Golpe a las apps de delivery: la Justicia ordenó prohibir el reparto en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires

La medida afecta a las firmas Rappi, Glovo y PedidosYa. Es hasta tanto se adecúen a las normas legales vigentes.

La Justicia ordenó al régimen fascista de la ciudad de Buenos Aires que prohíba la actividad de las empresas de delivery en bicicleta hasta tanto no se adecuen a las normas legales vigentes.

La medida afecta a las firmas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S.A., y fue tomada por el titular del juzgado n° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Andrés Gallardo.

Lo que exige la Justicia a estas empresas es que acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte porteño. Ordenó, además, que diseñen y ejecuten un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

El magistrado señaló que “como surge del relevamiento efectuado por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias a domicilio llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias, se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad contenidas en los artículos 13.3.5., 13.3.6., 13.4.2.2., 13.6.1. del Código de Tránsito y Transporte, y 13.4.2.2. del Decreto Reglamentario 198/18”.

Producto de ello, advirtió que “es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos)”.

Además, indicó que “frente al hecho de que cualquier medida que se adopte resentirá el ingreso que perciben los trabajadores de mensajería. Situación que golpeará de lleno en un colectivo que ya padece situación de vulnerabilidad e informalidad y que no tiene responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área hasta el presente”.

En lugar de acondicionar los accesos al subte, el régimen fascista porteño recusó a Gallardo

El régimen fascista de Horacio Rodríguez Larrata y las empresas Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Metrovías recusaron al juez Andrés Gallardo, quien días pasados dictó un fallo que dispuso que en las estaciones de subte donde no funcionen las escaleras mecánicas ni los ascensores, los pasajeros no debían pagar pasaje o bien se les debía reintegrar el dinero de cada viaje.

La presentación impulsada de la tríada recusatoria es coherente con las respuestas de las administraciones de la alianza de derecha Cambiemos a cada uno de los jueces que toman una decisión desfavorable o contraria a sus políticas. Esta vez la reacción fue contra el fallo emitido por Gallardo, que debería entrar en vigencia el lunes próximo.

Elmiércoles, funcionarios porteños y representantes de la operadora de los subtes y de la concesionaria del servicio anticiparon que presentarían un amparo para revertir la decisión judicial. Sin embargo, en las últimas horas la administración de Horacio Rodríguez Larrata decidió enfrentar al titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

La apelación solicita “que se disponga el apartamiento inmediato” de Gallardo de la causa, por “falta de imparcialidad con intencionalidad de perjudicar” al los responsables del servicio de subtes.

El juez había emitido el fallo que malhumoró al régimen fascista porteño en una causa iniciada por el propietario de un local comercial en una de las galerías del subte, quien además padece una discapacidad motriz. El reclamo original había recibido el respaldo de la Defensoría del Pueblo porteña, que alegó “trato discriminatorio” ante la falta de accesos mecánicos.

El fallo, que comenzaría aplicarse a partir del próximo lunes, dispuso que todo usuario que al ingresar o egresar de una estación observe escaleras mecánicas o ascensores fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa o pedir que se le reintegre esa suma en la tarjeta SUBE.

En vez de arreglar las escaleras mecánicas, el régimen fascista porteño irá contra el fallo que ordenó viajar gratis

Con el argumento de que “en ningún lugar del mundo” hay subtes en los que funcione el 100 por ciento de las escaleras mecánicas y ascensores, el titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Eduardo de Montmollín, confirmó que esa empresa y Metrovías apelarán el fallo de la Justicia porteña que dispuso que los usuarios de subtes podrán no pagar el viaje o exigir el reintegro del pasaje en aquellas estaciones donde no funcionen las vías de acceso mecánico.

Pero este insólito argumento no fue la única razón con la cual el funcionario anticipó que saldrá al cruce de lo dictado por el juez Andrés Gallardo, sino que además hizo una advertencia: “Apelamos porque lo que no recaudemos con la tarifa, lo van a terminar pagando todos los vecinos de la ciudad”, amenazó el sorete.

El martes, el titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario tomó la resolución tras constatar que Metrovías, la empresa que tiene la concesión del servicio público, no cumplió con un fallo judicial que le ordenó poner en funcionamiento todos los accesos mecánicos a las estaciones. 

