Apuran ley corta de telcos, la que protege a Google y Facebook y el régimen de semillas. El PJ presiona por su "agenda de transparencia" y vence el plazo para tratar el desafuero a Cristina. Cierran los recintos en el verano y podrían reabrir con nuevos reglamentos.
Por nota, Marcos Peña Braun Menéndez le pidió fijar fecha para su último informe de gestión, pero aún no tuvo respuesta. Desconcertó a Emilio Monzó que el 21 de noviembre quiere abrir el recinto por última vez en el año y con un temario acotado para evitar nuevas escenas de tensión, como las que animaron el debate del presupuesto.
El pedido del jefe de Gabinete fue inoportuno, como lo fue para Federico Pinedo el foro de parlamentarios del G20 que lo obligó a interrumpir la negociación por el presupuesto 2019 que busca sancionar como sea el 14 de noviembre, porque a los pocos días la ciudad empezará a blindarse para la cumbre mundial de presidentes.
Prueba de su urgencia fue que el miércoles abandonó por un rato a 200 líderes parlamentarios del mundo para reunirse con la senadora aliada Miriam Boyadjian, de Tierra del Fuego, y anticiparle el decreto que sostendrá beneficios a la isla en la importación de componentes electrónicos. Fue el primer gesto de Rogelio Frigerio para revertir la inesperada rebelión de un grupo de gobernadores y no sería el último.
En el régimen no esperan más que una sesión por Cámara antes de fin de mes y recintos cerrados en diciembre, enero y tal vez febrero, período en el que sólo pueden debatirse leyes pedidas por Mugrizio Macri Blanco Villegas.
Antes de recibir a sus colegas de todas las latitudes, el presidente se conforma con tres leyes que están en Diputados, dos de ellas en la comisión de comunicación que preside el cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana y aliado del gobernador peronista Juan Schiaretti.
Se trata de la ley corta de telecomunicaciones y la que protege a "intermediarios" de internet como Google y Facebook, ambas debatidas en audiencias con pocos legisladores y muchos lobbystas de las empresas más poderosas del país.
La ley corta consistía en su origen en habilitar a Claro y Telefónica a brindar televisión satelital y utilizar infraestructura pasiva de empresas de servicios públicos, para que el 1º de enero puedan competir contra ofertas de cuádruple play de la fusión de Telecom-Cablevisión.
Pero el Senado la corrigió y recién podrán iluminar con satélites el país en julio de 2020 y hasta en 2022 en ciudades chicas. Para la empresa del Grupo Clarín no fue un éxito completo, porque la CNDC no le permite vender empaquetados hasta que la ley corta no este sancionada.
Así fue como nadie quedó conforme: Telefónica y Claro amenazaron con retirar inversiones y Telecom pidió autorización para ofertas sus paquetes en enero, mientras sus rivales no desplieguen fibra óptica. Macri Blanco Villegas recibió a sus ejecutivos para acercar posiciones y pide sancionar la ley corta cuanto antes para luego negociar la regulación integral de las telecomunicaciones, un sector que prometió inversiones millonarias, sólo comparables con las energéticas. Pero sigue sin marco jurídico sólido.
En Diputados no está claro si el peronismo federal aporta los votos para la ley corta, como hizo en el Senado, y sólo así puede sancionarse porque el kirchnerismo y el massismo se expresaron en contra.
Tampoco está a la vista el consenso para sancionar la ley que elimina responsabilidad a "intermediarios de internet", como Google y Facebook, aprobada a las apuradas y a libro cerrado en el Senado hace dos años.
La radical Karina Banfi quiere tratarla rápido porque si no se cae la media sanción y en el Senado no hay mayoría para volver a empezar. Muchos senadores justicialistas dicen que no volverán a levantar la mano sin saber que están votando, como en aquella sesión del 2 de noviembre de 2016.
El hijo bobo de Franco Macri espera además que el diputado radical Atilio Benedetti redacte la última versión de la ley de semillas, dictamine y la apruebe. También necesita convencer a los peronistas conducidos por Pablo Kosiner, porque kirchneristas y progresistas respaldan la resistencia de la federación agraria.
La ley permite a las empresas apropiarse de la propiedad intelectual de las semillas y delega en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) el poder de policía. Para la entidad agraria más combativa es una concesión a un viejo litigio del país con Monsanto por la propiedad de la soja transgénica.
Monzó pretende sesionar el 21 porque para esa fecha ya habrán llegado, corregidas, la ley de bienes personales con las correcciones impuestas por el PJ (eliminar aumentos a viviendas únicas familiares) y, si dan los tiempos, la reducción al impuesto a las cooperativas y mutuales, creado en el presupuesto por presión de Nicolás Dujovne, cuestionado por todas las fuerzas del Senado.
