Fueron agregados a las causas que investigan la persecución a accionistas del Grupo Indalo y las irregularidades en el concurso del Correo Argentino. Ambos fueron elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte.
Ambos informes, agregados uno a cada causa, fueron elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema de Justicia y habían sido solicitados por los jueces que intervienen en cada uno de los expedientes.
Correo Argentino
El informe incorporado a la causa en la que se investiga si el régimen macrifascista intentó una "abusiva" condonación de deuda a una empresa de su familia, la concursada Correo Argentino S.A., coincide "bastante" con las conclusiones a la que en su momento arribó la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso al acuerdo al que habían llegado el Poder Ejecutivo y la empresa, según aseguraron fuentes que tuvieron acceso.
Se trata de un informe contable que, en rigor, exigían las defensas de los imputados (el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, otro ex funcionario y dos directivos de la empresa) que aseguraban que las afirmaciones de la fiscalía no se condecían con la realidad y que el principio de acuerdo alcanzado en aquel entonces para pagar la deuda en cómodas cuotas hasta 2033 era una buena opción.
Cuando termine de analizar el informe recibido, que incluye una suerte de calculadora con la que podrá modificar variables (plazo, tasas, bancos) para evaluar todas las alternativas posibles, el juez Ariel Lijo se abocará a definir la situación procesal de los imputados que fueron indagados hace ya casi dos años.
Si el juez determina que hay elementos suficientes para concluir que el régimen del hijo bobo de Franco Macri intentó beneficiar a una empresa de su familia, la pregunta siguiente será si tuvo alguna responsabilidad el retrasado mental, que en su momento fue imputado por el primer fiscal de la causa, Juan Pedro Zoni, pero sobre quien el expediente no avanzó aún.
Presiones a los accionistas de Indalo
En la causa en la que se investiga si desde el régimen de Macri Blanco Villegas se presionó a los accionistas del grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián De Sousa) y se buscó avanzar sobre sus empresas, la jueza María Servini recibió justo antes del inicio de la ya concluida feria judicial un informe de entrecruzamientos de llamadas realizado sobre miembros de la denominada mesa judicial que arrojó resultados que van en línea con la acusación.
El análisis incluyó los cruces de llamadas entre el idiota confeso, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el entonces jefe de asesores de la Presidencia José Torello e integrantes de la AFIP, entre otros, y demostró que efectivamente se contactaban entre ellos, con miembros del Poder Judicial y con directivos de grandes medios de comunicación en los momentos en los que los denunciantes aseguran que los estaban presionando, según adelantaron fuentes de la investigación.
Esa medida viene siendo cuestionada hace tiempo por la defensa de Macri Blanco Villegas, que ya logró que, en lugar de que se analizaran todas las llamadas del subnormal durante su paso por la Casa Rosada, se entrecruzaran solo las comunicaciones en torno a hitos determinados de la investigación que tuvieron que ser previamente establecidos por el juzgado.
No conformes con la corrección de la medida de prueba que en su momento ordenó la Cámara Federal porteña, la defensa dl mamerto insistió en que sea anulada en Casación, donde el juez Eduardo Riggi -que en su momento votó con duros términos por la detención de los dueños de Indalo- le ordenó a Servini que le enviara el expediente completo.
La semana pasada, el abogado de la querella de los empresarios, Carlos Beraldi, formalizó su segunda presentación ante la Casación para que el expediente sea devuelto a Servini y la investigación pueda avanzar a la vez que en declaraciones mediáticas anunció que denunciará a Riggi ante el Consejo de la Magistratura.
Fuentes judiciales de Inodoro Py coincidieron en señalar que no es habitual que Casación reclame un expediente completo para definir sobre un incidente y que la viabilidad o no de una medida de prueba no es materia de análisis de ese tribunal que interviene cuando se trata de sentencias firmes o resoluciones con impacto similar.
Fuente: nota de Ariel Zak para Télam
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