Para la vicepresidenta y sus defensores deberían dictarse absoluciones. En tribunales creen que caerá a figura de asociación ilícita pero no así la de admnistración fraudulenta.
Cristina Fernández de Kirchner aún no definió si mañana hará uso de su derecho a pronunciar las últimas palabras antes del veredicto en la Causa Vialidad. Lo decidirá durante el fin de semana, junto con su abogado, Alberto Beraldi. Cree, como el resto de los acusados, que su defensa destrozó la acusación de los patéticos, impresentables y serviles fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Y que no es necesario decir nada más: si el fallo fuera ajustado a derecho no tiene dudas que ella y los otros 12 imputados deberían ser absueltos.
Pero la realidad que comienza a dibujarse en el horizonte, en el tramo final de un juicio que ya supera los tres años de duración, parece apuntar en otra dirección. Sólo los jueces saben qué resolverán. El pronóstico no habla de absoluciones masivas.
De aquí en más, todo debe leerse en tono conjetural. La figura de la asociación ilícita parece destinada a quedar de lado, en una votación dividida. Las defensas suponen que el juez Rodrigo Giménez Uriburu se inclinará por condenar también por ese delito, pero sus colegas planean votar en contra. Jorge Gorini, según mostró durante su alegato el defensor de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, tiene incluso escrito un artículo crítico para con el artículo 210 del Código Penal. "Hoy están uno a uno", dijo el defensor de uno de los imputados de menor conocimiento público.
Si esa tendencia a no condenar por asociación ilícita se consolidara en el veredicto las eventuales condenas serán necesariamente inferiores a las pedidas por los fiscales.
Ocurre que sólo quedaría en pie el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, que tiene una escala penal que va de dos a seis años de prisión.
¿Podrían los imputados ser absueltos por asociación ilícita y condenados por administración fraudulenta? La respuesta es «sí». ¿Incluso la vicepresidenta? También.
Los integrantes del tribunal reconocen en privado que los alegatos de las defensas torpedearon por debajo de la línea de flotación a la acusación fiscal. Pero no llegaron hasta acá para absolver y tampoco están dispuestos a desairar a Mola y –especialmente– a Luciani frente a un sector de la sociedad que, gracias a la prédica de la prensa militante opositora, llegó a compararlo con Julio César Strassera y su actuación en el juicio a los comandantes de la última dictadura.
El veredicto, cuya fecha tentativa es el 6 de diciembre próximo, dirá "inocente" o "culpable" y en este último caso, el delito y la cantidad de años de la condena. Los fundamentos se conocerán probablemente en el primer trimestre del año entrante, porque sea cual fuere la decisión habrá que escribir mucho para justificarla.
En el imaginario de las defensas, Cristina Fernández de Kirchner sería condenada no ya porque "no podía no saber" lo que estaba pasando con la obra pública de Santa Cruz sino porque los jueces suponen que sabiéndolo, lo dejó correr y se benefició personalmente. La construcción argumental que las defensas leen en las actitudes y gestos de los jueces apunta a que CFK a través de los emprendimientos familiares mantuvo una relación comercial con el principal adjudicatario de obra pública, Báez.
¿Eso no se discute en las causas Los Sauces y Hotesur? Sí, y esos expedientes –en los que sí hubo sobreseimientos masivos, incluido el de la vicepresidenta– probablemente sean reabiertos por la Cámara Federal de Casación Penal, de manera tal que se haga el juicio oral con Cristina Kirchner nuevamente en el banquillo de los acusados.
En caso de condena en la Causa Vialidad, ¿qué pena podría corresponderle a la expresidenta? Si bien la escala penal es amplia, los jueces podrían justificar que por su rol como cabeza del Poder Ejecutivo la responsabilidad debería acercarla más al máximo de seis años que al mínimo de dos.
En todo caso, se trata de una cuestión secundaria. Aun cuando fuera condenada a la pena mínima, el tipo de delito trae aparejada la inhabilitación especial perpetua. Claro que ello sólo ocurrirá si la condena quedara firme, y para ese caso hipotético todavía falta mucho tiempo.
El objetivo, está claro, no es proscribir a Cristina de cara a las elecciones de 2023. Sería un escándalo que la Cámara de Casación confirmara una eventual condena y luego la Corte le diera fuerza de "cosa juzgada" en menos de un año. El impacto será político; una oferta de lapidación pública para contribuir desde los tribunales a que pierda cualquier elección a la que se presente.
Fuente: nota de Néstor Expósito para Tiempo Argentino
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