Un inesperado cortocircuito entre el peronismo federal y el macrifascismo llenó de tensión el Senado. Aunque todavía no se recogen esquirlas ni se mide la expansión del estallido, la detonación dejó oídos sordos.
En una reunión de apariencia apacible, el bloque de la alianza de derecha Cambiemos pidió ayer que se acelere el tratamiento de los pedidos de desafuero de senadores, incluido el de Cristina de Kirchner, y desde el PJ amenazaron con avanzar en la discusión sobre la responsabilidad penal de los legisladores que aprobaron el memorando con Irán en 2013.
Todo sucedió durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales cuando el senador del PRO Ernesto Martínez pidió la palabra para pedir que se agilicen los pedidos de desafuero que "preocupan, no sólo al Senado sino a la sociedad".
"Proponemos que el primer miércoles que se reúna la comisión podamos debatir este tema", planteó el sorete cordobés, con el respaldo del radicalismo.
Con una Cristina nuevamente ausente y sin nombrarla directamente, el legislador del oficialismo lamentó que "año tras año se dilaten" los pedidos judiciales de desafuero de senadores, en alusión al de la ex mandataria, reclamado por el juez federal clarinista Claudio Bonadio en la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes prófugos de la causa AMIA tras la firma del acuerdo internacional.
Acto seguido, el jefe de la bancada peronista no kirchnerista Miguel Ángel Pichetto tomó el micrófono y respondió sin titubear. El rionegrino recordó que la comisión había sido convocada para constituirse y elegir autoridades y exigió posponer el debate por el desafuero para la próxima reunión de la comisión, cuando llegue a manos de todos los integrantes la "información clave" sobre los plazos que ese cuerpo para expedirse.
Según el reglamento de la Cámara alta, los pedidos de desafuero caducan en un plazo de 60 días, una vez que ingresan al Senado, y quedan entonces en condiciones de ser tratados por el pleno de la Cámara a más tardar en 180 días. "Lo primero que tenemos que tener es información clave y precisa del estado de la situación para evitar en el Senado debates estériles que indudablemente se agotaron por el plazo", justificó Pichetto.
Marcelo Fuentes, titular de la bancada K, denunció que existe "una persecución política" que busca "la destrucción del adversario" y advirtió que "hay fuerzas políticas que han hecho un manual en torno a la demonización de la imagen".
"Se está construyendo un monstruo que los va a devorar a ustedes también", disparó el senador kirchnerista en alusión a sus pares del oficialismo, y remarcó que, "cuando los magistrados exceden las funciones que les corresponden, no hay garantías no sólo para los políticos sino para ningún ciudadano".
Un ofuscado Pichetto volvió a pedir el micrófono para aseverar que no le molesta que se "ejerza el derecho a defenderse" pero cuestionó que "no se cumplan las reglas y se incurra a la estupidez de abrir un tema cuando está reunión tenía como objetivo elegir a las autoridades".
"Cuando tengamos que discutir ese tema hablaremos a fondo. Vamos a analizar también la responsabilidad de los senadores que votamos un acuerdo internacional y la responsabilidad del Congreso. No le vamos a rehuir al debate pero hoy se trata de aprovechar alguna coyuntura para tener un título en el diario", se quejó. Luego de esa intervención, Pichetto soltó el micrófono, se levantó de su asiento y abandonó el salón Arturo Illia.
La amenaza no es azarosa. En febrero del 2013, 131 diputados y 39 senadores aprobaron la Ley Nº 26.843, que establecía la creación de una Comisión de la Verdad y habilita a las autoridades judiciales argentinas a viajar a Teherán para interrogar a los acusados iraníes por el atentado terrorista a la mutual judía.
Durante la instrucción de la causa por encubrimiento que originó el pedido de detención y posterior solicitud de desafuero de Cristina, el juez Bonadio solo a 12 legisladores en calidad de testigos. Declararon Pichetto, Fuentes, Ernesto Sanz, Rubén Giustiniani, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, Guillermo Carmona, Diana Conti, Jorge Yoma, Daniel Filmus, y Pedro Guastavino.
En ningún momento de los acusó por el mismo delito que la ex presidenta. Ni si quiera los emparentó con la culpabilidad de otros exfuncionarios y dirigentes políticos apresados por pierden del magistrado. Algunas defensas de los imputados aseguran que los diputados y senadores tienen la misma responsabilidad penal. Pichetto ayer amenazó con destapar la olla.
La sesión había sido citada para las 16 y siendo las 16:30, sólo había 26 presentes en el recinto. 
