A pedido del Grupo Macri, los jueces Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani ordenaron que la fiscala Gabriela Boquín, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, entre otros, sean investigados por el rol que asumieron en la causa por la quiebra del Correo Argentino SA. La denuncia, presentada por Socma, ya había sido archivada por inexistencia de delito.
Una vez más en sintonía con los intereses de Miauricio Macri, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se investigue a la fiscal de Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, entre otros, por el rol que asumieron en la causa por la quiebra del Correo Argentino SA -la empresa controlada por la familia Macri- y su multimillonaria deuda impaga.
La Sala III de Casación reabrió por tercera vez el archivo de una denuncia por la presunta tramitación irregular de la causa por la quiebra del Correo Argentino para "estar en condiciones de negar con certeza" que se hubiera cometido un delito. La causa se inició por una denuncia de Socma, la empresa del Grupo Macri, controlante de las acciones del Correo.
La denuncia, por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático", recayó originalmente en el juzgado de Sebastián Casanello, quien en dos oportunidades la archivó por inexistencia de delito.
Pero la decisión fue revocada primero por la Cámara Federal y ahora por la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, que argumentó que aún quedan medidas de prueba para realizar antes de cerrar el expediente.
Los jueces Mariano Borinsky -cuestionado por sus reuniones con el hijo bobo de Franco Macri en la quinta de Olivos-, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani sostuvieron que "lo relevante no consiste en poder afirmar la existencia de un delito, sino –en sentido inverso– estar en condiciones de negarlo con certeza".
La doctrina y el sistema penal argentino establecen que ante la duda sobre la comisión de un delito, y agotada la investigación, no se puede avanzar sobre los imputados. Ese principio se conoce como "in dubio pro reo" y se resume en que la duda juega a favor del imputado.
"Resulta prematuro afirmar (que no se cometió el delito) pues se verifican medidas de prueba pendientes que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación", sostuvieron en cambio los camaristas. El fallo aclara que la causa fue reabierta "ya sea para confirmar la decisión que se impugna como para la continuación de la pesquisa".
Con décadas de demora a sus espaldas, la investigación judicial por la quiebra del Correo Argentino está nuevamente postergada y aguarda ahora una definición de la Corte Suprema. El año pasado la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la firma, pero la Cámara en lo Comercial decidió detener la causa hasta que el máximo tribunal resuelva si el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires -de fuertes vínculos con el PRO- puede intervenir en el proceso, tal como pretende Macri.
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