Se trabaja "en cada coma" respectiva al esquema de quita de subsidios que anunció el presidente. La clave son los salarios y modificar una ley de Macri Blanco Villegas.
El presidente Alberto Fernández refirió en la apertura de sesiones ordinarias que el acuerdo con Fondo Monetario (FMI) está cerrado, pero detalló uno de los puntos sobre los que hoy afinan el lápiz en el ministerio de Economía: la cuestión de una segmentación más amplia de los subsidios a las tarifas de la energía. En ese sentido, el mandatario precisó que habrá una especie de suba intermedia entre la pretensión del FMI de un aumento en línea con la inflación y la propuesta local de suba del 20 por ciento y segmentación por zonas. Esa iniciativa apunta a alzas algunos puntos por debajo de la evolución de los salarios, para no detener la recuperación del ingreso.
"En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos gas y electricidad", expresó Fernández y precisó que, en principio, "apuntamos a que el 10 por ciento de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios". Asimismo, agregó que "para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri".
Dicha norma establecía, según consignó Fernández, que "las tarifas sólo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial". El presidente adelantó que "lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios".
"Es la línea que vamos a seguir, pero estamos trabajando en cada coma, porque no es un tema en el que se puedan dejar resquicios legales", consignaron fuentes de la Casa Rosada, que confirmaron que, además, hay temas burocráticos que aún restan por avanzar. La referencia es para traducciones del acuerdo al inglés y papeles que deben enviarse a la Secretaría de Legal y Técnica, para que se redacte la ley final que irá al Congreso esta semana. Lo puso en palabras el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró -antes de entrar al recinto- que "estamos trabajando en la formalización de documentos". De hecho, según confiaron fuentes oficiales, es el propio ministro quien está definiendo las cuestiones finales.
¿Por qué entonces el presidente dijo que está cerrado el acuerdo si resta este punto, que además es el más espinoso en las diferencias ya marcadas entre Economía y los funcionarios de Energía bajo el ala de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner?
Cuentan en el Gobierno que Fernández refirió al cierre del acuerdo en las cúpulas de la macro política, es decir, en el aval que tiene de ambas partes cerrar en esa línea. Esta parte ha sido, en el debate con los Estados Unidos (dueño del FMI), la más relevante para acordar. Cómo se salvará, entonces, lo que falta en cuanto a tarifas? La ley que derogó el hijo bobo de Franco Macri tiene parámetros que el Gobierno deberá definir internamente. La pregunta del millón es cuántos puntos por debajo de la evolución de los salarios subirán las tarifas como tope.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró hace unos días que la pauta paritaria del Gobierno está en torno al 40 o 42 por ciento. Ese cálculo, aunque la inflación seguramente sea mayor, ya adelanta cuestiones. El Gobierno pretende que el aumento en las tarifas por mayor segmentación sea un intermedio entre el 50 que pidió el FMI y los 20 autorizados actualmente. "Serán entre 3 y 5 puntos menos que la pauta salarial", especulan algunos puertas adentro de la Casa Rosada. Otros aseguran que no pasará el 30 por ciento.
Desde el entorno de Cristina, en tanto, siguen "esperando para ver". Consideran que el acuerdo no está cerrado y que las expresiones sobre el tema llegarán cuando se vean los detalles y se debata en el marco del Parlamento. Le quitan peso político, además, a la versión de que la sóla presencia de la vice en el momento en el que el Presidente detallaba este acuerdo y ciertas condiciones, supone un apoyo per sé.
En paralelo, hay otro punto que está directamente relacionado con la cuestión tarifaria y que el Gobierno quiere llevar a la mesa negociaciones. La referencia es para los cambios en la economía mundial que está produciendo el conflicto bélico en Ucrania. La suba de los energéticos, petróleo y gas en los mercado mundiales, le pegan directo a la base de cálculo de los subsidios de Argentina. Para importar gas en invierto precisará más dólares de los calculados y deberá subsidiar más la oferta y la demanda. En el Gobierno creen que la instancia para resolver esas cuestiones son las revisiones trimestrales que hará el organismo.
En ese momento, el Ejecutivo planea ir planteando las diferencias que se generan con cuestiones no vinculadas directamente el acuerdo que se rubrique con el FMI. De hecho, el borrador que el Gobierno circuló a ambas cámaras del Congreso daba la pauta de alguna especie de item para conversar eventualidades, aún cuando no se sabía en qué podía derivar el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Fuente: nota de Leandro Renou para Página/12
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