Hay dos leyes populares que Cambiemos empujó y no se anima a tratar: la de alquileres y la que grava a los jueces con ganancias. Las inmobiliarias trabaron la primera y de mínima lograron el compromiso de no ponerle límites a los alquileres.
La justicia sigue haciendo sentir su lobby entre algunos diputados oficialistas que frenaron con susurros la ley para cobrarles impuestos, cuando el jefe PRO Nicolás Massot estaba dispuesto a aprobarla en el amanecer de la última sesión.
Tampoco hay consenso para la ley de extinción de dominio, porque Elisa Carrió y el massismo insisten con su proyecto original, que permite expropiar propiedades por corrupción mediante una acción civil; y algunos peronistas federales defienden la versión del Senado y lograron respaldo tácito de radicales.
Tanto fue así que el jefe de Cambiemos Mario Negri repasó el historial de sesiones para evaluar si podía sancionarse una tercera versión, discusión reglamentaria que quedará para 2019.
Ese año Emlio Monzó planteará a puertas cerradas un debate con los jefes de bloque para cambiar el reglamento de la Cámara y ordenar las sesiones de otra manera: sancionar primero las leyes y luego brindar un tiempo para "expresiones políticas", que incluyan cuestiones de privilegio y discursos generales. Ya tuvo su primera reunión con las ONGs que hace años proponen agilizar el debate legislativo.
Cristina y transparencia, agenda del Senado
El año se pasó sin tratarse el pedido de desafuero y detención a Cristina Fernández de Kirchner solicitado por Claudio Bonadío el 6 de diciembre, por la firma del memorándum por Irán.
Los plazos se vencen a fin de mes y si bien está en carpeta una sesión para cumplir, nadie quiere dar el primer paso y tienen sus razones: Pichotto siempre dijo que su bloque sólo tratarían un desafuero si tiene sentencia definitiva y Pinedo lo restringió a un fallo de Cámara adverso. Y en este caso no hubo sentencia de segunda instancia porque Cristina no apeló, pese a que otros condenados por la misma causa fueron liberados. Un nuevo desafío a sus colegas, de esos que tanto le gustan.
Además, Pinedo y el radical Luis Naidenoff ignoran propuestas de sesiones antes de tener el presupuesto aprobado, pero saben que de mínima habrá una más, porque Pichotto está obsesionado por debatir su tan mentada "agenda de transparencia".
Consiste en un paquete de leyes institucionales, muchas enviadas por Macri Blanco Villegas a Diputados pero que no se aprobaron, como la de financiamiento de la política, necesaria para que en 2020 ninguna fuerza política deba explicar Tribunales cómo financió su campaña.
Adrián "Pantriste" Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, no logró que Diputados trate su proyecto porque Elisa Carrió y algunos radicales se resisten a habilitar a empresas a financiar campañas y, vaya curiosidad, se encuentra en esa batalla junto a Máximo Kirchner, que presentó un proyecto de ley donde pide además sortear publicidad gratis en internet.
La versión de Pichotto y Dalmacio Mera, que empezó a debatirse el miércoles, sí permite aportes privados, prohibidos en la ley actual, y en la Casa Rosada comenzaron a aceptar que será aprobada antes que su proyecto y tal vez sea la única opción de llegar a 2019 con una regulación. Especulan con sancionarlo en febrero o marzo.
Pero los justicialistas no se conforman y piden tratar el 21 la ley para regular la gestión de intereses, o de "lobbys", como se conoce, otro proyecto del régimen cajoneado en Diputados. En Cambiemos no convence porque consideran muy general la lista de "gestores" que se promueve y por lo tanto podrían pisarla hasta 2019.
Otra cuenta pendiente es la designación del defensor del Niño, la bicameral realizó los exámenes pero no termina de elegirlo porque, otra vez, se abrió una pelea entre verdes y celestes, colores que representantes de quienes apoyaron y rechazaron la ley del aborto.
No es el primer tema en el que vuelven a flamear sus banderas: ocurrió durante el debate por la ley de educación sexual integral, con dictamen en Diputados, pero sin certezas de tratamiento.
Un grupo de diputados verdes negociaron esta semana en la Casa Rosada para incluirla en la sesión del 21, pero no hay ánimos oficiales de abrir otra pelea de final abierto. Fueron demasiadas este año.
Fuente: nota de Mauricio Cantando para La Política Online
Al igual que los senadores tucumanos que ya anunciaron su rechazo al Presupuesto 2019 y cargaron contra el líder del bloque, Miguel Ángel Pichotto, Mayans cuestionó que no hayan tenido “ni siquiera una reunión” para evaluar su posición ante la iniciativa oficialista. 