De no mediar impedimentos, la gratuidad del viaje en caso de que no funcionen escalera ni ascensores entrará en vigencia a partir del lunes. Lo único que puede frenar esto es que la Justicia haga lugar al amparo de la administración fascista de Horacio Rodríguez Larrata. Para darle mayor fuerza a esta presentación, Montmollín dio una brindó una serie de estadísticas con las que trató de ilustrar la situación del servicio.

“El índice de funcionamiento de escaleras es del 94 por ciento. Lo que digo es que el 94 por ciento de las horas disponibles que tendrían que funcionar, están funcionando. Esto quiere decir que todas funcionan el 94 por ciento del tiempo”, intentó aclarar.

En toda la red de subtes hay “270 escaleras mecánicas y 100 ascensores”, precisó. “De ese total de 370 vías mecánicas de acceso, 340 funcionan normalmente”, agregó y deslindó responsabilidades en terceros, al señalar que “hay vandalismo y a veces son los pasajeros que detienen el funcionamiento de las escaleras”.

“No hay ningún subte del mundo que pueda garantizar que va a tener funcionando el 100 por ciento de las escaleras y ascensores durante las 18 horas de funcionamiento”, puntualizó el titular de SBASE, y planteó que si bien ese organismo hace las inversiones y las compras para el mantenimiento del servicio, es Metrovías la que tiene a cargo el mantenimiento de los vagones y estaciones.

Igualmente, defendió a la concesionaria. “Metrovías está trabajando para tratar mejorar el índice de mejoramiento de escaleras y ascensores”, aseguró.

La Justicia ordenó que los usuarios del subte viajen gratis en las estaciones en las que no funcionen escaleras mecánicas y ascensores

Por decisión del juez Roberto Gallardo los pasajeros que utilicen estaciones sin los accesos en condiciones estarán exentos de pagar el viaje o Metrovías deberá reintegrarles el dinero. La medida entrará en vigencia el próximo 18 de febrero.

La Justicia de la ciudad de Buenos Aires dispuso ayer que en las estaciones de subte en las que no funcionen las escaleras mecánicas o los ascensores los pasajeros no paguen la tarifa o le reintegran el dinero del viaje que realizó. Lo hizo tras constatar que Metrovías, la empresa que tiene la concesión del servicio público, no cumplió con un fallo judicial que le ordenó poner en funcionamiento todos los accesos mecánicos de las estaciones.

"Disponer que todo usuario de la red de transporte subterráneo que al ingresar o egresar de una estación observe que alguna de las instalaciones mecánicas (escaleras mecánicas, ascensores y/o salvaescaleras) se encuentre en ese momento fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa correspondiente al servicio regular", resolvió Roberto Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, y aclaró que la medida "alcanzará a todo usuario sin distingo en sus capacidades motrices", según el fallo al que accedió Currín.

El magistrado también le ordenó a Metrovías y a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) difundan la resolución judicial con un cartel en cada boletería y designó a tres veedores para constatar el cumplimiento de la medida.

El fallo establece que los usuarios que al llegar a una estación en la que no funcionen las escaleras mecánicas o los ascensores , Metrovias deberá tomar las medidas para que "no se cobre a los usuarios al ingresar la tarifa correspondiente al servicio regular, mientras persista el desperfecto". Y en el caso de quiénes ya realizaron el viaje y salgan de la estación el usuario "podrá acercarse a la boletería que se encuentre en la estación de que se trate y el personal de Metrovías SA deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe en la tarjeta SUBE".

La decisión fue tomada en una causa que se inició en 2016. Allí se denunció la falta de funcionamiento de los accesos y egresos mecánicos de las estaciones de subte. Se lo ordenó a Metrovias repararlos y como eso no ocurrió se le dio a la empresa incumplida la decisión judicial y se impuso el viaje gratis.

Según el fallo judicial, se hicieron constataciones periódicas en las que se determinó el incumplimiento. Una de ellas fue el 27 de septiembre del año pasado, "lo que arrojó como resultado que un gran número de los medios mecánicos de accesibilidad se encontraban fuera de funcionamiento", señala el fallo por lo que Metrovías fue multada con cinco millones de pesos.

