jueves, 19 de diciembre de 2019

En un accidente automovilístico en España, murió Patxi Andión

Por Cristian Vitale para Página/12

Dueño de una voz ríspida, atrapante, y de un genio compositivo arisco, el cantautor debió exiliarse de la España de Franco. También supo probar suerte en el cine.



En la mañana española de ayer, Patxi Andión perdió la vida en la Autopista A15. El cantautor iba hacia Madrid, la ciudad que lo había visto nacer setenta y dos años atrás, cuando un desliz rutero a bordo de un Land Rover le impidió llegar a destino, para siempre. 

“No manden a los auxilios, ya no hay nada que hacer”, dijeron quienes intentaron asistirlo al borde de la ruta. La muerte lo alcanzó mientras disfrutaba de los buenos efectos de La hora del lobicán, disco publicado recientemente, que representaba un compendio de su pasado en copa nueva, mediante diez temas en su mayoría inéditos. 

Tester de su devenir, cuyos picos creativos pueden detectarse con claridad durante las décadas del setenta y del ochenta del siglo pasado. Momentos en que, tras un debut enredado con la censura de esos tiempos (Retratos, 1969), se largó a más a través de varios trabajos clave, entre los que figuran Palabra por palabra. (1972); Como el viento del norte (1974) y Cancionero prohibido (1978).

Dueño de una voz ríspida, atrapante, y de un genio compositivo arisco, Francisco José Andión González -tal su nombre real- andaba siempre al borde de lo políticamente incorrecto. Así lo comprobó este cronista, en junio de 2013, cuando lo entrevistó mientras se preparaba para presentar Porvenir, su antepenúltimo disco, en el teatro Sha. “Siempre busqué cosas a la contra”, decía. 

"En aquel momento (los '70) en España, un tipo de izquierda no podía ser aficionado a los toros, porque ésa era un cosa de derechas... ¡y nosotros éramos aficionados a los toros! (risas). Uno tampoco podía ir al fútbol, porque era una cosa manejada por Franco para impedir las manifestaciones políticas, y nosotros íbamos a la cancha a ver al Atlético de Madrid, porque éramos del Aleti (más risas)"., contaba.

El tipo también actuaba. Así lo atestigua el protagónico que compartió con su bella esposa, Amparo Muñoz (Miss Universo 1974), en la atrevida La otra alcoba, estrenada a meses de la muerte de Franco. También su personificación del detective Pepe Carvalho, en Asesinato en el Comité Central; del errante Manolo en Libertad Provisional; o del Che Guevara en la mediocre ópera-rock Evita, de Andrew Lloyd Webber (1980). 

Periodista, escritor, docente universitario y doctor en sociología, además, Andión debe su talante a una matriz juvenil que lo tuvo como militante antifranquista, que llevaba en la sangre. Le venía de su padre, un soldado republicano nacido en Navarra -región en la que Patxi pasó sus primeros años- que había combatido a los franquistas durante la guerra civil. Tomar tal posta ideológica le valió, aún antes de comenzar su itinerario discográfico y actoral, autoexiliarse en París justo cuando explotó todo, en mayo de 1968.

Fue el momento, aquel, en que tales experiencias, junto a un amanecer rocanrolero al tono epocal, colocaron el embrión justo para que el pibe fuera explotando, con perdigones contundentes, una personalidad volcánica. Intensa por donde se la mire. Lo suficientemente desafiante. Lo suficientemente sensible. Lo suficientemente romántica en el cabal sentido del concepto, obvio para dejarle al mundo, además de todo lo antedicho, una enorme canción llamada “María en el Corazón”. 


Contaba Patxi: “Que dos trenes se detengan en la misma estación, pero con sentido contrario, y que de repente mires a una chica del otro tren, y que esa chica acapare toda la luz del tren y de la estación, es algo mágico. Miré, miró, esbocé una sonrisa, y los metros se separaron. Una historia de amor imposible, porque ambos estamos condenados a seguir viaje en sentido contrario”. 

Nombraba Patxi, en esa misma charla, a Discépolo y a Manzi… poco hay, dado lo dicho, que lo ubique en un camino distinto al de ellos. No es poco.

miércoles, 18 de diciembre de 2019

Alberto en la presentación del plan para el sector automotriz: "Todos tenemos que hacer un aporte y todos tenemos que ceder algo"

El presidente destacó la propuesta acordada entre todos los sectores de la industria automotriz y dijo que "este es el camino: ponerse de acuerdo los que producen, los que invierten y los que trabajan". Añadió que pretende "autos accesibles a un precio accesible".


Alberto Fernández participó ayer del acto de lanzamiento del "Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo" , que se realizó en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en Buenos Aires.

La propuesta acordada entre todos los sectores de la industria automotriz incluye "un acuerdo social y productivo con visión para 2030".

"Este encuentro sintetiza lo que estamos proponiendo", dijo el mandatario y destacó que "el camino es este que ustedes han encarado, ponerse de acuerdo los que producen, los que invierten y los que trabajan"

"Han dado el puntapié inicial del nuevo contrato social argentino", resumió y sostuvo que "vamos a ir por el camino del crecimiento y el desarrollo".

Fernández afirmó que "solo estamos produciendo un tercio de lo que podemos producir en materia automotriz" y sostuvo que pretende "autos accesibles a un precio accesible".

"Nos vamos a sentar para que el Estado ayude a este plan ambicioso que queremos que sea un plan de la Argentina", remarcó  y celebró que el proyecto "haya salido de la iniciativa de este sector, de los empresarios y de los que trabajan"

"Todos tenemos que hacer un aporte y todos tenemos que ceder algo", agregó y habló de un "nuevo contrato social fraternal", añadió.


El acuerdo automotriz 

El acuerdo fue elaborado de forma conjunta con la ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) y las cámaras de autopartistas (AFAC) y (Acara), además de los aportes de los sindicatos de mecánicos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

"Es un acuerdo de consensos mínimos para garantizar un flujo de inversiones que permita aumentar la producción y encarar las transformaciones necesarias de mediano plazo, a partir de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías", explicó el gerente de la AFAC, Juan Cantarella.

Del acto participaron también el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el canciller Felipe Solá y los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Omar Perotti respectivamente. También asistirán dirigentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

"Luego de diez meses de trabajo conjunto (coordinado de forma metodológica por la Escuela de Negocios de la Universidad Austral (IAE) para elaborar un Plan Estratégico 2020), se acordó integrar la cadena productiva con un objetivo común. El objetivo primordial es promover el desarrollo del sector y declararlo estratégico para la producción argentina, en el contexto de una política de Estado", puntualizó Pignanelli.

