La mayoría oficialista rechazó la rendición de la Cuenta de Inversión de 2016. “Lo que se vivió ese año fue una dictadura”, dijo Mayans, jefe de bloque. Fue en la primera sesión con presencialidad plena desde que comenzaron las restricciones en el país por la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020.
Luego de la jornada fallida del martes en la Cámara de Diputados, el oficialismo hizo valer ayer su mayoría en el Senado de la Nación y, desde las 14.25, comenzó la primera sesión presencial luego de un año y medio de virtualidad. En ella, el kirchnerismo rechazó en el Senado la rendición de cuentas del primer año de Mauricio Macri como presidente.
Entre los asuntos que se discutieron durante la tarde estuvo el dictamen en el estudio de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016 del régimen macrifascista, que el actual oficialismo ya había anunciado que rechazaría. “Con 40 votos afirmativos y 19 votos negativos queda aprobado el dictamen que rechaza la Cuenta de Inversión 2016″, detalló la Cámara a través de Twitter tras la votación.
El oficialismo ya había rechazado la cuenta de inversión que comprende el balance de los gastos e ingresos registrados en el 2016 durante una reunión de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Cuando se discutió en la comisión, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dijo que eso no era “una consideración solamente política”, y adelantó que Macri Blanco Villegas “va a tener que rendir cuentas ante la Justicia por lo que hizo con su administración. No solo alteró las cuentas generales, sino también el endeudamiento externo”.
“Hay responsabilidades del presidente de la Nación como del jefe de Gabinete (Macri Blanco Villegas y Peña Braun), no se puede cambiar el presupuesto porque violan la Constitución y la ley de administración financiera. Se cometió un delito porque uno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”, opinó entonces el legislador oficialista.
Asimismo, Mayans adelantó que luego de la desaprobación de la cuenta de inversión llegarán “las presentaciones a la Justicia para que explique qué hizo y por qué violó los procedimientos de la ley y la Constitución”.
La convocatoria al retorno de las sesiones presenciales fue confirmada el lunes mediante dos decretos firmados por la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner: uno para dar por superadas las reuniones por videoconferencia -algo que la vicepresidenta había prorrogado- y otro para anunciar la realización de una sesión especial desde las 14 de ayer.
Fue justamente Cristina quien dio por iniciada la la Sesión Pública Especial: Norma Durango, de La Pampa, procedió a izar la bandera mientras se entonó el Himno Nacional en el recinto.
De ese modo, el Senado volvió a la actividad tras casi dos meses de parate por la campaña. La última sesión presencial había sido el pasado 12 de marzo de 2020, ocho días antes de que el Poder Ejecutivo Nacional declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.
Luego de aprobar la presencialidad (41 afirmativos y 20 negativos), que fue el primero de los temas que resolvieron los senadores, los legisladores aprobaron por unanimidad un proyecto de Declaración con el que se “rechaza la pretensión del gobierno de la República de Chile” de extender los límites de su plataforma continental por sobre territorio de la Argentina.
“Con 58 votos afirmativos queda aprobado, por unanimidad, dictamen de los proyectos de declaración que respaldan lo legislado acerca del límite exterior de la plataforma continental e insular argentina y rechazan la pretensión del gobierno chileno de extender la suya”, precisó el Senado a través de Twitter al respecto.
Un decreto firmado por Sebastián Piñera y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa resolvió de manera unilateral que Chile anexe a su territorio 5.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a la plataforma continental de la Argentina.
La Cancillería Argentina ya había enviado una nota al vecino país rechazando la política del gobierno de Piñera, pero el presidente trasandino volvió a insistir en que su país esta “ejerciendo sus derechos legítimos” sobre la Plataforma Continental con Argentina.
El conflicto se inició a raíz de una medida del Gobierno chileno relacionada con sus espacios marítimos el pasado 23 de agosto. Al conocerse esa actualización de la Carta Náutica N°8 que delimita sus límites, el gobierno argentino -mediante la Cancillería- emitió un duro comunicado que acusó a las autoridades trasandinas de apropiarse de parte del territorio nacional.
La decisión de los senadores del oficialismo y de la oposición significa una nueva escalada en el conflicto que hasta ahora no parece encontrar una solución ya que Piñera ratificó la posición y destacó que el reclamó era una “política de Estado” acordada con los demás partidos políticos y con los ex presidentes.
“Los años 2009 y 2016 Argentina presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas sus pretensiones. El año 2020 aprobó una ley. ¿Qué está haciendo Chile? Estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos como una política de Estado que la hemos conversado con todos los ex presidentes, en plena conformidad con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina”, señaló el presidente chileno.
Por su parte, la Cancillería argentina en momentos en que era comandada por Felipe Solá emitió un comunicado en donde el gobierno argentino acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”.
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