Ariel Lijo reabrió la causa penal. La Oficina Anticorrupción (OA) realizó una presentación en la que se encontraron sobradas pruebas de que se pagaron 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines que nunca fueron terminados.
El juez federal Ariel Lijo reabrió la causa penal sobre irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el nefasto régimen de Miaurico Macri Blanco Villegas después de una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA).
El organismo, en base a una presentación del Ministerio de Educación, había evaluado la existencia de sobradas pruebas de que se pagaron 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines en distintas provincias que nunca fueron terminados, que además se pagaron sobreprecios del doble del valor de mercado por metro cuadrado, y que pese a que las obras fueron visiblemente abandonadas durante la gestión de la alianza de derecha Cambiemos, no se cobraron multas, ni se hicieron gestiones para recuperar el dinero y cuando las empresas que habían sido contratadas entraron, después, en convocatoria de acreedores el Estado tampoco se presentó a reclamar nada. El fiscal Ramiro González presentó la semana pasada un dictamen donde plantea un nuevo impulso a la investigación y dispone nuevas medidas de prueba.
"Deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las licitaciones públicas internacionales", dice el escrito de González. A partir de la denuncia de la OA, advierte el fiscal, "se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias...". Para empezar, pidió información sobre los concursos preventivos de la unión de empresas -formada por Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas- que había obtenido la licitación para hacer los 93 jardines en cuestión y que el Ministerio de Educación entregue toda la documentación que posee sobre las adjudicaciones y todo el proceso posterior.
En 2016, el hijo bobo de Franco Macri anunció el Plan Nacional 3000 Jardines, que preveía la construcciones de establecimientos con salas de 3 a 5 años, lo que garantizaría el acceso a la educación a 700 mil niños y niñas. Por empezar, de ese total sólo se licitaron 292. Y aún dentro de ese grupo, según denunciaron Educación y la OA, 93 de las obras quedaron a mitad de camino, luego abandonadas, pero se habían pagado. Se convirtieron en jardines invisibles.
La denuncia original por este tema la había hecho Margarita Stolbizer, desde la ONG que dirige, llamada Bajo la Lupa, que señaló entre otras cosas que nadie controlaba la ejecución de esas obras, para las que se habían establecido plazos de realización de 150 a 180 días. Pero el juez la archivó por supuesta falta de pruebas, pese a que Stolbizer había entregado gran cantidad de documentación y fotografías del estado de los jardines, que tampoco eran tales sino aulas agregadas a establecimientos ya existentes.
Las irregularidades habrían ocurrido en dos períodos: uno, la licitación y contratación, durante la gestión de Esteban Bullrich, y el segundo, durante el de Alejandro Finocchiaro, fue curioso porque ante los incumplimientos hubo una rescisión de los contratos de mutuo acuerdo. El problema es que el Estado no reclamó nada a la UTE que no cumplía. No puso multas y cuando las empresas se presentaron en concurso de acreedores no se presentó a verificar los créditos. Cuando la gestión actual detectó esta situación, ya se había vencido el plazo para presentarse en el proceso. Luego lograron reclamar algo, por 880 millones de pesos, pero no se sabe si serán reconocidos. No está claro aún tampoco, y esto será parte de la investigación judicial, si hubo connivencia entre entre los funcionarios y las empresas implicadas.
El otro elemento nuevo que aportó la OA, que encabeza Félix Crous, es el de los posibles sobreprecios. La denuncia decía que se pagaron 1498 dólares por metro cuadrado, que es el cerca del doble de los valores de mercado cotejados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ese valor era de 708 dólares el metro cuadrado. Además, se habrían abonado certificaciones de obras que no estaban lo avanzadas que decían los papeles. Se pagaron, dijeron los denunciantes 62 millones de dólares, mientras que le total proyectado era de 92 millones de dólares. La gestión de Nicolás Trotta promete terminar con las construcciones.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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