Al mes siguiente se hizo otra inspección: "44 equipos entre ascensores y escaleras mecánicas se encontraban fuera de servicio". La empresa volvió a ser multada. Y el jueves pasado se determinó que había "51 medios de accesibilidad sin operatividad".

"Tal es el marco involutivo en que nos encontramos. Pareciera que pese a haber transcurrido más de dos años del inicio de la causa, las decisiones jurisdiccionales, las sanciones conminatorias, las necesidades de los usuarios, y las obligaciones contractualmente asumidas por el operador del servicio de transporte, Metrovías SA resultaría desinteresada en asegurar un eficaz funcionamiento de los ascensores y de las escaleras mecánicas instaladas en las estaciones de subterráneo", explicó el fallo.

La resolución señaló que las seis estaciones de subte tienen deficiencias en sus medios mecánicos. El ranking lo encabeza la línea B con 17 mecanismos fuera de funcioamiento y la C solamente uno, en la estación San Juan.

El juez Gallardo descartó que los problemas en las escaleras mecánicas o en los ascensores sean ajenos a Metrovías. Las empresas los adjudicó al "incorrecto uso por parte de los usuarios o por ejemplo en las demoras de los proveedores en asistir al desperfecto".

"Lo que aquí se busca no es satisfacer un capricho jurisdiccional, sino la efectiva utilización del servicio de transporte subterráneo por parte de los usuarios, actuales y eventuales, particularmente por parte de aquéllos que padecen o podrían padecer discapacidades motrices o movilidad reducida", completó el juez Gallardo en su resolución.

El juez Gallardo declaró la inconstitucionalidad del nuevo protocolo de "gatillo fácil" para las fuerzas de Seguridad y prohibió su aplicación en la ciudad de Buenos Aires

La Justicia porteña prohibió la aplicación del nuevo protocolo dispuesto por la beoda ministra de Seguridad, que habilita a la policía a disparar hasta por la espalda y sin dar la voz de alto. La cautelar le ordena al gobierno de la CABA que se abstenga de adherir al reglamento, luego de que el martes Rodríguez Larrata anticipara su intención de incorporarlo.

La Justicia porteña prohibió la aplicación del nuevo protocolo de seguridad que Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que flexibiliza y amplia el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad autorizándolos a disparar hasta por la espalda y sin dar la voz de alto. 

En respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento, el juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que decreta la inconstitucionalidad de la resolución dictada por ex montonera entregadora de compañeros y prohíbe su aplicación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

La medida del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

El juez Gallardo hizo lugar a la medida y decretó la inconstitucionalidad del nuevo protocolo. También declaró su inaplicabilidad en el territorio de la CABA y le ordenó al régimen fascista porteño que se abstenga de adherir al reglamento. 

Antes de ayer, Horacio Rodríguez Larrata había anticipado que la fuerza porteña, que estaba bajo la conducción de Martín Ocampo hasta el frustrado operativo de seguridad ante el partido de Boca-River, iba a incorporar los nuevos lineamientos de Bullrich Luro Pueyrredón ya que eso beneficiaría el trabajo en equipo de ambas fuerzas.

De acuerdo a la interpretación del juez, la resolución de la borracha hija de puta representa una respuesta “espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad” que trae como resultado un conjunto de reglas “transcriptas mecánicamente de normas internacionales”. 

Para Gallardo, esta nueva doctrina de mano dura, lejos de aumentar la seguridad, “somete a los habitantes a riesgos adicionales”.

"Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM", sostuvo Bregman.

El de Bregman no fue el único amparo que solicitó la nulidad de la resolución 956/2018 publicada el lunes en el Boletín Oficial. La agrupación de abogados Nace un derecho también presentó una medida urgente para que la Justicia se expidiera sobre el nuevo reglamento alegando que el protocolo vulnera la autonomía porteña, que tiene su propia ley de Seguridad, y lesiona los derechos “bajo el método de la represión y una política de exclusión”.

Santilli enfureció ante la decisión del juez Gallardo de frenar el protocolo del gatillo fácil

El vicejefe de Gobierno porteño, devenido también en ministro de Seguridad de la CABA, Diego Santilli, reaccionó a viva voz contra la Justicia. "No sé por qué un juez de la ciudad se mete en un reglamento federal", espetó.