La industria automotriz reúne en Argentina a 12 fábricas, más de 300 autopartistas directos, más de 1.000 concesionarios y autopartistas indirectos y repositores, además de unos 25.000 talleres. En conjunto, genera 200.000 empleos directos y 450.000 indirectos, informó el dirigente del SMATA.

Martín Guzman presentó las nuevas medidas económicas: "La prioridad es proteger a los más vulnerables"

El ministro de Hacienda brindó una conferencia de prensa en la que explicó los alcances del proyecto de Ley de Solidaridad enviado al Congreso ayer.


Martín Guzmán presentó el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que ingresó ayer a la mañana a la Cámara de Diputados. Según las propias palabras del funcionario, el proyecto es el primer paso “para resolver la crisis social y economía" que atraviesa el país, con graves indicadores de pobreza, indigencia y una situación crítica con respecto al hambre.

Guzmán planteó que el conjunto de medidas tiene como prioridad “proteger a los sectores de mayor vulnerabilidad al mismo tiempo que reestablece los parámetros macroeconómicos”

“Buscamos que la Argentina deje de caer mientras protegemos a aquellos a quienes no les podemos pedir más esfuerzo”, apuntó el ministro.

Las definiciones de Guzmán y sus principales precisiones sobre las medidas:

► Jubilaciones

“Lo que se hizo con los jubilados es grave. Ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. Desprotege al país”

“Nos tomaremos 180 días para reemplazar un sistema pensado para una economía que iba despegar y sostener niveles altos de crecimientos por otra que tiene que ser razonable”

“Habrá un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Serán dos pagos de 5.000 pesos, uno en diciembre y otro en enero”.


► Dólar e impuestos

“En el año 2007 se sancionó una reforma pensada para una economía que iba a crecer y la economía no creció. Si no hacemos nada los problemas fiscales se van a agravar”.

“No podemos permitir que el déficit crezca, no tenemos cómo financiarlo y no vamos a recurrir a la emisión monetaria. Sería desestabilizante”.

“Se va a gravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior pero con incentivos para que esos activos vuelvan".

“Eliminamos el impuesto que grava al ahorrador en activos en pesos".

"Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos, que son los dólares".

"Se aplicará un impuesto de 30 por ciento a la compra de divisas".

"El 70 por ciento de ese impuesto será destinado a financiar la seguridad social. El otro 30, para la vivienda solidaria".

► Tarifas

“El esquema del gobierno anterior agravó mucho la situación de la gente y de las empresas”.

“Necesitamos un nuevo marco general integral. Proponemos un plazo de 180 días para cambiar el esquema tarifario y que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social y las condiciones que fomenten la inversión en energía”

“Se mantiene la postergación por ese mismo plazo de los aumentos tarifarios”.

► Deuda Pública

“Pedimos facultar al Poder Ejecutivo para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública incluida la externa, que tuvo un brutal aumento durante la gestión anterior”

“Cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda pero no utiliza esa deuda para invertir en su matriz productiva pasa lo que nos pasa ahora. Tenemos un descalabro económico y social”

“Y si no sacamos al país de esa situación y forzamos algo insostenible, como es pagar niveles de deuda imposibles, la situación se agrava. Por eso necesitamos una política pública de deuda que esté alineada con el objetivo de la recuperación económica”.

“La Argentina que se pone de pie sí genera capacidad de repago para hacer frente a los compromisos”.

El texto completo del proyecto de ley

Guzmán se queda con U$S 4.571 millones de las reservas para pagar deuda

De aprobarse la ley de Solidaridad, el Banco Central deberá comprarle títulos de deuda pública a 10 años al Tesoro. Con los dólares Guzmán compra tiempo para evitar el default.


El paquete de medidas económicas que envió el gobierno al Congreso tiene además de los nuevos impuestos un apartado sobre las "Reservas de Libre Disponibilidad" en el que establece que el Congreso autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir nuevos títulos públicos por 5.471 millones de dólares y que el Banco Central deberá comprárselos con las reservas internacionales.

De acuerdo a los artículos 57,58 y 59 de la Ley de Solidaridad, estos dólares solamente podrán ser aplicados al pago de la deuda en moneda extranjera. De esta forma, Martín Guzmán se garantiza los recursos para cubrir un monto equivalente a los vencimientos de enero y febrero sin necesidad de declarar a la Argentina en default.

Solo de vencimientos en dólares, en enero el Tesoro deberá afrontar el pago de 2.226 millones de dólares y en febrero ascienden a 2.317 millones de dólares las obligaciones en moneda fuerte tanto bajo ley nacional como bajo ley extranjera. Hasta junio, en total hay 26.000 millones de dólares de vencimientos en moneda fuerte y otros 19.000 millones de dólares en pesos.

En cambio, el Banco Central deberá quedarse por el plazo de 10 años con estos títulos públicos ya que el capital solo será devuelto al término de ese período. Mientras tanto recibirá una tasa de interés equivalente al promedio del rendimiento de las reservas internacionales (virtualmente cero) o la tasas Libor menos un punto como máximo.

De esta forma, el paquete de medidas de Alberto Fernández imita a la colocación de Letras Intransferibles por 10.000 millones de dólares que Néstor Kirchner realizó en 2006 para cancelar la deuda con el FMI y que debía devolverle en el año 2015.

De hecho, la definición del monto de las "reservas de libre disponiblidad" es potestad del Banco Central y aplica a excedentes de dólares que por encima de los pasivos de la entidad y de un margen de previsión discrecional que se reserva el Directorio del BCRA. 

Cabe recordar que la insistencia de Cristina Fernández de Kirchner por repetir esta operación más allá de la determinación del presidente del Banco Central fue clave en la renuncia de Martín Redrado como presidente del BCRA en el año 2010 cuando la ex presidenta quiso fondear con reservas el Fondo del Bicentenario.

Posteriormente, tras la reforma de la Carta Orgánica de 2012, hizo habitual que el Tesoro al punto en que en el año 2015 el Banco Central tenía en su activo casi 65.000 millones de dólares en papeles varios del Tesoro Nacional.

Llegada la fecha de vencimiento de aquella colocación, la falta de dólares hizo imposible que el Banco Central recibiera dólares genuinos y siguió acumulando "papelitos de colores". En 2016, en cambio, Hacienda le cambió las Letras Intransferibles al Banco Central por bonos negociables en el mercado para que pudiera venderlos y recuperar reservas genuinas. Pero eso no bastó para hacer sostenible el tipo de cambio en 2017 tras el levantamiento del cepo y la apertura sin resguardos de la cuenta capital.

