La senadora aseguró que en una esquina de Rosario venden niños a 60.000 pesos. El deber de denunciar no es sólo “legal” sino “principalmente moral”, destacaron la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.
La Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe intimaron a la senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el Cambio) para que se presente ante la Fiscalía en turno y aporte datos y pruebas -si las tiene- de su denuncia en un programa de TV, el domingo, según la cual en una esquina de Rosario se venden niños a 60.000 pesos.
Por su condición de funcionaria pública “está obligada a realizar la denuncia judicial correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño, niña o adolescente”, advirtieron a la legisladora que representa a Santa Fe en el Congreso, pero vive en Nordelta y vota en Buenos Aires. Si no impulsa la acción judicial, quedará a la vista que se trató de un operativo de campaña y de otro intento para “estigmatizar a Rosario”.
“Es inaceptable que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad, que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad como es la apropiación de niños y niñas, sea abordado de forma tan irresponsable”, le reprocharon.
El reclamo público a Losada desde dos áreas del Estado que intervienen en casos de vulneración de derechos sobresalió en la respuesta institucional del gobierno de Omar Perotti ante lo que la ministra Celia Arena interpretó como una operación de la legisladora para “estigmatizar a Rosario”, como la ciudad donde en una esquina se venden chicos a 60.000 pesos.
“Los santafesinos y santafesinas vimos como una representante de nuestra provincia trató temas tan delicados con frases armadas y con el único objetivo de estigmatizar a Rosario en la ocurrencia de que, con eso, se consigue algún tipo de rédito político”, dijo Arena y le sugirió a Losada que “si tiene información certera sobre venta de niños en nuestra provincia, realice las denuncias y aporte esa información, como se hizo institucionalmente en el mes de mayo ante una publicación en redes sociales, que luego resultara ser un intento de estafa”.
Arena le recordó que es “funcionaria pública” y que si no judicializa su denuncia mediática, será ella la que “estará yendo en contra de la ley y de sus obligaciones”. El deber de denunciar no es sólo “legal” sino “principalmente moral”. Y se preguntó: “¿La senadora tiene certezas de que en Rosario se venden niños y no alerta a las autoridades, aportando información precisa?”
En esa línea, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia intimaron a Losada para que formalice la denuncia sobre la venta de niños en Rosario. Y lo mismo hicieron en las redes sociales las titulares de ambas áreas, Lucila Puyol y Patricia Chialvo: “Le pedimos a la senadora Losada que se presente ante la Fiscalía en turno con las debidas pruebas del caso. Usted está obligada a realizar la denuncia correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño, niña o adolescente”.
“La ley provincial 12.967 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes establece la responsabilidad de los diferentes actores del Estado ante la vulneración de sus derechos”, recordaron. El rol de la Secretaría de Derechos Humanos es velar por la “protección y promoción de los derechos humanos” y “el cumplimiento de los Tratados Internacionales” en la materia en todo el territorio provincial.
Incluso, Chialvo recordó que “el único caso del que se tuvo conocimiento fue en mayo de este año”. Pero en realidad, era un intento de “estafa de un progenitor, quién a través de Facebook, ofreció una beba a la venta”, pero el delito “no se concretó, porque el estafador ni siquiera convivía con la niña”. “Su mamá no estaba al tanto de lo que hacía el papá, quien no tenía a la chiquita a su cuidado”.
Chialvo recordó que el gobierno de Alberto Fernández “envío al Congreso un proyecto de ley (elaborado junto con las Abuelas de Plaza de Mayo) que establece tres tipos de delitos sobre venta de niños y niñas”. Pero la iniciativa no prosperó porque “los representantes del Juntos por el Cambio –entre ellos Losada- proponen otros proyectos que no contemplan las recomendaciones de los organismos internacionales”.
“Es inaceptable que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad y que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad cómo es la apropiación de niños y niñas, sea abordado por la senadora Losada de una forma tan irresponsable”, insistió.
Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach coincidió también con su colega de Gobierno, Celia Arena, al interpretar la denuncia de Losada como un operativo de campaña. “Uno puede elegir: informar tremendo dato a la justicia (como la supuesta venta de un niño por 60.000 pesos) o hacer campaña en TV. Y optó. Siempre en campaña. No importa con qué”.
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