La abogada de una de las querellas de familiares de tripulantes del ARA San Juan presentó la medida y sostuvo que no aceptarse, las familias de la tripulación "sentirán que no son iguales ante la ley y nuevamente serán víctimas".
La abogada Valeria Carreras, representante de una de las querellas de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, presentó ayer una recusación contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, tras señalar que fue colocado en ese cargo por un decreto del Miauricio Macri Blanco Villegas, imputado en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal.
Al reclamar que el juez Mahiques no intervenga en los planteos formulados por la defensa del hijo bobo de Franco Macri, la abogada recordó que “fue nombrado por decreto del hoy procesado ex presidente”, y reseñó además que el magistrado es padre de quien fuera el enlace entre el infame régimen de la alianza de derecha Cambiemos y el Poder Judicial y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
"Hemos recusado al Dr. Mahiques para que sea apartado de entender en el planteo casatorio de Pablo Lanusse (abogado de Macri Blanco Villegas). Esperamos que se haga lugar al planteo de nuestra parte. Caso contrario nuevamente nuestras representadas, las mujeres y familias de la tripulación del ARA San Juan espiadas, sentirán que no son iguales ante la ley y nuevamente serán víctimas", informó la abogada Carreras.
La letrada presentó la recusación cuando la sala segunda de la Cámara Federal de Casación penal se apresta a tratar el pedido de apartamiento formulado por la defensa del domador de reposeras en contra del juez interino de Dolores, Martín Bava, quien lo procesó en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino hundido en 2017.
Fuentes judiciales comentaron con asombro que la defensa del ex hijastro de Flavia Palmiero hubiera reclamado a la Casación que se expidiera sobre la recusación contra Bava sin necesidad de convocar a la audiencia de rigor, bajo el argumento de que es una cuestión de “puro derecho”.
El retrasado mental pretende apartar al juez Bava para luego pedir la nulidad de sus decisiones, entre las que se encuentra su procesamiento y la prohibición de salir del país que le impuso.
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