Actualmente las arcas del Banco Central tienen $ 557.635.204.000 (U$S 9.294 millones) de Letras Intransferibles, entre otros títulos del Tesoro nacional.

Los gobernadores cancelaron el pacto fiscal que firmaron con el hijo bobo de Franco Macri y podrán subir impuestos

Alberto firmó una adenda al pacto firmado en 2017 con 23 gobernadores. Se frena la baja a Ingresos Brutos.


Los gobernadores cancelaron el pacto fiscal que habían firmado con Miauricio Macri Blanco Villegas y podrán subir los impuestos en sus provincias.

Alberto Fernández recibió ayer a 23 mandatarios en Casa Rosada para firmar la adenda que suspende el Consenso Fiscal -firmado por 19 gobernadores en 2017- por un año, con posibilidad de prorrogar la suspensión por tiempo indeterminado. El único gobernador que no estuvo presente fue el fueguino Gustavo Melella, que juraba en su cargo.

Con la suspensión de las cláusulas se otorga libertad a las provincias para que utilicen las alícuotas máximas que se establecían para impuestos provinciales al año 2019, como Ingresos Brutos o inmobiliarios. 

El Gobierno informó que esta medida representará aproximadamente un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 24 provincias.

Para poder subir Ingresos Brutos, los gobernadores tendrán que aportar su cuota: acordaron suspender por un año los juicios por coparticipación con el objeto de encontrarle una salida "política" a sus reclamos.

Además se creó una comisión de evaluación del impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la canasta básica de alimentos que les quitó recursos a las provincias. 

Asimismo, se informó que dentro del plazo señalado, la comisión propondrá las medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial.

El mercado reacciona a los anuncios: escalan los bonos por mayor expectativa de repago y el Riesgo País cae debajo de los 2.000 puntos

El índice S&P Merval restó 3%, pero los títulos públicos subieron 2% en dólares en promedio. El indicador de JP Morgan se desploma 6%.


Los operadores del mercado financiero reaccionan de forma ambigua a los anuncios efectuados ayer a la mañana por el ministro de Economía Martín Guzmán. 

Por un lado, los precios de las acciones retroceden, ante la perspectiva de una inversión debilitada por las restricciones, en el marco de una actividad económica que seguirá resentida.

Por el otro, se observa una mejora en la cotización de los bonos, frente a un Gobierno preocupado aumentar sus ingresos a través de la presión tributaria y los controles, con el objetivo de sumar divisas para hacerle frente a los vencimientos. El Riesgo País de JP Morgan retrocedió para la Argentina debajo de los 2.000 puntos por primera vez en dos meses.

Entre las definiciones del jefe de Hacienda sobre el proyecto de ley de Emergencia Económica enviado al Congreso -recaratulado como “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”- destacaron la extensión del impuesto de 30% a la demanda de divisas para atesoramiento, el aumento de las retenciones al agro y la suspensión del impuesto a la renta financiera para plazos fijos y bonos en pesos.

Por otra parte, el proyecto especifica que el Tesoro podrá emitir casi U$S 4.600 millones en Letras, que podrán ser colocados en el activo del Banco Central –como Letras Intransferibles- a cambio de divisas con las que se podrán afrontar pagos de deuda en moneda extranjera.

Aunque no puede hablarse de un ajuste en el plano fiscal, el ministro Guzmán confirmó que se impulsará un cambio en el esquema de actualización de haberes, para escindirla de la indexación por inflación, habida cuenta que más del 40% del gasto público consiste en el pago de jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el salario familiar y las prestaciones no contributivas.

“Estamos tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles elevados de crecimiento por otra fórmula que tiene que ser consistente y razonable”, puntualizó Guzmán.

Luego de los anuncios, la Bolsa porteña operaba en baja, con una clara toma de ganancias de 3% para las acciones, luego de acumular cuatro sesiones consecutivas de avances en pesos, en las que sumó una ganancia de 8 por ciento.

El índice líder S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) volvía a ceder debajo de los 37.000 puntos. Entre las acciones que más retrocedían se destacaban las del segmento energético.

Una carga tributaria que aumenta para el sector privado y con una actividad económica que probablemente no ofrecerá signos de expansión en 2020 atentan contra la inversión financiera en títulos privados, es decir, la renta variable.

El contrapeso lo aportaron los bonos soberanos, que en las emisiones dolarizadas y del tramo corto de la curva mejoran más de 2% en dólares en promedio. Como consecuencia de la evolución de las cotizaciones, el Riesgo País cae 131 unidades o 6,2%, a 1.982 puntos básicos, la cifra más baja desde el pasado 15 de octubre.

Un análisis de Portfolio Personal Inversiones ponderó que el joven ministro “ratificó que no habrá cambios en relación a los controles de capitales, pero si habrá modificaciones en relación a las cuentas fiscales. El Gobierno buscará equilibrar el aumento del gasto con mayores ingresos” a través de tributos como retenciones y bienes personales, a la vez que “destacó que no puede permitir que déficit fiscal crezca, y que no financiarían el déficit con emisión, remarcando que todas las medidas están orientadas a estabilizar la inflación”.

Los analistas del Grupo SBS estiman que por el aumento de los derechos de exportación se “elevaría la recaudación por derechos de exportación en 0,3% del PBI adicionales a los cambios del sábado, llegando a un agregado de 0,7 punto porcentual del PBI con respecto a 2019”. En tanto, el anunció de un bono de $ 2.000 para los beneficiarios de la AUH y dos de $ 5.000 para los jubilados que perciben el haber mínimo, supondrá un costo fiscal directo de 0,15% del PBI.

Juntos por el Cambio anunció que no dará quórum para debatir el megaproyecto de Emergencia

Desde la oposición expresaron sus reparos al proyecto enviado ayer a la mañana al Congreso por el Poder Ejecutivo.


Reunión del interbloque de Juntos por el Cambio, ayer a la tarde
Luego de que el Gobierno enviara ayer a la mañana al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que contempla mayores facultades para administrar el Estado hasta el 31 de diciembre de 2020, desde Juntos por el Cambio plantearon su rechazo a la extensión de los “superpoderes” y tras una reunión de interbloque anoche anunciaron que no darán quórum en la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados.

"El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio está reunido en plenario y decidió por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional", comienza el comunicado.

"A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", continúa el texto.

"Además, por unanimidad, el Interbloque resolvió no dar quórum en la sesión del próximo jueves", concluye el comunicado.

