Las primeras explicaciones sobre por qué se perdió información clave. El estudio realizado indica que el aparato llegó encendido, en un sobre abierto y sin la cadena de custodia a la PSA, donde se vació. Las torpezas de la Policía Federal y el desinterés de la jueza Capuchetti.
La Gendarmería Nacional entregó el viernes una pericia en la que se dan primeras explicaciones sobre la pérdida de los datos del celular clave, el de Fernando Sabag Montiel.
El estudio deja en claro que la jueza María Eugenia Capuchetti no valoró que ese celular era una pieza clave. Convocó a un técnico de la Policía Federal, que actuó de manera defectuosa y con un software que la pericia califica de “completamente desactualizado”.
El hombre de la Federal debió informar a la jueza que no se podía bajar el contenido del celular sin la contraseña. Por lo tanto, que se requería de un análisis previo, guardar el aparato en un sobre sellado y apto para que no se pueda acceder por redes sociales; esperar a usar otro equipo igual al de Sabag, un Samsung SM-A505G, analizar cuál era la herramienta de software adecuada para realizar el desbloqueo y aplicarla primero a ese equipo muletto.
Los especialistas dejan constancia de que todo eso no se hizo y que el celular se le entregó a la PSA en un sobre abierto sin la cadena de custodia correspondiente. Según el estudio el aparato, ya muy manoseado, se terminó reseteando en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), porque fija el horario de ese vaciamiento a las 00.19 del 3 de septiembre, cuando el celular estaba en poder de la PSA. Finalmente, la pericia advierte que en 2020 ya hubo un proceso de desbloqueo, lo que indica que Sabag era “un usuario con conocimientos”.
El conflicto detrás del celular de Sagag Montiel
Como se sabe, el contenido del Samsung se perdió el primer día. La jueza Capuchetti recibió el aparato de la Policía Federal que se lo secuestró a Sabag: el hombre que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner lo tenía en el bolsillo de la campera. Hoy en día, el celular es la pieza clave de cualquier investigación: se busca con quién se contactó, dónde estuvo y, sobre todo, los mensajes de texto, de WhatsApp y de Telegram. Sabag y una de sus cómplices, Brenda Uliarte, usaban esos sistemas.
Dada la pérdida de la información, la magistrada ordenó una pericia para establecer de quién fue la responsabilidad. Intervinieron entonces dos peritos de la Gendarmería, el segundo comandante Mario Adolfo Tapia, el primer alférez Frencisco Pardo, el ingeniero Nicolás Sanguinetti, jefe de los laboratorios de informática de la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) que depende del Ministerio Público Fiscal, y el licenciado Tomás Barbieri, perito designado por Cristina Kirchner.
La pericia es una especie de arbitraje entre la Federal, la Policía Aeroportuaria y la jueza, porque es evidente que alguien perdió la información clave.
Lo que pasó con el celular de Sabag
Capuchetti convocó a su despacho a un técnico de la Policía Federal, la misma noche del 1 de septiembre. Ese efectivo indicó que no podía desbloquear el aparato -se intentó sin tener la contraseña-, pero lo más grave es que no se resguardó como corresponde. Al día siguiente, la jueza dispuso enviar el Samsung a la PSA que contaba con un software más actualizado.
La fuerza consignó que el aparato llegó a las oficinas de Ezeiza, encendido, en un sobre abierto y sin la cadena de custodia. La pericia también marca ese hecho: corresponde escribir cada paso que se da y entre paso y paso debe ponerse el aparato en un sobre, con las firmas en el cierre y consignando todo lo que se hizo desde el punto de vista técnico.
En el punto b de las conclusiones, en la página 30, dice textualmente: “entendiéndose por ello que la entrega efectuada del elemento de juicio por parte del perito de PFA al magistrado fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes”. La Gendarmería le adjudica la responsabilidad al efectivo policial, pero todo se hizo en el juzgado, bajo las directivas de Capuchetti.
Un manual de desaciertos
Los peritos pusieron por escrito que se hizo todo lo que no hay que hacer ante la presencia de una prueba vital en un hecho de trascendencia institucional como es la tentativa de asesinato de una vicepresidenta:
◾ En primer lugar, no se trabaja sobre el celular original, porque justamente un error destruye la prueba.
