Diputados de la Coalición Cínica pidieron investigar a Emilio Pérsico, el dirigente social a cargo del Potenciar Trabajo: “Está de los dos lados del mostrador”

Presentaron un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social, que pone la lupa en el rol del líder del Movimiento Evita. Los legisladores quieren saber cómo se controlan los ingresos a los planes, quién los autoriza y a qué organizaciones pertenecen los más de 250.000 beneficiarios que registran “incompatibilidades” detectadas por la AFIP.

Los diputados de la Coalición Cínica, el espacio político liderado por la desquiciada Elisa Carrió, presentaron un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, para que explique “cómo se verificaron los requisitos de ingreso de los titulares de planes sociales sobre los que se detectaron irregularidades”.

El escrito abre sospechas sobre la posible participación de Emilio Pérsico en la “incorporación de beneficiarios con incompatibilidades”. Pérsico es el secretario de Economía Social, el área del ministerio del cual depende el programa Potenciar Trabajo; a la vez, es uno de los líderes del Movimiento Evita, una de las organizaciones populares cuyos militantes más planes recibieron. “Está de los dos lados del mostrador”, sostiene la Coalición Cínica.

El pedido de informes, que Tolosa Paz debería responder en los próximos 15 días, hace referencia a los 253.184 titulares del Potenciar Trabajo que, al menos durante seis meses, cobraron aportes del Estado a pesar de tener serias “incompatibilidades”, como comprar dólares, declarar bienes personales, e incluso hay 2800 muertos, según un informe elaborado por la AFIP que ingresó a Desarrollo Social el 24 de octubre, 11 días después de que Tolosa Paz jurara como ministra.

Después de que se conociera el contenido de ese trabajo reservado que en el mes de julio solicitó el entonces ministro del área, Juan Zabaleta, la ex concejala de La Plata brindó una conferencia de prensa y se comprometió a depurar el padrón y a dar de baja a los que cobran por fuera de las normas.

El mismo pedido de informes de la Coalición Cínica destaca que la ministra, “da cuenta de la necesidad de empezar a trabajar en la articulación entre el Ministerio de Trabajo, con la AFIP y el Sistema Tributario y Social (SINTyS), para poder entrecruzar datos no sólo en el momento del ingreso al Potenciar Trabajo, sino previo a la liquidación cada 30 días, para poder trabajar con las certezas que necesitamos a la hora de transferir los recursos a los beneficiarios”. Asimismo, Tolosa Paz sostuvo que se daría de baja la titularidad de las personas que hayan realizado compras de divisas extranjeras y que fueran titulares de planes sociales. En ese marco, buscan implementar un sistema de validación de identidad utilizando la aplicación Mi Argentina.

El escrito solicita que "se informe a qué organizaciones sociales pertenecen las personas titulares sobre las cuales se detectaron incompatibilidades y otras irregularidades, de acuerdo al cruce de información realizado a partir del pedido de informes solicitado por el Ministerio de Desarrollo Social -por entonces a cargo de Juan Zabaleta- a la AFIP el día 30 de junio de 2022., aclarando la cantidad para cada una de ellas y distinguiendo por el tipo de incompatibilidad y/o irregularidad”.

El “pedido a la información pública” solicitado a la ministra Tolosa Paz está firmado por la diputada Fernanda Reyes; Maximiliano Ferraro; Juan Manuel López; Maricel Etchecoin; Mariana Stilman; Héctor “Toty” Flores y Hernán Reyes.

“Suponemos que los que incorporaron beneficiarios con incompatibilidades son los dirigentes y funcionarios que otorgan y reciben estos planes. Es decir, los que están de los dos lados del mostrador”, destacaron en el escrito. “A la incompatibilidad se le suma la posibilidad de uso de estas personas”, apuntan antes de señalar “las reiteradas ocasiones en que quedó expuesta la falta de control por parte del Poder Ejecutivo Nacional del acceso y la distribución de los planes sociales”.

Los dirigentes liderados por la paciente psiquiátrica ambulatoria también le pidieron al ministerio de Desarrollo Social “que indique qué organismos avalaron el ingreso de estos titulares que registran incompatibilidades para acceder al plan, cuántas de ellas ingresaron de manera directa sin validación de información, a que unidades ejecutoras pertenecen y a qué organizaciones”.

Los diputados "lilitos" infieren que Pérsico, desde su secretaría, podría haber habilitado la posibilidad de ese cobro irregular según los datos detectados por la AFIP.

“Luego de haberse conocido que 253.184 titulares del Programa Potenciar Trabajo (18,3% del total) declararon Bienes Personales y que 35.398 (2,6% del total) compraron dólares a través del mercado oficial, lo realmente importante de esta noticia es la falta de verificación de compatibilidades para el ingreso al plan”, señalaronC.

“Suponemos que una cantidad importante de las personas que tenían incompatibilidades para recibir el plan ingresaron al Potenciar Trabajo con la verificación directa de la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Economía Social, cuyo titular es Emilio Pérsico y que está integrada por funcionarios que son dirigentes de organizaciones sociales”, plantean desde la CC. “Es decir, creemos que los dirigentes de las organizaciones sociales, que diseñan, asignan, ejecutan y controlan los planes sociales, incorporaron gente que no cumplía los requisitos correspondientes”, agregaron.

Por esa razón, le exigen a Tolosa Paz que se precise “cuántas personas fueron incorporadas de manera directa por Pérsico (...) porque esto sería una prueba directa del manejo discrecional y arbitrario que realizan estos dirigentes de los planes sociales”.

La Coalición Cínica requiere, además, que se informe la cantidad de veces que se cruzó o verificó la información contenida en las bases de datos vinculadas al Programa “Potenciar Trabajo” con el Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS) o con información de otros organismos o dependencias públicas, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades para el acceso al mismo en los años 2020, 2021 y 2022 hasta la fecha más actualizada posible”.

También requirieron el detalle de la fecha, el tipo de cruces y verificaciones realizados y el organismo o base de datos con los cuales se realizó para cada caso.

Fernanda Reyes pidió de manera precisa que Tolosa Paz, en base a la información que debería tener registrada en la secretaría de Economía Social, “informe la distribución geográfica de este grupo y las unidades de gestión o certificación a la que pertenecen, aclarando la cantidad de titulares correspondientes a cada una de ellas”. Los dirigentes sospechan que en su mayoría, los beneficiarios con “incompatibilidades” señalados por la AFIP, podrían vivir en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, en el conurbano.