Juicio por la obra pública: la acusación derrapó hasta el final

Los peritos que analizaron las obras terminaron de declarar y después de la feria de invierno concluirían los alegatos. En las audiencias, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue involucrada y el debate se centró en las evaluaciones de precios o las demoras de las obras, cuestiones dependientes de la jurisdicción provincial.

Ya terminaron de declarar los peritos en la causa por las obras viales de Santa Cruz. El 31 habrá una audiencia técnica y después, con los alegatos, se entrará en la fase final del juicio de los juicios contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Por ahora está claro que a la ex presidenta ni se la menciona y buena parte de las audiencias se centraron en evaluaciones de precios o en las demoras de las obras, todo lo cual estaba en el ámbito provincial, muy lejos de una toma de decisiones de un presidente o presidenta. 

Pero, además, de los tres peritos que terminaron de declarar, la más sólida y la que pareció usar el método más adecuado, fue Adriana Alperovich, perita de las defensas. Fue la única que calculó, obra por obra, los valores correspondientes, mientras que el perito oficial, el tuitero anti-K Eloy Bona se basó en una licitación posterior, cuyo contrato hubo que rescindir, y el perito de la fiscalía, Roberto Panizza, usó los valores de la revista El Constructor, que parte de obras hechas en la provincia de Buenos Aires, algo muy distinto a construir a 1800 kilómetros de distancia, con un clima totalmente diferente. 

Como siempre, el resultado del juicio es incierto porque todo se desarrolla en Inodoro Py, una de las sedes centrales de la coalición política-mediática-judicial alineada con el macrifascismo.

Descartado

Hay cuestiones que antes y durante el juicio fueron descartadas y que en su momento motivaron ríos de tinta. Por ejemplo, está claro que las empresas de Lázaro Báez cobraron por lo que construyeron, no se les pagó nada que no tuviera los certificados de obra correspondientes, firmados por numerosos funcionarios. También está descartado que las obras no se hicieran o que no llevaran a ningún lado, como en algún momento hizo publicar el macrismo. 

Una auditoría encargada por Vialidad, durante el régimen macrifascista, demostró que las obras fueron de buena calidad, incluso superior a la que requerían los pliegos licitatorios y que no se pagó nada que no hubiera sido construido. Finalmente, quedó claro que la distribución de obras en todo el país fue una decisión votada por el Congreso, es decir que nadie favoreció a Santa Cruz de manera oscura o a escondidas.

Polémicas

Las últimas audiencias estuvieron dedicadas a debatir si hubo atrasos impropios o si a las empresas de Báez se les otorgaron postergaciones que no correspondían. La defensa del constructor, a cargo de Juan Villanueva, demostró con claridad que hubo casos en que la provincia no había concretado las expropiaciones de los terrenos, lo que atrasó parte de las obras por más de dos años. Pero, además, los ingenieros de Vialidad explicaron en su momento que no había mayores diferencias entre Santa Cruz y las demás provincias: los retrasos en las obras fueron los habituales.

También se debatió si las adjudicaciones a las empresas de Báez eran correctas en función de sus capacidades técnicas, otro aspecto totalmente alejado de un gobierno nacional. Esas cuestiones se basaban en normas provinciales.

Métodos

Con la acusación demolida en la mayoría de los aspectos, la fiscalía se concentró en sostener que las obras de Santa Cruz tenían sobreprecios. El argumento parece, de entrada, poco sostenible porque todas las adjudicaciones fueron después de licitaciones que, además, nunca fueron cuestionadas. Báez ganó 51 de las 81 obras, un fenómeno que se repitió en otras provincias, ya que las empresas zonales -especialmente cuando se trata de distritos muy alejados como Santa Cruz- tienen ventajas sobre constructoras que tienen que mover el personal y la maquinaria a 2 mil kilómetros de su sede.

La cuestión de los sobreprecios fue el centro del debate de los peritos y, aunque hubo una fuerte polémica, de ninguna manera se demostró que las rutas se construyeron a valores por encima de los de mercado. Lo que sucede es que los tres jueces -Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso- quedan con cierta discrecionalidad a mano porque los tres peritos tuvieron métodos distintos.

