El magistrado amplió los procesamientos del fiscal, el falso abogado y los demás implicados en la causa y procesó también a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la AFI macrifascista. En el caso de Stornelli pidió que le retengan los pasaportes y le fijó una caución por 10 millones de pesos.
El juez Alejo Ramos Padilla acusó formalmente al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, al fiscal Carlos Stornelli y al "periodista" de Clarín Daniel Santoro de formar parte de una asociación ilícita paraestatal durante el macrifascismo. El procesamiento también se extiende a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la nefasta gestión de la alianza de derecha Cambiemos y que estaba a cargo del llamado Proyecto AMBA. Pinamonti es un personaje clave porque era a quien respondía toda la estructura que tenía como vértice a D’Alessio.
“Aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”, escribió Ramos Padilla en su resolución de 1125 páginas, que detalla más de 60 operaciones de inteligencia. Las actividades de la banda de D’Alessio llegaban tan alto que incluso se incorporó dentro del procesamiento la inteligencia ilegal sobre el clarinista presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Entre los procesados, además de D’Alessio, Pinamonti y Santoro, está el compinche del falso abogado, Rolando Hugo Barreiro, y son dos los fiscales que, según el juez, formaban parte de esta estructura: Stornelli y Juan Ignacio Bidone.
A Stornelli, una de las espadas más activas del macrifascismo en Inodoro Py, Ramos Padilla pidió retenerle los pasaportes y una caución por 10 millones de pesos. Además, le notificó su procesamiento como parte de una asociación ilícita paraestatal a su jefe, el procurador general interino, Eduardo Casal, y a la comisión bicameral que monitorea al Ministerio Público que encabeza el senador Martín Doñate. Es probable que la Bicameral tenga actividad la semana próxima y que incluya la situación del fiscal Stornelli.
En diciembre pasado, Ramos Padilla ya había procesado a Stornelli por siete casos, entre los que se contaban operaciones contra el ex marido de su actual pareja, Jorge Castañón. Ahora, el juez amplió el procesamiento del fiscal federal por los aprietes contra Pablo Barreiro, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, con miras a involucrar a la ex presidenta en la causa de la fotocopias de los supuestos cuadernos.
La vinculación de Stornelli con D’Alessio data, al menos, de 2018, el año en que se inició la causa de los cuadernos. En realidad, la resolución sostiene que D’Alessio tenía agendado al fiscal desde 2017. Para el juez, no hay duda de que Stornelli sabía que D’Alessio era un agente de inteligencia.
“La cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa, las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, agregó el juez.
Ramos Padilla considera que los hechos que vinculan a D’Alessio, Stornelli, Santoro, Pinamonti y compañía ya están para ser elevados a juicio. Mientras tanto, el juez investiga el espionaje en la provincia de Buenos Aires, hecho por el cual indagó a las dos máximas autoridades de la AFI macrifascista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Las indagatorias continuarán la semana que viene con los máximos responsables de tres bases históricas de la AFI en la provincia: la de La Plata, la de Bahía Blanca y la de Mar del Plata, de donde surgió el espionaje a los familiares del ARA San Juan.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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