En tanto, vía Twitter el diputado Luciano Laspina, elegido ayer a la tarde como vicepresidente de la comisión de Presupuesto que mañana deberá debatir la iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo sostuvo que "el Interbloque Juntos por el Cambio no dará quórum ni apoyará una ley que pretende darle la suma del poder público al nuevo gobierno, ignorando la representación que nos dio más del 40% de los argentinos".

Más temprano, el titular del interbloque Mario Negri había expresado que “nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad”.

En un comunicado difundido por el radical se cuestionaba puntualmente la suspensión de la fórmula de movilidad previsional, la intervención de los órganos reguladores de los servicios públicos -como Enargas o ENRE- y las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional -que según la oposición superan a las facultades de la Ley Dromi durante el menemismo-.

Alberto le parte la Jefatura de Gabinete a Cafiero y le deja a Béliz el manejo económico

El ex ministro de Justicia se quedará con la estratégica Dirección que define los proyectos con financiamiento externo, luego del traspié del nieto de don Antonio  Cafiero con el congelamiento de tarifas.


Las apresuradas declaraciones de Santiago Cafiero durante el último fin de semana no cayeron nada bien en el gobierno. Según comentaron fuentes de la Rosada, el Jefe de Gabinete recibió un importante "tirón de orejas" por haber afirmado que no estaba previsto congelar tarifas, como finalmente ocurrió.

Esta situación hizo crecer la influencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que en estos momentos es el consejero más escuchado por Alberto Fernández.

El ex ministro de Néstor Kirchner se quedará con gran parte del manejo económico de la Jefatura de Gabinete, incluyendo a la estratégica Dirección Nacional de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo.

Con esta área bajo su órbita, Béliz decidirá qué proyectos financiará y cuáles no, lo que le otorga una gran fortaleza política en su trato con el resto de las provincias. De todas formas, la ley de administración financiera determina que todo proyecto deberá contar con la firma del Jefe de Gabinete, lo que podría quedar sujeto a modificación para agilizar la operatoria.

"No tiene sentido que Béliz haga todo el análisis previo y después Cafiero ponga el gancho a lo que dice Béliz", sostienen desde el entorno del secretario. "Se puede decir que Béliz es el verdadero superministro y viene con todo un equipo armado", agregaron las fuentes consultadas.

Por otro lado, el flamante secretario también controlará la subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales, que previamente se encontraba bajo la directriz del Palacio de Hacienda, otro lugar que mueve muchísimo dinero al manejar los créditos del BID. Actualmente tiene 30.000 millones de dólares en ejecución y 3.900 millones sujetos a aprobación.

En tanto, también se está evaluando quitarle a Cafiero la secretaría de Modernización que históricamente era parte de presidencia, pero Macri Blanco Villegas la separó para que Ibarra haga el monitoreo de contrataciones. De hecho, uno de los motivos por los cuales Alberto convocó a Béliz es justamente su experiencia en propuestas de modernización del Estado, que estuvo trabajando durante varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además de adelantar parte de las medidas de ayer, el Jefe de Gabinete había asegurado que las tarifas no se iban a congelar porque podría "impactar fuertemente sobre núcleos de inversión que son necesarios". Como es sabido, Alberto Fernández salió a contradecirlo al día siguiente y ayer a la mañana Guzmán confirmó que dichos precios no sufrirán modificaciones durante 180 días.

Urribarri enfrenta el desafío de reconstruir la relación con Israel

Desembarcará en una embajada clave. El objetivo de desactivar la tensión y colaborar en el acercamiento a Estados Unidos.


Sergio Urribarri será designado embajador de Argentina en Israel, en un desafío para reconstruir la relación bilateral que entró en tensión con el kirchnerismo por el Memorándum con Irán, el caso Nisman y la polémica sobre la posibilidad de excluir a Hezbollah del registro de organizaciones terroristas, un tema que debió salir a aclarar el canciller Felipe Solá para llevar tranquilidad a la comunidad judía.

El nombre del ex gobernador de Entre Ríos, un dirigente de confianza de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, fue presentado entre los doce pliegos que Solá envió al Senado para su ratificación, entre los que también figuran de Jorge Argüello (Estados Unidos), Domingo Peppo (Paraguay), Alberto Iribarne (Uruguay) y Daniel Scioli (Brasil). 

Urribarri deberá reemplazar a Mariano Caucino, quien ejerció el rol diplomático hasta diciembre y mantuvo una buena relación con Israel en sintonía con el régimen del hijo bobo de Franco Macri.

Como pudo saberse a través fuentes del peronismo, Urribarri plantea que su intervención debe llevar a colaborar en una mejora de las relaciones. Habla de una actitud pragmática, racional, aun sabiendo que habrá ejes en los que no pueda influir y tendrán que ver con decisiones de Cristina y Alberto. "Su intención es mostrarse como un embajador peronista racional, que busque normalizar las relaciones", explicaron desde el gobierno.

Más allá de la cuestión estrictamente bilateral, la relación con Israel se vuelve preponderante por ser un aliado clave para Donald Trump. Es crucial el poder de la comunidad judía en Estados Unidos, tanto en ámbitos financieros -donde influirá para la negociación de la deuda con privados en Wall Street- y también políticos, ya que el voto de ese país es determinante en el FMI.

Si Urribarri hace un buen papel para desactivar la tensión, sabe que en el mediano plazo podrá capitalizarlo a título personal. En el peronismo destacan el caso de Juan Manzur, que trabajó durante mucho tiempo su vínculo con Israel. El entrerriano es un político profesional, con dos gestiones como gobernador -entre 2007 y 2015- al que desembarcar en ese país le resulta un desafío.

La decisión de mandar a ese país al ex gobernador de Entre Ríos, que hace unos días dejó la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, también responde a una coyuntura local donde Alberto buscó despejar la interna del PJ para afianzar su relación con el gobernador Gustavo Bordet.

Según fuentes al tanto de las negociaciones, se hablaba de ofrecerle una embajada a Urribarri. Pese a la versión que quiso instalarse de que no le darían nada, finalmente se quedó con uno de los puestos más codiciados, ya que la de Israel junto con la de Estados Unidos, España, Alemania y Brasil son los principales lugares donde Alberto pone el foco.

Loa agrogarcas en pie de guerra: las bases presionan a la Mesa de Enlace para iniciar un plan de lucha

Los dirigentes reiteraron su rechazo a la suba de retenciones y le exigieron diálogo al Gobierno. Asambleas de productores al costado de las rutas.


Los directivos de las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace tuvieron el lunes una de esas frenéticas jornadas que hizo recordar mucho a la pelea con el kirchnerismo por las retenciones móviles en 2008.

Es que la presión de las bases y de los autoconvocados para iniciar algún tipo de plan de lucha contra el Gobierno por la suba de retenciones es por estas horas el principal factor de preocupación de los dirigentes rurales.

