La ex montonera entregadora de compañeros rechazó un proyecto que suspende los desalojos en barrios populares por 10 años, apoyada por la mayoría de sus legisladores. Le contestó María Migliore, de la CABA. La iniciativa actualiza una ley del nefasto régimen de Cambiemos.
La dipsómana presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, criticó a los diputados de su propio partido que votaron en el Congreso la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, un proyecto del Poder Ejecutivo que plantea la suspensión de los desalojos en esas zonas por 10 años.
“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, publicó la borracha hija de puta en Twitter y desató otro frente de conflicto interno ya que la iniciativa fue sancionada en 2018 durante el abyecto régimen de Miauricio Macri, impulsada por legisladores de Cambiemos como Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Massot.
Ahora, la prórroga de la ley fue aprobada en la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados por una abrumadora mayoría de 227 votos afirmativos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas, 2 votos negativos y 3 abstenciones.
Entre los apoyos se contaron 39 diputados del PRO, mientras que desde esta fuerza hubo sólo 2 abstenciones (Gustavo Hein y Marilú Quiroz) y un voto en contra (Francisco Sánchez).
El proyecto aprobado en Diputados, que pasará al Senado, prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos (vencía el 15 de octubre), propone además la declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios populares que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la norma en 2018.
La dura postura de Bullrich Luro Pueyrredón llamó la atención porque entre los diputados del PRO que votaron en favor estuvieron Gerardo Milman, su mano derecha, e incluso en el recinto fundamentó su apoyo Laura Rodríguez Machado, alineada en el sector bullrichista, quien hace 24 horas publicó en Twitter un video de su intervención en la Cámara Baja en defensa de la iniciativa: “Estamos aprobando la prórroga de una ley macrista, sancionada durante el gobierno de @juntoscambioar, que está destinada a urbanizar y darle dignidad a los barrios populares”.
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La primera en contestarle a la beoda fue María Migliore, ministra de Desarrollo Humano porteña: “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5M de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y salió con el consenso de todo el espacio”, publicó esta tarde en Twitter la funcionaria larratista.
“No sabemos qué le pasó a Patricia”, destacó un referente legislativo del PRO y agregó que “tiene mala información sobre el tema, aunque sus diputados estuvieron en las reuniones de bloque y votaron la ley, que es de nuestro gobierno y lo único que hace es actualizar su contenido. Está respaldada incluso por gobernadores e intendentes de Juntos por el Cambio. No tiene nada que ver con la toma de tierras, sino, al revés, con respetar y reconocer los derechos de los dueños”.
Como refleja el sitio Parlamentario, durante la sesión legislativa de este miércoles también habló en favor de la ley la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien destacó que “es una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina” y dijo que de los 4400 barrios registrados en 2018 ahora pasarán a 5687, por lo “vamos a necesitar al menos 20 años” para urbanizarlos. “Implica que muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando”, señaló.
La ley aprobada en Diputados, entre otros puntos, extiende la declaración de la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares del ReNaBaP por 2 años y contempla que los vecinos de esos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”, además de establecer que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.
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