El vicejefe de Gobierno porteño, insólitamente también a cargo del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, reaccionó vehementemente al cuestionar al juez Roberto Gallardo, quien declaró "inconstitucional e inaplicable" el protocolo del gatillo fácil, o como es nombrado desde el régimen macrifascista, "de uso de armas de fuego para las fuerzas federales".

"No sé por qué un juez de la ciudad se mete en un reglamento federal, la verdad que no entiendo, dice que es inconstitucional y nosotros estamos cumpliendo una ley”, disparó un Santilli enfurecido en declaraciones radiales.

No conforme con eso, dijo que "habría que preguntar por qué un juez de la ciudad se mete en un reglamento federal declarándolo inconstitucional", y se animó a decir que "todo reglamento, bienvenido sea".

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional e inaplicable en el territorio de la ciudad de Buenos Aires al polémico protocolo de gatillo fácil impulsado por la dipsómana ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón (ver nota aparte en esta misma edición).

"Nosotros adherimos en el marco de todo aquello que les sirva a los vecinos y a los ciudadanos para que vivan en paz", sostuvo Santilli.

"Nosotros tenemos una ley que no podemos desconocer en la Ciudad, que habilita la voz de alto del policía, en qué momento tiene que usar el arma en el marco de protección, y está bajo las normas de Naciones Unidas, pero es difusa en términos de armas no letales”, disparó.

Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, dijo que "existen elementos disuasivos, como el gas pimienta o los gases lacrimógenos, entre otros, que se pueden utilizar".

Apoyó el protocolo de la ex montonera entregadora de compañeros, pero tuvo que aclarar que "ningún protocolo permitiría que un policía dispare en medio de una gran aglomeración de gente o en lugares muy transitados". 

"Ayer (por el martes) estuve reunido con la ministra Bullrich y eso lo tiene bien en claro", dijo y agregó que "cuando hay gran aglomeración de gente, el policía no puede disparar. Está prohibido disparar en las manifestaciones, tampoco en Cabildo y Juramento o en Corrientes y Libertad" .

Aostuvo asimismo que el policía "está capacitado" para decidir cuándo disparar y cuándo no. Más tarde consideró que es "un problema" que "la gran mayoría de fiscales" le adjudican "exceso en la legítima defensa" y lo dejan detenido.

"No estamos en contra que se realicen las pericias, pero no se puede invertir la carga de la prueba cada vez que el policía actúa porque entonces siempre corren en desventaja con los delincuentes", concluyó D'Alessandro.

Para Rodríguez Larrata, el fallo que incluye a los metrodelegados en la paritaria es "un disparate"

El jefe de gobierno porteño consideró que la resolución del juez Gallardo "atenta contra la libertad de expresión más básica" y adelantó que el régimen fascista porteño va a apelar.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, calificó ayer de "disparate" el fallo del juez Roberto Gallardo que el miércoles ordenó incluir a los metrodelegados en la mesa de negociación paritaria de los trabajadores del subte junta a la UTA y que, además, prohibió a los funcionarios porteños hacer declaraciones "que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto".

"Es un disparate. Nunca vi un fallo que prohíba hablar a los funcionarios, atenta contra la libertad de expresión más básica. Además, en un tema tan sensible como el funcionamiento del subte", consideró en declaraciones a la ultra oficialista radio Mitre.

En ese marco, el alcalde fascista porteño adelantó que la ciudad apelará el fallo del magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 que se conoció antes de ayer.

"Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 45 días que dice que el gremio de los metrodelegados no está habilitado para la paritaria. Es un disparate el fallo, lo vamos a apelar. Obviamente, uno puede seguir hablando ¿Cómo no voy a dar mi opinión sobre los temas que hacen a la ciudad?", cuestionó.

"Hay un fallo de la Corte Suprema que dice que no tienen la personería para participar en la paritaria. La paritaria se acordó, se firmó e incluye una cláusula de revisión en caso de que la inflación sea más alta de lo que esta previsto. El fallo es disparatado, habla de un paro que no está declarado. En todo caso, levantan molinetes, pero paro no hay", indicó el responsable político de la muerte del Dr. Favaloro.