La primera reunión se realizó en la Cámara de Diputados. Allí Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural) y Carlos Achetoni (FAA) fueron recibidos por Sergio Massa y Luis Basterra.

El presidente de la Cámara baja y el ministro de Agricultura ratificaron la posición del Gobierno en función de actualizar el 12% y 30% en los derechos de exportación al agro que reinstaló Mauricio Macri en septiembre de 2018.

Al término de dicho encuentro, los dirigentes se trasladaron a la sede de CRA en el barrio porteño de San Telmo donde rechazaron la suba de retenciones y reafirmaron el camino del diálogo con el Presidente Alberto Fernández.

"Las retenciones son un mal impuesto dado que no tiene en cuenta la realidad de los productores, desincentiva la inversión y reduce la competitividad de las exportaciones", señaló la Mesa de Enlace.

Los directivos de las cuatro entidades rurales calcularon el impacto de la suba de retenciones en u$s 1.800 millones extra y acordaron esperar a conocer el paquete de medidas en el marco de la Ley de Emergencia que el Gobierno envió al Congreso.

Las entidades destacaron además que los productores aportaron más de U$S 170.000 millones desde 2002 en concepto de retenciones. "El esfuerzo que se le pide a la sociedad debe ser compartido en igual medida por la política y el Estado", apuntaron.

En este contexto, el fin de semana hubo varias asambleas en diversos puntos del interior del país. Entre las más concurridas se cuentan la de Armstrong (Santa Fe), la de Crespo (Entre Ríos) y la de Junín y Mercedes (Buenos Aires).

También hubo concentraciones al costado de las rutas en Venado Tuerto, Roldán, Guerrico y Alto Fierro, entre otras localidades. Los asambleístas coincidieron en iniciar acciones "contundentes" en caso de que el Gobierno no de marcha atrás con la medida.

De hecho, la agrupación de productores autoconvocados denominada "Campo Mas Ciudad" planteó directamente la necesidad de debatir un plan de lucha que incluya medidas de fuerza en rechazo a la suba de retenciones.

En las redes sociales, por su parte, cientos de productores adhirieron a la marcha que se está organizando para el miércoles 18 frente al Congreso de la Nación en rechazo a la batería de resoluciones dictadas el fin de semana.

Por otro lado, en las últimas horas surgió una contraofensiva de sectores políticos vinculados al Frente de Todos que impulsó una campaña digital "#YoNoSoyElCampo" bajo la consigna "Al campo solo le interesa su bolsillo".

Como sea, la preocupación de los productores no solo pasa por la suba de retenciones sino también porque llega en pleno cepo cambiario que tiene como objetivo planchar el valor del dólar oficial en un contexto inflacionario.

Una senadora de Neuquén dejó Juntos por el Cambio y conformará un monobloque

Lucila Crexell se apartó de la principal bancada opositora tras un conflicto por la sucesión de un legislador. Su nuevo espacio se llamará "Movimiento Neuquino".


La legisladora nacional por Neuquén Lucila Crexell resolvió abandonar la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado para conformar su propio monobloque, al que llamará "Movimiento Neuquino".

Fuentes parlamentarias confirmaron este martes que Crexell, quien ganó su banca como parte del macrifascismo en las elecciones del 27 de octubre pasado, se alejó del interbloque opositor tras un cortocircuito con la UCR.

La senadora Crexell reclamó que un radical ocupe la banca que le perteneció a Horacio "Pechi" Quiroga, quien falleció el 12 de octubre pasado.

El pedido de Crexell fue escuchado recién cuando llegó a la Corte Suprema, y aunque logró que se respetara su lugar en la lista que figuraba en la boleta electoral la relación con sus compañeros de bloque no se recompuso.

"Después de todo el desconocimiento de Juntos por el Cambio al lugar que ocupaba en la lista y a la aplicación de la ley de paridad se generó una ruptura y pérdida de confianza a la posibilidad de poder tener una armonía en el trabajo. Hicieron todo para dejarme afuera y dejarme sola", dijo Crexell al sitio Río Negro.

Con su salida el espacio opositor en la Cámara alta quedará con 22 integrantes de 72. 

La legisladora había llegado a Cambiemos / Juntos por el Cambio en junio de este año de la mano de Miguel Ángel Pichotto, ex senador por Neuquén y candidato a vicepresidente de la fórmula de Miauricio Macri Blanco Villegas.

En las últimas horas Crexell afirmó que no será aliada de ningún interbloque, pero fuentes de la oposición en el Senado no descartaron que su voto sea afín al oficialista Frente de Todos.

Moyano le sugiere al "Gallego" Fernández que renuncie a la UTA

Hay 60 líneas de paro. La rebelión la encabeza Bustinduy, de vínculos con el  líder de los camioneros.


Hugo Moyano salió a presionar en medio del escenario de extrema tensión que atraviesa la Unión Tranviarios Automotor (UTA), luego de que una facción interna le tomara el gremio a su conductor Roberto "Gallego" Fernández.

"Si yo fuera él y me tocara una situación así ya habría presentado la renuncia. ¿Cómo se puede creer que tenga razón, ante el reclamo de tantos trabajadores?", dijo el líder de Camioneros tras los feroces incidentes del lunes por la tarde en la sede del sindicato, donde hubo once heridos y Fernández terminó atrincherado en una terraza.

Como informara Currín, los incidentes se produjeron tras el paro sorpresivo en unas 60 líneas de colectivos, motivado por una corriente interna que encabeza Miguel Bustinduy, un dirigente al que le adjudican vínculos con Moyano. "Es un disparate total, seguramente para tratar de involucrarme en algo que no tengo nada que ver", se quejó este martes el camionero.

Las protestas comenzaron cerca del mediodía de antes de ayer y estuvieron encabezadas por personal de la empresa DOTA. Bustinduy aseguró que dos choferes fueron despedidos mientras tenían fueros gremiales.

Fernández enseguida salió a rechazar la huelga y aclarar que no contaba con el respaldo de la UTA, lo que desató la bronca y la posterior toma de la sede del gremio.

"Las medidas están siendo orquestadas por un grupo de dirigentes que perdió las elecciones de nuestro gremio y que no tiene, por lo tanto, ninguna autoridad orgánica", rechazó el secretario general del sindicato.

En comunicación con el canal de noticias ultraopositor TN, el "Gallego" pidió que la policía interviniera para expulsar a los opositores que ocuparon el edificio. Además aseguró que se había encerrado en la terraza de la sede de Balvanera. "Me tomaron el gremio. Si suben, los mato a fierrazos", amenazó en declaraciones radiales.

