Pablo Lanusse, abogado defensor del ex hijastro de Flavia Palmiero, atacó el sumario interno de Gendarmería.
Miauricio Macri Blanco Villegas quiere frenar a toda costa el sumario que está haciendo la Gendarmería para saber cómo fue el procedimiento por el cual se enviaron 70.000 balas antitumulto a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. El abogado del retrasado mental, Pablo Lanusse, apeló la decisión del juez Javier López Biscayart que habría rechazado paralizar la investigación administrativa que se lleva adelante dentro de la propia fuerza de seguridad. En tanto, la Cancillería desmintió que el Gobierno actual haya firmado dos veces una autorización para el envío de municiones a Bolivia, tal como trasendió en el pasquín derechoso La Nación y que se calificó como fake news.
Desde el viernes pasado que se presentó en el expediente, el hijo bobo de Franco Macri busca imprimirle el ritmo que más le conviene a una investigación que tiene impacto en toda la región. Desde Zurich denunció que era víctima de una persecución y pidió que se frene el sumario que instruye la Gendarmería para saber cómo fue el procedimiento que derivó en la salida de las 70.000 balas que se habían comprado para la cumbre del G20 de 2018 y que terminaron en poder de la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia. El lunes, el juez López Biscayart rechazó la pretensión del ex fiscal Lanusse, que defiende a Macri Blanco Villegas en la causa por los aprietes a los dueños del Grupo Indalo y lo asesora en el cúmulo de causas sobre el espionaje ilegal durante su régimen.
A las pocas horas, el abogado del domador de reposeras volvió a la carga, diciendo que la decisión del juez le causaba un agravio irreparable. Lanusse sostiene que, como no se sabe qué están declarando los gendarmes en sede administrativa, Macri Blanco Villegas no tiene forma de defenderse, De todos modos, el sumario es una prueba más que analizarán el juez y el fiscal y no excluye la posibilidad de que llamen a los efectivos de la fuerza para declarar en sede judicial.
La ministra Sabina Frederic -que es una de las denunciantes en la causa junto con su par de Justicia, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont- ordenó el pase a disponibilidad de cuatro gendarmes involucrados en el envío de las municiones a Bolivia: el ex jefe del grupo Alacrán Fabián Salas, el ex director de Logístima Rubén Carlos Yavorski, el ex director de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el ex agregado en La Paz Adolfo Héctor Caliba. Todos fueron imputados en la causa, a excepción de Salas, por el fiscal Claudio Navas Rial junto con el ex comandante general de Gendarmería Gerardo Otero.
En el sumario administrativo están declarando los integrantes de los tres contingentes que estuvieron en Bolivia entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Uno de los puntos a dilucidar es si usaron las balas. Según le dijo Frederic a este diario, la información que manejan en su cartera es que los gendarmes jamás dispararon un solo tiro mientras estuvieron en La Paz.
La investigación administrativa es autónoma de la que se hace en los tribunales, que la conducen tanto el juez como el fiscal. La Gendarmería tiene el deber de investigar hechos graves como pueden ser el contrabando de proyectiles que salieron de sus depósitos para terminar en poder de las fuerzas golpistas en Bolivia. Esa autonomía está consagrada en el artículo 8 del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, que es aplicable también para la Gendarmería, según explicaron a este diario fuentes que conocen los procedimientos disciplinarios en las fuerzas. Las mismas fuentes enfatizaron que una investigación disciplinaria -que sólo puede terminar en sanciones para los gendarmes- no podría causar un agravio a otro de los imputados en la causa penal, como es Macri Blanco Villegas.
La estrategia macrifascista
Desde el macrifascismo se proponen trazar una línea divisoria entre los funcionarios políticos y los gendarmes. Según publicó La Nación, beoda la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón convocó la semana pasada a una reunión para discutir la estrategia de defensa en la causa. En el encuentro estuvieron el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex canciller Jorge Faurie, que, por el momento, logró esquivar la imputación. La curiosidad fue que faltó Otero, un funcionario de extrema confianza de la ex montonera entregadora de compañeros.
La explicación dada fue que el ex jefe de la Gendarmería estaba de viaje. A este diario le dijeron que los gendarmes fueron en busca de apoyo de los ex funcionarios de Cambiemos, pero que no encontraron eco. Otero fue el primero en designar abogado en la causa. Se trata de Manuel Barros, un ex integrante del área de Jurídicos de la Gendarmería que jugó un papel importante en la defensa de la fuerza en la causa de Santiago Maldonado. En el Ministerio de Seguridad explicaron que había pasado a retiro. El letrado consiguió otros dos clientes, según fuentes judiciales: Salas y Caliba.
La otra estrategia del macrifascismo pasa por intentar diluir su responsabilidad en el envío de las balas antitumulto en el hecho en que los gendarmes permanecieron en Bolivia durante unos meses de la administración de Alberto Fernández y que, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) se autorizó la permanencia de las 70.000 balas que salieron el 12 de noviembre de 2019 -y se presume que se repartieron al día siguiente entre la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas-. “Las municiones las envió Macri por única vez en forma clandestina y para asistir la represión del golpe de Estado”, sostuvo en Twitter el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Chaves, que calificó de “fake news” un artículo de La Nación en la línea de la estrategia macrifascista. “En 2020, los gendarmes se mantuvieron para proteger bienes y personal de Argentina amenazados por el gobierno de facto”, completó.
En las próximas horas, López Biscayart deberá decidir si concede la apelación de Macri Blanco Villegas que busca frenar un procedimiento interno de la Gendarmería. El juez también deberá responder si acepta o traba contienda con su colega Rafael Caputo, que le remitió otra causa que tramita en los tribunales en lo penal económico por el contrabando de armas a Bolivia. La discusión sobre la competencia quedará para después del lunes, cuando se termine la feria judicial. Por el momento, el juzgado está abocado a reunir la prueba.
Fuente: nota de Luciana Bertoia y Felipe Yapur para Página/12
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