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viernes, 5 de abril de 2019

Correo Argentino: autorizan a la fiscal Boquin a que revise los libros contables de SOCMA y SIDECO

La Justicia le da vía libre para investigar el vaciamiento de la compañía en beneficio de la familia Presidencial mientras intentaban la condonación de más de $ 70.000 mil millones.


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial habilitó a la fiscal general Gabriela Boquin a acceder los libros contables de Correo Argentino y de sus empresas controlantes, Sideco Argentina SA y Socma Americana SA De esta manera, avalaron el pedido que realizó en su dictamen del 7 de agosto de 2017: “Solicito se disponga practicar prueba pericial contable en los libros de la concursada (Correo Argentino) y de sus controlantes, Sideco Argentina SA y Socma Americana SA”. Macri Blanco Villegas debe estar nervioso.

En su resolución las juezas de la Sala B de la Cámara Comercial Matilde Ballerini y Maria Lilia Gomez Alonso resolvieron “admitir la realización de la pericial”. Estas juezas son parte de la trama que conspiró para que los Macri no pagaran la multimillonaria deuda que acarrean desde 2001. Pero cuando se trató de resolver sobre las facultades de la fiscal Boquin mantuvieron una posición clara: que el trabajo de la fiscal es investigar, mal que le pese a los Macri. En esta nueva resolución, repitieron: “Una solución contraria, importaría limitar las aludidas facultades reconocidas al Ministerio Público, lo que no resulta admisible en cuanto los medios de prueba solicitados no exceden la materia cuestionada por la fiscalía de Cámara”.

La fiscala Boquin denunció el vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de Sideco y Socma en su dictamen del 28 de abril de 2017. Allí mostró que en 2016 los Macri se dedicaron a vaciar Correo Argentino mientras evitaban pagar la deuda que tenían con el Estado e intentaban la condonación de más de 70.000 mil millones de pesos. En concreto, en lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas desplegaban maniobras con otras empresas del Grupo Macri cuyo único objetivo era vaciar Correo Argentino en beneficio de sus controlantes, Sideco y Socma.

La familia Macri, representada por el abogado Jaime Kleidermacher, se opuso a los peritajes solicitados por la fiscala Boquin. El 23 de agosto de 2017, pidieron el rechazo del peritaje contable, sosteniendo “que de por sí resulta a todas luces inaceptable”. Los Macri rechazaron el peritaje “no sólo porque resulta INOPORTUNO (en mayúscula en el original) el dictamen emitido por la Sra. Fiscal de Cámara, ya que nadie le solicitó expidiera opinión adicional” sino porque, para ellos, Boquin se extralimita en sus funciones y no tiene competencia ni legitimación. Sobre esto, ya resolvió la Corte Suprema en contra de la iniciativa de la familia presidencial.

Desde entonces, los obstáculos. La jueza Marta Cirulli descartó que el peritaje lo hiciera un contador por sorteo como pidió Boquin y resolvió que quedara en manos de las sindicaturas. Lo insólito es que tanto la jueza como las sindicaturas están imputadas en la causa penal en la que se investiga el vaciamiento de Correo Argentino, expediente que digita el juez Ariel Lijo en Comodoro Py. Una de las sindicaturas, incluso, está a cargo de Julio César Rivera, histórico abogado de la familia presidencial y a quien Miauricio Macri Blanco Villegas designó como conjuez de la Corte Suprema.

Ahora, las juezas Ballerini y Gomez Alonso establecieron que le peritaje lo lleve adelante el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. También denegaron que participe un perito de parte.

El modus operandi de vaciamiento tenía, al menos, dos vías. Una parte eran pagos por distintos rubros de Correo Argentino a Sideco. En 2016, los Macri sacaron de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares con la complicidad de la jueza Cirulli que les habilitaba los retiros. Eran gastos injustificables para Correo Argentino, que por entonces tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. “La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, sostuvo entonces la fiscal Boquin.

Fue la codicia de los Macri la que les jugó una mala pasada. En 2017 quisiero repetir la operatoria en medio del escándalo público por la condonación de la deuda. La jueza Cirulli les negó el retiro de 422.973 pesos y 12.290 dólares. En lugar de esperar a que aclare, los Macri apelaron esta decisión y así le llegó el expediente a la fiscal Boquin, que pudo así reconstruir esta maniobra de vaciamiento.

La otra forma de vaciamiento de Correo Argentino fue la compra de acciones de Neficor, una firma uruguaya, supuestamente para un proyecto automotriz. El 28 de septiembre de 2007, Socma le vendió a Correo Argentino el 25% de Neficor por 2.100.000 dólares. De este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de Socma Americana en el Citibank. Para la fiscal, una de las transferencias de dinero por estas acciones “implicaría un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma Americana SA”. Correo Argentino y Socma establecieron por contrato que si la primera quebraba las acciones que había comprado de Neficor se podrían vender por fuera del proceso concursal. Es decir, que Socma se aseguraba de quedarse con las acciones si Correo Argentino quebraba, luego de venderle las acciones a Correo Argentino. “Correo Argentino actuó en exclusivo beneficio de Socma Americana SA”, concluyó por entonces Boquin.
Fuente: nota de Ari Lijalad para El Destape web

miércoles, 12 de diciembre de 2018

La Justicia falló en contra de Mugrizio Macri Blanco Villegas por una deuda de $ 46 millones con la AFIP

El reclamo del organismo recaudador contra la familia presidencial es por una empresa propiedad del grupo SOCMA.


La Sala D del Tribunal Fiscal confirmó que la empresa Yacylec, que integró el ex hijastro de Flavia Palmiero hasta 2016, adeuda decenas de millones de pesos en impuestos impagos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), más multas e intereses acumulados, y las costas derivadas del procedimiento.

El pasquín ultraoficialista La Nazión informó que la AFIP comenzó el reclamo a Yacylec por una deuda de $ 6,9 millones por el impuesto a las ganancias de 1998 a 2000 y 2002 y una multa de $ 4,8 millones. Además de los intereses se suma otro reclamo por $ 1,7 millones correspondientes al período fiscal 2001 y una multa por otros $ 1,2 millones.

Macri Blanco Villegas tuvo el 5,33 por ciento de las acciones hasta febrero de 2016, cuando las cedió a su familia que aún las tiene en su posesión.

Yacylec es una compañía dedicada al transporte de la energía que produce la central hidroeléctrica Yacyretá. El retrasado mental transfirió sus acciones al holding de su familia, Sideco Americana S.A.

En aquel momento, la transferencia disparó algunos interrogantes acerca de los posibles conflictos de interés del idiota confeso por Yacylec. Una de las preguntas es si pudo el sorete tener una empresa del sector eléctrico, luego de aumentar tarifas. También a cuánto vendió las acciones de Yacylec.

viernes, 22 de junio de 2018

Abrumado por las pruebas, el hermano de Macri Blanco Villegas admitió que blanqueó u$s 4 millones de una offshore

El empresario Gianfranco Macri Blanco Villegas, hermano del prescindente de la Nación, reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de la cual blanqueó 4 millones de dólares en la amnistía fiscal dispuesta por el régimen fascista y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado.


Gianfranco regularizó su situación ante el fisco apenas una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania, según reveló el diario Perfil, que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La offshore de los hermanos de Mugrizio Macri Blanco Villegas tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza: antes, su representante pidió "destruir cualquier documentación" relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS.

BF Corporation fue creada en Panamá en septiembre de 2009 por el estudio Mossack Fonseca, que nunca supo quiénes eran sus beneficiarios finales, pese a que se lo exige la normativa antilavado, según datos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ a más de 100 periodistas en todo el mundo, entre ellos de Infobae, La Nazión y Perfil.

Según indicó Perfil, fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que el ex hijastro de Flavia Palmiero se abriría camino a la Casa Rosada, aunque el banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers en abril de 2016.

Ahora, y ante la consulta del ICIJ, el grupo Socma admitió que Gianfranco y Mariano Macri Blanco Villegaseran los dueños de la panameña BF Corporation (50 por ciento cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco.

También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016.

Mossack Fonseca nunca habría estado en contacto directo con Gianfranco y Mariano, ya que tenía un intermediario uruguayo: el estudio Lussich Torrendell & Asociados, el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore.

Al conocerse la investigación de Panamá Papers, el estudio panameño comenzó a reclamarle información sobre los beneficiarios finales a Lussich Torrendell & Asociados, que había gestionado su apertura, pero la respuesta nunca llegó: cuando Lussich le había solicitado en 2009 que inscriba la sociedad en el Registro de Panamá, como autoridades figuraban tres ciudadanos uruguayos.