Se concentraron en el centro y marcharon a la Legislatura. Entregaron una carta en la Legislatura con el pedido al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larrata, de abra una mesa de diálogo.
Las mujeres desalojadas de la Villa 31 reclamaron en centro porteño por el acceso a una vivienda. Denunciaron que los subsidios habitacionales que les ofrece como solución el régimen de la CABA no resuelven el problema de la falta de techo. La mayoría de las desalojadas tienen a cargo niños y se habían organizado en la toma luego de quedar en la calle por la suba del precio de los alquileres.
La protesta consistió en una concentración en el Obelisco, desde donde marcharon a la Legislatura porteña, acompañadas por militantes de las fuerzas de izquierda y de la UTEP.
“Queremos un techo digno, no un subsidio”, planteó en la marcha Andrea, una de las desalojadas. Por su parte Marina Joski, del MP La Dignidad, explicó que llevaron una carta a la Legislatura con el pedido al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, de una mesa de diálogo. "Nos dijeron que no había nadie del bloque oficialista, pero esperamos que el secretario parlamentario de Larreta reciba la carta".
Algunas de las manifestantes marcharon con sus chicos, aunque la mayoría fue a la movilización sin ellos luego del violento desalojo del jueves pasado, cuando la Policía de la Ciudad llegó a la Villa a las 6 de la mañana, rompió las casillas de madera y nylon y pasó con una topadora sobre el terreno.
El régimen de la CABA argumentó que el desalojo debía hacerse sin demora ante la inminente construcción de una escuela en el predio -que hasta la toma había permanecido abandonado, utilizado como basural-. Sin embargo, esta justificación fue desmentida por el hecho de que la escuela no figura en el Presupuesto Educativo 2021, ni tampoco se abrió la licitación para construirla.
El reclamo al régimen porteño por una mesa de diálogo remarca que que el centenar de familias desalojadas tienen no sólo vulnerado el acceso a la vivienda, sino otros múltiples derechos por los que el Estado debería velar: a la alimentación, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia.
En este sentido, entre las desalojadas también cuestionaron al gobierno nacional, porque el Ministerio de las Mujeres no se acercó a ver cómo estaban, a pesar de que han hecho público que muchas integrantes de la toma vienen de sufrir violencia de género.
La justicia tiene a resolver dos denuncias contra el operativo de desalojo, una realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la otra por abogados de Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Además, la Defensora de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un pedido de informes. “Nos preocupa cuáles van a ser las soluciones habitacionales y sobre todo cómo van a hacer con los chicos, con sus trayectorias educativas, porque iban a la escuela cerca de donde vivían”.
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