La iniciativa, que entre otros puntos prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre, recibió un amplio apoyo en el recinto.
En una sesión especial llevada a cabo ayer, la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría y giró al Senado el proyecto que reforma la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre.
El plenario legislativo aprobó por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos votos negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Las tres abstenciones correspondieron a los macrifascistas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata.
El proyecto sancionado forma parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluyó un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el bailable Cromañon, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.
Acerca de los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.
A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
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