Desde la oposición denunciaron que en los últimos meses se multiplicaron los despidos en el sector. Dota es una de las empresas más importantes del sector, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

Ayer, por segundo día consecutivo, las líneas que no funcionaron por la medida de fuerza fueron las 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

Tras haber advertido que no permitiría que Milagro Sala recuperara la libertad, Lange de Falcone fue desplazada por su pares de la presidencia de la Corte de Jujuy

Los integrantes del máximo tribunal de justicia provincial, integrado entre otros por dos ex legisladores que votaron la ampliación del cuerpo 24 horas antes dejar sus bancas, repudiaron sus dichos. La reemplazará el radical Pablo Baca.


La integrante del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Clara "Titina" Lange de Falcone se quedó sin respaldo para continuar prejuzgando a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, desde el lugar de la máxima autoridad del poder judicial jujeño. Pocos días después de haber asegurado que no permitiría que Sala quedara libre, los integrantes del STJ aprobaron por unanimidad su desplazamiento de la presidencia del tribunal, y emitieron un comunicado en el que se diferenciaron de sus dichos. 

"Tales expresiones exceden las atribuciones de representación de la Presidencia del Cuerpo y no reflejan la posición institucional del Superior Tribunal de Justicia", señalaron los ocho integrantes del STJ, entre ellos, Pablo Baca, nuevo presidente del tribunal, quien llegó a ocupar su sillón, en 2016, tras votar como diputado del gobernador Gerardo Morales la ampliación del STJ de 5 a 9 miembros . 

"Me animo a adelantarme: no vamos a permitir que quede libre esperando que quede firme su sentencia; creo que la sociedad no lo va a permitir porque no quiere volver a lo que se ha vivido", habían sido las palabras de la entonces presidenta del STJ, que intentó excusarse en que hablaba desde su lugar de "ciudadana común"

Las declaraciones fueron realizadas el jueves pasado, paradójicamente durante la presentación de la Asociación Justicia Jujuy. El repudio público que generaron sus dichos, que incluyó una rápida réplica de la Asociación de Abogados de Jujuy, provocó que el lunes el STJ se reuniera para definir las autoridades del tribunal 2020 y corriera a Lange de Falcone del lugar que ocupó durante cuatro años consecutivos, desde la asunción del gobernador fascista Gerardo Morales. 

Cabe destacar que el mismo tribunal que ahora decidió desplazar a Lange de Falcone, en los años previos había acordado mantener a "Titina" en la presidencia, a pesar de que había hecho declaraciones similares contra Milagro Sala. En mayo de 2017, tras la visita del Comisión de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Lange de Falcone sostuvo que Sala "no es una presa política, sino una política presa"  y lo argumentó con recursos similares a los esgrimidos la semana pasada: "Lo digo no como presidenta del Tribunal, sino como abogada con 52 años de carrera". 

Pocos meses después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una cautelar para que se liberara o pasara a prisión domiciliaria a Sala, Lange de Falcone advirtió que solo se trataría de un "cambio de lugar en cuanto a la prisión", a pesar de que los jueces aún no habían definido si optarían o no por dejarla en libertad. Y mostró su disgusto por tener que acatar la decisión de la CIDH, cumpliendo con los pactos internacionales firmados por el país. 

Aquel mismo año (2017), la oposición solicitó el juicio político contra Falcone de Lange por una denuncia presentada ante la Justicia Federal, en la que se la investigaba por una serie de correos electrónicos en los que habría coordinado la presentación de testigos ante la misión de la CIDH para evitar que se aceptara la cautelar a favor de Sala. 

La ahora ex presidenta del STJ es una ex diputada radical que llegó a ser máxima autoridad en 2016, luego de la polémica ampliación de los miembros del tribunal a pedido de Morales. Falcone de Lange es además suegra de Gastón Mercau, uno de los jueces que entiende en las causas contra Sala. Entre otras denuncias, la jueza estaba sospechada de la apropiación ilegal de uno de sus hijos .

Liberaron al gremialista Omar “Caballo” Suárez

El ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se encontraba bajo arresto domiciliario.


El Tribunal Oral Federal 4 ordenó liberar a Omar “Caballo” Suárez, quien está siendo juzgado por asociación ilícita. El gremialista se encontraba bajo arresto domiciliario, pero la defensa pidió su excarcelación en virtud de las nuevas pautas del Código Procesal Penal en materia de prisiones preventivas.

El TOF dispuso que permanezca en libertad, con tobillera con GPS y dispuso que no puede alejarse de un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia o ausentarse por más de 24 horas. También debe “abstenerse de concurrir a las instituciones, entidades y empresas que se encuentran abarcadas por el objeto procesal de esta causa”. No puede salir del país y debe comprometerse a no obstaculizar la investigación.

La defensa del sindicalista había solicitado que cesara su detención preventiva a la luz de las nuevas normas que instan a los magistrados a optar por medidas menos lesivas para la libertad de las personas cuando fuere posible.

“La reciente implementación de una previsión que regula con mayor rigor el principio constitucional de necesidad de las medidas de coerción, superando el esquema casi binario de libertad provisional o prisión preventiva que rigió hasta hace poco, impone dilucidar si este progreso en el debate debe verse reflejado en una sustitución de las medidas de coerción adecuadas para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva”, sostuvieron los jueces del TOF 4, a cargo de Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado.

Asimismo, añadieron que “debemos relevar que Enrique Omar Suárez se ha presentado y asiste regularmente al juicio oral y público en curso, como también que, en dicho marco, hemos recibido todas las declaraciones indagatorias de los imputados que así lo decidieron, de manera que en febrero próximo se dará inicio a la producción de prueba testimonial. Bajo este panorama, la reciente implementación de una previsión que regula con mayor rigor el principio constitucional de necesidad de las medidas de coerción (art. 210 CPPF), superando el esquema casi binario de libertad provisional o prisión preventiva que rigió hasta hace poco (art. 310 CPPN), impone dilucidar si este progreso en el debate debe verse reflejado en una sustitución de las medidas de coerción adecuadas para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva”.

Histórico secretario general del SOMU, Suárez comenzó a dirigir el gremio en 1989 y estuvo hasta septiembre de 2016 cuando fue detenido. Está procesado por los delitos de asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables que pedirle dinero a los barcos que querían ingresar a los puertos a través de una fundación y de una empresa vinculadas al gremio. Por esos hechos ya está en juicio oral.

La denuncia contra Suárez fue realizada por la interventora del sindicato, la diputada nacional del PRO Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.