• Eloy Bona, perito del tribunal. El tuitero anti-kirchnerista comparó tres tramos de autovía de la ruta 3 con una licitación posterior ganada por CPC la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esos contratos terminaron rescindiéndose porque CPC dio cuenta de que lo que había que construir era mucho más que lo planteado en el pliego. Y el macrismo no pudo ni relicitar la obra. A esto se agrega el hecho de que en la licitación que ganó CPC hubo ofertas un 70 por ciento más caras, o sea que Bona comparó con una propuesta inusualmente baja porque en ese momento CPC, perseguida por el nefasto régimen de Miauricio Macri, necesitaba ganar alguna obra dado que tenía todas las demás paralizadas, no le pagaban lo construido y sus dueños hasta terminaron encarcelados para quitarles las empresas y los medios. También Bona comparó la construcción de rutas con otros casos en que sólo se contrató lo que se llama CREMA, que consiste en rehabilitar y mantener rutas que ya estaban construidas.

• Roberto Panizza, perito de la fiscalía. Sostuvo que hubo sobreprecios en base a datos de la revista El Constructor. La publicación basa los costos que publica en un modelo de 40 kilómetros, de una sola mano, en la provincia de Buenos Aires. Sólo los fletes a 2 mil kilómetros establecen una enorme diferencia. Por ejemplo, el asfalto debe ser transportado desde Ensenada, donde está la planta de YPF, a una temperatura de 120 grados y en el caso de Santa Cruz es un traslado de 1800 o 2 mil kilómetros. En su momento, el macrismo contrató a una consultora, Consulbaires, que calculó que para determinado tramo se necesitaban 2.217.000 metros de terraplen. Panizza, en cambio, estableció que se necsitaban apenas 589.000, cuatro veces menos. Esos cálculos exhiben cuál fue el objetivo: concluir que había sobreprecios, no cuál fue y es la realidad.

• Adriana Alperovich, perita de las defensas. No hizo cálculos abstractos sino que fue directo a los costos: le preguntó a YPF el valor del asfalto para la época en que se construyó tal ruta; al gremio de la construcción el valor de la hora/hombre; y a otros proveedores el costo de las maquinarias y demás insumos. En los debates entre los peritos, Alperovich siempre pareció la más sólida, mientras que Bona y Panizzo quedaron pagando en varias oportunidades. Por ejemplo, Bona se equivocó en los valores del hormigón: puso como más caro el hormigón más barato y a la inversa fijó como más barato el más caro.

Recta final

El 31 de mayo será la próxima audiencia y los magistrados informarán la prueba documental que aceptarán. Es una cuestión técnica. Y el paso siguiente será el inicio de los alegatos. El tribunal intentará que quien siempre alega primero, la fiscalía -Diego Luciani y Sergio Mola-, lo haga antes de la feria judicial, en tanto que las defensas de los 13 imputados lo harían entonces después de la feria.

El juicio arrancó con los jueces en una actitud más bien hostil hacia las defensas, pero al final del proceso los letrados fueron considerando que estaban actuando de manera más ecuánime. No es sencillo: los fiscales y los defensores se trenzaron en intensas discusiones y objeciones.

Desde el punto de vista objetivo, la acusación fue sufriendo golpe tras golpe. Por ejemplo, desfilaron enorme cantidad de empresarios, exfuncionarios de Vialidad y todos los exjefes de Gabinete, incluyendo a Alberto Fernández. En casi todos los casos, aun siendo testigos de la fiscalía, favorecieron claramente a las defensas. Pero ya se sabe que Comodoro Py es un terreno adverso para quienes estuvieron en el gobierno de CFK, de manera que la resolución final es una incógnita. En paralelo, no es una cuestión menor que en tres años de juicio, nadie nombró ni le adjudicó ninguna acción a la expresidenta ni tampoco al exministro Julio De Vido, dado que las licitaciones, adjudicaciones y controles de obras estuvieron a cargo de Vialidad de Santa Cruz. No será para nada sencillo esbozar una acusación contra ellos.