La cúpula del Episcopado informó que comenzará a reducir los aportes que recibe del Estado para asignaciones a los Obispados, becas para seminaristas y parroquias de frontera, que suman 130 millones de pesos anuales. Apelarán a "la solidaridad de las comunidades y de los fieles".
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) acordó "el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles" y conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario, además de continuar en diálogo con el régimen macrifascista para consensuar "diversas alternativas que facilitarán" el traspaso de una modalidad a la otra.
Así lo informó ayer a la tarde la oficina de prensa de la CEA al término de cinco días de deliberaciones de los obispos de todo el país, que se reunieron en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el titular del cuerpo y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.
"Los obispos reunidos en la 116ª Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)", dice el comunicado difundido ayer.
Según lo previsto este año, el aporte económico que el Estado le hace a la Iglesia asciende a unos 130 millones de pesos, cifra que representa solo el 7 por ciento del presupuesto total que maneja el Episcopado.
Asimismo, la CEA informó que se creó una comisión episcopal para el "sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia", que trabajará en la "creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el gobierno nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo".
De esta manera, queda confirmado por el plenario de obispos el cambio al actual sistema de sostenimiento de culto que la Iglesia venía estudiando hace meses en diálogo con el Estado nacional, bajo un estricto hermetismo.
En la última reunión de la comisión permanente, en agosto, los obispos recibieron un informe del grupo que integran representantes de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Culto y la CEA que se estaba encargando de analizar alternativas al actual sistema. Se acordó entonces seguir profundizando esas alternativas y estudiar propuestas, con "el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional", según se informó en ese momento.
En las últimas semanas, la comisión ejecutiva del Episcopado convocó a los ecónomos de todas las diócesis argentinas, con quienes se analizó los futuros cambios en el sistema que viene estudiando una comisión integrada por el padre Guillermo Caride, Hernán San Juan y el contador Oscar Gómez, por parte de la CEA.
En marzo, el tema originó un caluroso debate cuando -en momentos en que se empezaba a instalar el tema de la legalización del aborto- el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, informó en el Congreso que el presupuesto destinado a la Iglesia católica en 2018 ascendía a 130 millones de pesos.
