La Cámara de Casación ordenó que se entreguen las grabaciones de los supuestos arrepentidos en esta causa, un registro que exige la ley pero que Bonadio y Stornelli nunca mostraron.
La causa de las fotocopias de los supuestos cadernos "Fénix" va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial.
La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
La ley del Arrepentido, impulsada por el propio Miauricio Macri Blanco Villegas, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio. Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por el ex hijastro de Flavia Palmierp, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
El dato lo reveló el sábado el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino, que tuvo acceso a la resolución de la Cámara de Casación. La misma llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados (Verbitsky dixit), y dice: “Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase –con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos”.
La resolución de la Cámara de Casación es un decreto que acordaron los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los últimos dos también fueron designados por el hijo bobo de Franco Macri. El escrito lo firmó sólo la jueza Figueroa como presidenta de la sala I del máximo tribunal penal del país.
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
La ley del Arrepentido fue el instrumento "Made in USA" que importaron Macri Blanco Villegas y Bullrich Luro Pueyrredón con el único objetivo de apuntalar la persecución judicial a opositores. El artículo 6 es claro. Dice, textual: “Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Clarito. Y todo indica que no cumplieron con la ley.
Tras el fallecimiento de Bonadio el juzgado 11 de Inodoro Py quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá buscar en los cajones si esas grabaciones existen o confirmar las sospechas que rondan desde el inicio de este caso: que no.
Si aparecen las grabaciones, algo muy poco probable ya que sino ya las habrían incluido en el expediente, quedará a la vista qué dijeron y qué no los arrepentidos. Ya hubo varios casos en los que los arrepentidos decían una cosa pero la prensa antikirchnerista los hacía decir otra.
Si no aparecen, todos los procesados, encarcelados y enviados a juicio oral por Bonadio, Buglia, Bertuzzi y Stornelli inundarán los tribunales de pedidos de nulidad. Lo que también es cantado es que, si esto se confirma, desde los mismos sectores que impulsaron la persecución a ex funcionarios kirchneristas y empresarios y cuyo objetivo final era CFK ya tienen escrito el guión. Dirán que reina la impunidad. Siempre encuentran un discurso para no dejar que la realidad los contradiga.
Este expediente se inició con la confabulación del fiscal Stornelli y el auxiliar de fiscalía con beca en La Nación Diego Cabot. Según contaron ellos mismos, fue Cabot quien le contó a Stornelli que tenía unos cuadernos que le había acercado un supuesto fan, que al final de cuentas era el también remisero y sargento retirado de la Policía Federal Jorge José Bacigalupo. Y Stornelli le dijo que se los llevara, salteándose cualquier sorteo pese a que igual el bolillero de Inodoro Py tenía el número 11, la embajada de Bonadio, siempre caliente.
Con esos cuadernos y ninguna prueba, Stornelli y Bonadio lanzaron una razzia en la madrugada del 1 de agosto de 2018 con la que detuvieron a varios ex funcionarios y empresarios. Oscar Centeno, el supuesto autor de los cuadernos que habla como Monzón y escribe como Costázar, prestó una declaración con lujo de detalles sobre direcciones, personas, bolsos, montos de dinero, y dijo que los cuadernos los tenia guardados en su casa. Cuando fueron a buscarlos junto con Stornelli no estaban. Probaron en otro domicilio y tampoco. Se acordó entonces que había quemado esos papeles, la prueba fundamental de todo su show. Que los atizó (la palabra que usó) por recomendación de un amigo. Eran cenizas. Pero cual Fénix y a 3 días de las elecciones de 2019, resurgieron y aparecieron en manos del auxiliar de fiscalía Cabot. No todos, claro, solo los que no apuntaban a ciertos empresarios.
Al propio Centeno lo tuvieron varias horas incomunicado en las dependencias de Bonadio. Cuando su abogado Norberto Frontini llegó al lugar lo hicieron esperar afuera. Luego, un empleado de Bonadio le comunicó que Centeno libremente había cambiado de abogado y tendría a Gustavo Kollman como defensor oficial.
Fuente: nota de Ari Lijalad para El Destape web
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