◾ Como se sabe, la búsqueda de la información se realiza bajando a otro dispositivo el contenido del celular. Se utiliza un software especializado, en este caso provisto por la empresa de origen israelí, Cellebrite.
◾ La pericia señala que se usó una versión “completamente desactualizada”. Los especialistas afirman que Cellebrite realiza una actualización cada 45 días y el técnico de la Federal no tenía las actualizaciones.
◾ La táctica para extraer la información varía con cada marca y modelo. De entrada, debió actuarse con muchísimo más cuidado porque “no había indicación sobre cómo desbloquear (sin contraseña) ese modelo”. Es decir que el técnico -tácitamente la pericia dice que era inexperto- “no debió avanzar”.
◾ Lo que correspondía -dice la pericia- “era informar a la jueza y recién después estudiar la herramienta adecuada”, o sea el software con el que se iba a intentar el desbloqueo.
◾ Queda claro en las 34 páginas del estudio que debió utilizarse otro celular y realizar en ese las pruebas de desbloqueo. La pericia se hizo con ese método.
Desbloquear el celular fue muy complicado
Lo que relata el estudio a lo largo de las páginas es que el trabajo fue muy arduo, incluso utilizando un aparato muletto. Los especialistas señalan que cualquier error, aún mínimo, produce el “restablecimiento de fábrica”, o sea el vaciado de la información Samsung. Hubo que trabajar mucho para encontrar un software adecuado, el UFED 4PC, que tampoco se podía usar tan sencillamente, sino que hubo que incluirle parámetros. Y luego hacer las pruebas con el otro equipo, el que no era de Sabag, hasta encontrar el camino.
Después de semejante trabajo minucioso, los técnicos establecieron una forma de bajar el contenido del celular, pero aseguran que no saben si es el único. Y tampoco están seguros de qué fue lo que causó el vaciado del Samsung de Sabag: en el punto e dice que “no resultó factible determinar las causales, fecha y marco de tiempo en que el dispositivo teléfono Sabag presentó el error de inicio con la sentencia warning CMDLINE parameter”.
Finalmente, al ingresar al celular de Sabag, determinaron que el reseteo se produjo el 3 de septiembre a las 00.19, o sea cuando el aparato ya estaba en manos de la PSA. Parece sugerirse que después del mal manejo del técnico de la Federal, la PSA tampoco pudo revertir los problemas del manoseo y al conectar el celular, se perdió la información clave. "El trabajo afirma que el celular le llegó a la PSA al borde del colapso", sintetizó uno de los abogados de CFK, Marcos Aldazabal, en el programa Hagamos algo con esto, de la 990.
Sabag no era un inexperto
Los cuatro peritos que firman de manera unánime la pericia detectaron que hubo un desbloqueo y un nuevo bloqueo, o sea reiniciado a como venía el celular de fábrica, el 11 de octubre de 2020 “lo que indicaría que el equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimiento, lo que hace que el equipo sea vulnerable o sensible ante la manipulación propiamente dicha”, afirma el trabajo de los peritos.
Es decir, que alguien con conocimientos -en principio sería Sabag- puso una especie de carrera de obstáculos para impedir que se acceda al Samsung sin contraseña.
Errores que tienen mucho de político
El manejo del celular exhibe lo que ha sido la causa hasta el momento: se trató -y se trata- la tentativa de homicidio de la vicepresidenta como si fuera un caso de un conflicto barrial.
No se preservó la prueba como correspondía, se envió al destacamento de la PSA en Ezeiza en un sobre abierto. El que estaba a cargo era un secretario del juzgado, pero se bajó por el camino. Llegó a la PSA únicamente con la custodia de una policía que a su vez custodia a la jueza en forma habitual.
Capuchetti alega que resolvió convocar a la Federal para desbloquear el celular porque podía haber algún otro atacante, alguna otra persona armada en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Eso se lograba reforzando la custodia de la vicepresidenta, después del naufragio en el momento del ataque.
Lo que señala la pericia es que, aún en el apuro, las cosas se hicieron muy mal. Nada justifica la pérdida de la cadena de custodia. No se cuidó la prueba como un tesoro imprescindible, una pieza vital para intentar esclarecer una tremenda intentona institucional, política y humana.
Por Raúl Kollman para Página/12
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