Días atrás, el juez Canicoba Corral había dictado un nuevo procesamiento contra Suárez y otros por lavado de dinero, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita. Pero ese fallo no incluía la prisión preventiva.

Denunciaron por violación a Pablo Rago

Una joven radicó su acusación en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y narró la experiencia que tuvo con el actor.


Pablo Rago fue denunciado por violación por una joven que presentó una exposición en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La denunciante, llamada Érica Basile, aseguró en el año 2015 tuvo un encuentro con el actor y que él la penetró sin su consentimiento.

"Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien. Aparte, estábamos hablando de trabajo, me había prometido trabajo en limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, indicó Basile en declaraciones a la prensa.

“Hasta ahí todo bien. Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas, y lo que él quería... él tenía un pedido sexual, que yo no estaba acostumbrada. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima”, reveló y añadió que esa situación fue filmada por Rago con una cámara profesional.

“Yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso. Me siguió apretando para que lo orine y me puse incómoda, me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando. Empezó a gritarme diciéndome 'para qué viniste, no sos una nena'. Yo le dije que no me gustaba que me traten como una puta, le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”, sostuvo la mujer y agregó que "cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”.

“Cuando me fui no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”, continuó Basile, antes de explicar que decidió denunciarlo para liberarse de la humillación y obtener tranquilidad en su vida.

“Después de eso me mandaba videos masturbándose y preguntándome ‘¿Cuándo vas a venir a tocarme?’. Yo no volví más, quedé humillada. Él me pedía fotos y fue como un abuso de poder. Él denigra a las personas”, aseguró.

“Es un violento y un machista. La mujer es un objeto para él. Está claro. Juega con la necesidad de la gente y se burla. Todo lo que le había contado era para su estimulación y no tuvo sentido. Se ve que tiene algún problema sexual”, sentenció la joven.

martes, 17 de diciembre de 2019

Alberto anunció un bono de $ 5.000 para los jubilados

Confirmó que cobrarán un bono a fin de año pero además le sumó la posibilidad de que quienes perciben la mínima tengan medicamentos gratis. También se congelarán las tarifas.


El presidente Alberto Fernández anunció ayer el pago de un bono de $ 5.000 para los jubilados, y el beneficio extra de medicamentos gratis para quienes cobran la mínima.

El anuncio se suma a una serie de medidas que para recomponer el poder adquisitivo de los integrantes más vulnerables de la sociedad: también se le asignarán hasta $ 6000 de fondos a las tarjetas de alimentos para familias con hijos de seis años o menos.

Además Fernández anunció en una entrevista con el canal Telefe que las tarifas de los servicios se congelarán "hasta el 30 de junio" hasta tanto se revea la necesidad de modificarlas.

El jefe de Estado explicó que la nefasta administración de Miauricio Macri Blanco Villegas había aprobado aumentos tarifarios que se suspendieron tras los resultados de las PASO, adversos para Cambiemos. Por eso el r{egimen anterior "se fue sin aplicar esos aumentos", explicó.

"Nosotros no vamos a aplicarlos, nos vamos a dar hasta el 30 para redeterminar el sentido de la tarifas", señaló el presidente, al tiempo que hizo énfasis en que el sistema tarifario actual "está pensado" en la convenciencia de las compañías prestadoras de servicios, pero "esas empresas tienen un colchón amplio para que podamos discutir un nuevo régimen tarifario".

Los precios de los medicamentos bajarán 8% y se congelarán hasta febrero

Así lo anuncióel ministro de Salud, Ginés González García, tras llegar a un acuerdo con las farmacéuticas.


Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García,
reunidos con representantes del sector farmacéutico
Los laboratorios farmacéuticos accedieron a dejar sin efecto los aumentos en los precios de lista de los medicamentos aplicados a principios de mes y, de esta forma, bajarlos aproximadamente un 8%. Además, se comprometieron a no aplicar nuevos aumentos hasta el primero de febrero, por lo que hasta esa fecha regirán las listas del 6 de diciembre, como parte de la Emergencia de Salud.

Así lo anunciaó Ginés González García. "La industria vino a comunicarle al presidente Alberto Fernández su contribución rebajando los medicamentos", dijo el ministro.

La medida regirá sobre toda la cartilla de productos farmacéuticos, pero no aplicará a priori para los afiliados del PAMI, que ya reciben un descuento del 30%. En tanto que para los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Gobierno estaba trabajando en conseguir una rebaja adicional del 1,5% si se levanta un gravamen sobre el precio final de los medicamentos.

Por su parte, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) hizo público que "ha recomendado a sus asociados una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos de todos los segmentos, tomando como referencia el precio publicado de venta al público del viernes 6 de diciembre".

El nuevo nivel de precios podría sostenerse en el tiempo una vez empezado febrero. Según señaló Eduardo Macchiavello, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), el compromiso es de "mantener la rebaja por 50 o 60 días".

Además, el Gobierno anunció que volverá a poner en marcha el plan de entrega de anticonceptivos y el programa Remediar, al que la nefasta gestión de Macri Blanco Villegas le cambió el nombre a Cobertura Universal de Medicamentos (CUS) y le redujo la cantidad de medicamentos destinados a la entrega en los Centros de atención Primaria.

Sin embargo, el ministro de Salud aclaró que la implementación del nuevo Remediar puede demorarse hasta cuatro meses entre la habilitación de los fondos para las compras públicas de medicamentos, los llamados a licitaciones y la puesta en marcha de la logística para la distribución de los medicamentos.

Alberto lanza el Plan Estratégico Automotor 2030 para reactivar la industria argentina

Por Nicolás Lantos para El Destape web

El acto que encabezará hoy el presidente, rodeado de sindicalistas y empresarios, será en la sede de SMATA.


“Es la hora de la industria argentina”, promete, con entusiasmo, un funcionario de primera línea del gobierno nacional. El primer paso concreto en esa dirección se dará hoy por la mañana, cuando el presidente Alberto Fernández encabece el acto de presentación del Plan Estratégico Automotor 2030, rodeado de sindicalistas y empresarios en la sede de SMATA, el gremio que nuclea a los trabajadores metalmecánicos. 

El proyecto propone declarar a la industria automotriz como un sector estratégico para la economía argentina y crear un Instituto de la Movilidad que diseñe programas que tiendan a la modernización y la sustentibilidad de esa actividad, que resulta clave para la economía argentina.

