El fiscal Picardi ordenó medidas de fondo para impulsar la denuncia de Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, por el grupo especial que se formó durante el nefasto régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos para denunciar a la ex senadora y actual vicepresidenta.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba de fondo e impulsó así la investigación para determinar si la AFIP ejerció "hostigamiento fiscal" contra la ex senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos durante el abyecto régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas.
En la denuncia presentada por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se advierte sobre “la existencia de una matriz de persecución política que tuvo como uno de los artífices a la Administración Federal de Ingresos Públicos” que se alimentó de una fuerza especial creada en el organismo con el fin específico de persecución de la ex presidenta y sus hijos.
A través de un dictamen de una docena de páginas, el fiscal Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a distintos organismos del Poder Judicial, según detallaron fuentes judiciales.
La semana pasada, Marcó del Pont había presentado ante la justicia los resultados de las auditorías internas dispuestas en febrero después de las presentaciones formuladas por la ex presidenta y allí se indicó que se había detectado "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la Afip durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
En aquella presentación se enumeraron al menos ocho tipos de irregularidades distintas que, según la denuncia, daban cuenta de la "presunta finalidad persecutoria contra la principal referente del espacio político opositor durante el período 2015-2019 y sus hijos".
Las irregularidades denunciadas por la actual gestión de la AFIP y recogidas en el dictamen fiscal fueron las siguientes:
■ La iniciación y continuación, durante un año, de una fiscalización contra la ex mandataria "sin siquiera intentar notificarla de manera efectiva" con un "llamativo aval de la fiscalía que había ordenado la determinación de la eventual deuda tributaria".
■ La persistente notificación ulterior a la vicepresidenta de lo actuado por la AFIP en un domicilio que no tenía vinculación alguna con ella.
■ Irregularidades en las determinaciones de deuda de la ex jefa de Estado y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
■ La realización de una gran cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal de los tres contribuyentes aludidos sin fundamento legal siquiera aparente.
■ La intervención de funcionarios de AFIP distintos a aquellos que resultaban competentes.
■ La actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo sin mandato para ello.
■ La creación, dentro de FIP, de grupos de seguimiento y control de las actividades de contribuyentes específicos, sin respaldo legal suficiente.
■ La existencia de una actuación coordinada, con vías de comunicación alternativas y distintas a las formales, con juzgados y fiscalías federales.
Marcó del Pont había expresado en la denuncia que todos esos hallazgos, analizados globalmente, permitían presumir que "entre 2016 y 2019 se habrían desplegado" desde el ente recaudador "acciones ilegales" que se podrían configurar el denominado "hostigamiento fiscal" contra la principal oponente política al entonces oficialismo.
Entre aquellos funcionarios que presuntamente habrían participado de las maniobras denunciadas se encuentra el "agente Jaime Mecikovsky" quien habría actuado sin una autorización formal que lo designara como auxiliar de la justicia o lo comisionara para poder prestar funciones ante otro poder del Estado.
En relación a las supuestas comunicaciones irregulares entre la AFIP y la justicia federal durante el régimen de Cambiemos, la denuncia pone el foco en que se habían detectado “vías alternativas de comunicación” entre el ente recaudador y el juzgado federal 11 -entonces a cargo de Claudio Bonadio- y fiscalías federales.
La causa en la que la vicepresidenta interviene como querellante tramita precisamente en el juzgado que ocupó Bonadio hasta su muerte y ahora encabeza el juez Martínez de Giorgi; mientras que la fiscalía que impulsó la investigación está interinamente a cargo de Picardi porque su titular, Paloma Ochoa, se encuentra de licencia.
