La fiscal que investiga la mesa judicial bonaerense durante el macrifascismo -que ya había imputado a Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo provincial- ahora amplió la acusación a otros ex funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI que participaron de la reunión para coordinar la persecución a sindicalistas.
Mientras los ex funcionarios macrifasstas intentan llevar la causa a los tribunales amigos de Inodoro Py, la fiscal que investiga la "Gestapo" antinsindical bonaerense amplió la imputación a todos los participantes de la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, inmortalizada en una filmación de la Agencia Federal de Inteligencia.
La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, ya había imputado a Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la actual conducción de la AFI, tras el hallazgo del video en el que puede verse a ex funcionarios de la provincia, empresarios y espías coordinando el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales.
El requerimiento de la fiscalía, que ahora debe analizar el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, consiste en que la acusación alcance también a Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia provincial), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, cinco empresarios ligados a la construcción, Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, ex jefe del área de Jurídicos de la central de espías.
Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que "podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la ciudad de La Plata".
Lo que piden los espías
Dos de los tres ex jerárquicos de la AFI macrifascista involucrados en el caso plantearon la "incompetencia" del juez Kreplak para continuar con la investigación. Se trata de Biorci y De Stéfano. Este último, quien había recusado sin éxito -por ahora- al magistrado platense, argumentó una "excepción de falta de acción por incompetencia", con la excusa de que los hechos que se investigan ocurrieron en la CABA. En el mismo sentido, la defensa de Biorci -a cargo del abogado Juan Pablo Vigliero, el mismo que defiende a Majdalani en el expediente por presunto espionaje ilegal que ya tramita en los tribunales de Retiro- también planteó que la causa pase a Inodoro Py.
La discusión sobre la competencia parece ser el primer nudo a desatar para el avance de la causa. Si bien efectivamente está comprobado que la reunión filmada ocurrió en el centro porteño, una interpretación legal sostiene que las oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires marcan jurisdicción en La Plata. "El banco es territorio, competencia y jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires", sostienen quienes defienden esa postura. La cuestión deberá ser definida por la Cámara Federal de Casación Penal, que, casualmente, tiene su sede en Comodoro Py 2002.
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