El objetivo es salir de la trampa que condena desde hace décadas al sector: por un lado, constituye una de las principales fuentes de empleo altamente calificado; por el otro, genera déficit en la balanza comercial porque utiliza insumos importados y no exporta lo suficiente para equilibrar esa sangría. Por eso, se apunta a conseguir inversiones agresivas en materia de investigación, desarrollo e innovación que pongan en algunos años a la Argentina a competir en segmentos donde hoy no hay un circuito local desarrollado, como software o fuentes alternativas de energía. “Hoy la electrónica, la conectividad y el software son tan o más relevantes que el hardware y la mecánica”, aseguran los autores del Plan.

Los nuevos métodos de movilidad, la problemática del tránsito en las grandes ciudades y la preocupación por la sustentabilidad medioambiental también son variables contempladas en el proyecto, que apunta a que lo que hoy conocemos como “industria automotriz” se transforme, en pocos años, en una “industria de la movilidad”. Ese será el desafío a nivel global para el futuro inmediato y Argentina comienza esa carrera desde una posición rezagada. “No se trata solamente de hacer crecer al sector, es una cuestión de supervivencia”, coinciden fuentes gremiales y empresas del rubro. Para paliar ese déficit, es necesaria una intervención decidida y vigorosa del Estado.

En ese sentido, se propondrá que el gobierno promueva herramientas de crédito y fiscales específicas para proyectos que apunten al desarrollo tecnológico y a la creación de nuevos puestos de trabajo altamente calificados; que genere un marco normativo previsible en el largo plazo para atraer inversiones que financien esos proyectos; que gestione a través de cancillería acuerdos de comercio exterior que permitan aumentar el caudal de exportaciones, ya sea de unidades terminadas como de autopartes y otros insumos tecnológicamente avanzados; que lance un plan de renovación del parque automotor nacional, después de cuatro años en los que el número de autos cero kilómetro comercializado cayó a niveles cercanos a los de la crisis de 2002.

En la presentación de hoy, Fernández estará acompañado por el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli; su par de la UOM, Antonio Caló; el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores, Gabriel López; el de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Raúl Amil, entre otros referentes del sector. También estarán representados los concesionarios y otras industrias que funcionan como satélite en la cadena de producción de vehículos. El hombre que se encargó de unir esos sectores y coordinó el trabajo en el Plan Estratégico es el ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, alejado de las cámaras en esa etapa. Además, se espera para la presencia de funcionarios de primera línea, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Reorientan los planes sociales y de empleo: crearán cooperativas de producción y el Estado invertirá 30 mil millones en su desarrollo

El ministerio de Desarrollo Social cambiará la contraprestación de los planes "Haciendo Futuro" y del salario social complementario, dándoles un sentido productivo. Para esto formará cooperativas en cinco áreas, -de la construcción, textil, producción de alimentos, de reciclado y de cuidado. 


El ministerio de Desarrollo Social cambiará la contraprestación de los planes "Haciendo Futuro" y del salario social complementario, dándoles un sentido productivo. Para esto formará cooperativas en cinco áreas (de la construcción, textil, producción de alimentos, de reciclado y de cuidado). 

El criterio es darle impulso a la economía popular, y entre las líneas de trabajo que podrían ponerse en marcha rápidamente, antes de fin de año, está la creación de cuadrillas que mejoren las instalaciones de los clubes de barrio. La experiencia con estas cooperativas de construcción o infraestructura barrial ya ha sido históricamente probada, con buenos resultados. La decisión de avanzar en el fortalecimiento de los jardines maternales y otros espacios similares tiene que ver con el creciente reconocimiento de los trabajos de cuidado.

De la implementación de estos criterios, que tendrán impacto sobre cinco millones de trabajadores informales, estarán a cargo dos dirigentes de las organizaciones sociales que el miércoles fueron nombrados por el ministro Daniel Arroyo como parte de su gabinete. Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, fue designado secretario de Economía Social y Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, subsecretario Promoción de la Economía Social.

Arroyo había anticipado en la campaña que considera a los movimientos “parte de la solución y no del problema”. Para reactivar las cooperativas, Desarrollo Social destinará un refuerzo de 30 mil millones de pesos durante este año, dicen en el Ministerio, donde el concepto de trabajador de la economía popular -entendido como otro enfoque desde el que encarar la crisis de empleo-, es uno de los ejes del programa.

Como se sabe, durante la gestión de Cambiemos la totalidad de los programas sociales fueron transferidos al ministerio de Desarrollo Social. En esa reasignación, se cambió la contraprestación de los integrantes de cooperativas de producción, o de construcción, mandando a todos los beneficiarios de planes sociales a estudiar. La medida fue tomada por el mismo gobierno que en esos momentos cerraba escuelas, e intentaba desarmar los bachilleratos para adultos, ajustando el gasto educativo. Y en los hechos, desarmó miles de cooperativas de trabajo. En los cuatro años de gestión macrifascista, cerca de 8 mil cooperativas de trabajo perdieron su matrícula o fueron dadas de baja.

Uno de los motivos fue que mandando a todo el mundo a estudiar, el Estado nacional ajustó el gasto destinado a dotar de herramientas, maquinarias e insumos a las cooperativas de trabajo, un “ahorro” que luego, por el agravamiento de la crisis social, lo llevaría finalmente a tener que aumentar la cantidad de planes sociales.

“Sabemos que la economía formal no llega a generar el empleo que necesitamos como sociedad. Hay una decisión de pasar del asistencialismo al desarrollo de la economía popular, porque como viene planteando el ministro, el asistencialismo fracasó como política pública para erradicar la pobreza”, dijo tras su designación Daniel Menéndez. El nuevo subsecretario agregó que para darse una idea, “con un crecimiento de la economía del 3 por ciento anual, que está dentro del rango de lo considerado un crecimiento normal, se generan 150 mil empleos; pero cada año en la Argentina se agregan al mercado laboral 150 mil personas. Es decir que con un crecimiento económico normal no hay forma de dar la pelea contra la pobreza”.

Entre los reclamos de los movimientos para dar impulso a la economía popular hay ademas otras dos patas: la realización de un plan de integración sociourbana, que urbanice 4 mil asentamientos y villas, y el desarrollo de la agricultura familiar.

Otro aspecto esbozado como intención del plan de gobierno y en el que se esperan definiciones es el reconocimiento de derechos laborales a quienes cobran el salario social complementario. El tema fue anticipado por el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción. Está vinculado a la posibilidad de acceder a una obra social y -como tema de mayor peso- a contar con aportes jubilatorios. Hay trabajadores de la economía social que llevan más de veinte años en cooperativas, como es el caso de las fábricas recuperadas o el reciclado, y se acercan a la edad de retirarse sin posibilidades de hacerlo con un haber que reconozca sus años de esfuerzo.
Fuente: nota de Laura Vales para Página/12