadas a juicio las causas 9.608/2018 y 17.459/2018, los registros descriptos por el artículo 6 que se encontraban reservados en esta Fiscalía fueron remitidos con fecha 5 de noviembre de 2019, para su debida custodia y reserva, a la Fiscal interviniente Dra. Fabiana León. Respecto de las exigencias de la Ley (art. 7, 8, 9 y 10) obran por imperio del artículo 11 agregados al expediente”.
La respuesta de Stornelli puso la mira entonces en los registros que están en manos de la fiscal León. Frente a ello, la presidenta de la Sala I de Casación Ana María Figueroa firmó ayer un escrito, al que accedió Currín, que dice: "Por disposición de VE, por recibido agréguese y atento a lo informado por el juez de primera instancia solicítese al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7, que remita a esta Sala las declaraciones que los imputados arrepentidos efectuaron en el marco del acuerdo de colaboración ‘…a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior (art. 6 de la ley 27.304)’, y en caso de no contar con lo pedido, se arbitren los medios necesarios para cumplir con lo requerido, a esos efectos remítase copia de lo informado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 11 y el titular de la Fiscalía Federal n° 4″.
Una vez que llegue la respuesta, en Casación resolverán los pasos a seguir. Por lo pronto ya recibieron un reclamo concreto del macrifascista fiscal de Cámara Raúl Pleé para que se deje sin efecto la búsqueda de las grabaciones, porque esa pesquisa -dijo- no tiene nada que ver con los planteos que llegaron a Casación. Y una de las defensas cuestionó ese pedido por ser extemporáneo, al no haber sido planteado en la audiencia.
La discusión sobre las filmaciones se convirtió en central. ¿Por qué? Porque las confesiones de los arrepentidos son el corazón de la causa. De esas confesiones, además, se abrieron una seguidilla de otras causas que están atadas a esas revelaciones y que no solo salpican a Cristina Fernández de Kirchner y sus ex funcionarios sino a los principales empresarios de la Argentina, muchos de los cuales se “arrepintieron” y confirmaron aquellos pagos que relataban los anotadores.
“¿Existen grabaciones o no?”, insistían en los pasillos de Tribunales, sabiendo que la respuesta es negativa. “¿Qué filmaciones si nunca nos filmaron?”, agregaba el defensor de un arrepentido. Lo que está en el expediente son las actas de los acuerdos firmados por el fiscal, el acusado y su abogado.
Es que el artículo 6 de la ley del arrepentido es ambiguo a la hora de no exigir grabaciones de audio o video. Dice textualmente la ley: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.
Tanto el fallecido Claudio Bonadio como la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los okupas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –ahora en la mira por sus traslados–, consideraron que alcanzaba con los registros en papel.
En cambio, en una causa electoral, en donde estuvieron imputados el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el fiscal Jorge Di Lello consideró que se había incumplido con la ley del arrepentido porque no podía él ver la delación que había hecho el ex secretario de Obras Públicas José López, cuando declaró contra Cristina y habló de la plata que recibió La Cámpora que venía de la recaudación de los viajes de Centeno. Por eso la jueza María Servini sobreseyó a Máximo Kirchner y el resto de los involucrados, en diciembre pasado.
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