miércoles, 30 de noviembre de 2022

Allanamientos por contrabando en exportaciones del agro

La firma Rizobacter no ingresó al país divisas por u$s 17 millones, generadas en ventas a empresas vinculadas en el exterior. La justicia penal económica investiga un posible delito de contrabando.


La Justicia Penal ordenó una serie de allanamientos sobre la sede central y oficinas conexas de una importante empresa del complejo agroexportador, a raíz de una denuncia por presunto contrabando.

La denunciada es la firma Rizobacter, del grupo Bioceres, firma líder en la producción y comercialización de inoculantes, abonos y preparados para mejorar los rendimientos del suelo, que está sospechada de haber simulado operaciones de exportación, en ventas a empresas vinculadas (integrantes del mismo grupo económico) de Brasil, Estados Unidos y Francia. Se estima que Rizobacter controla aproximadamente el 20% del mercado mundial de inoculantes utilizados en la producción agrícola.

Según los resultados de la investigación en manos de la Justicia, se habrían detectado ventas al exterior por casi 17 millones de dólares que, si bien están documentadas, no se registró la liquidación de divisas correspondiente en el mercado de cambios formal.

De acuerdo con fuentes judiciales, el allanamiento a la sede central de Rizobacter, en la localidad de Pergamino, y a oficinas de la empresa en la ciudad de Buenos Aires, permitieron obtener información referida a las operaciones denuncias y acceder a los registros del despachante de aduana interviniente.

La denuncia por contrabando contra Rizobacter, que presentó la AFIP, surge a partir del monitoreo e investigación que viene desarrollando la Aduana sobre una serie de empresas exportadoras que declaran operaciones de venta al exterior pero no el ingreso de las divisas. El organismo fiscalizador del comercio exterior habría puesto el ojo sobre empresas que presentarían esta misma irregularidad en un rango que va desde los 5 a los 30 millones de dólares. Habría, al menos, entre 12 y 15 empresas en tal condición bajo análisis de las autoridades.

Previo a la orden de allanamiento, la Fiscalía que interviene en el caso había considerado que correspondía "continuar con la instrucción" de la causa en relación con los hechos denunciados, "en orden a la presunta comisión del delito de contrabando (art. 864, inc. e) del Código Aduanero "por parte de la firma y así como también de toda otra persona que haya intervenido en la maniobra denunciada".

Dicho apartado del Código señala una pena de dos a ocho años de prisión para quien sea considerado culpable de la comisión del delito.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario