Un informe clave surgió del celular de Darío Nieto, secretario privado del ex hijastro de Flavia Palmiero. El "sistema" de la Obra Pública y la extorsión a la vista. Direccionar a Impregilo.
Miauricio Macri Blanco Villegas sigue refugiado en Zurich y evitando la causa donde está acusando de encabezar una asociación ilícita junto a sus funcionarios para asfixiar económicamente al Grupo Indalo, rematar activos a precio vil y encarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La nueva prueba es el siguiente texto que corresponde al bloc de notas de Darío Nieto, secretario privado del hijo bobo de Franco Macri: "13 de noviembre de 2018: Impregilo – Italia más fácil xq se presentó en La primera licitación… Ute está reasignando. Proceso judicializado. Se puede cambiar. Espera ok".
López y De Sousa fueron perseguidos desde diciembre 2015 con el objetivo de quebrarlos. A partir de una denuncia falsa de la AFIP se inició el proceso ilegal desde el Estado.
Nieto llegó a ser el operador de Macri Blanco Villegas por recomendación de Marcos Peña Braun y Francisco Quintana. Este nuevo dato exhibe cómo el macrifascismo en el poder extorsionó y asfixió al Grupo Indalo para hacerlo quebrar rematando activos a precio vil.
En su edición de ayer, El Cohete a la Luna publicó pruebas que surgen del teléfono celular de Nieto que apuntan al modus operandi de Macri Blanco Villegas y que estuvo al frente de la cruzada extorsiva contra Indalo, junto con Rogelio Frigerio, a cargo de la obra pública durante la nefasta gestión de la alianza de derecha Cambiemos.
Pero no solo eso. Como surge del mensaje del bloc de notas, además de quitar la obra de la UTE de la cual participaba Indalo, el domador de reposeras buscó controlar el manejo de la obra pública y favorecer a empresas ligadas a él.
El "sistema" era lisa y llanamente asfixiar económicamente al Grupo Indalo no pagando el trabajo, realizar denuncias, quitar concesiones de obras y otorgarlas a empresas ligadas a Macri Blanco Villegas.
Nieto tiene una anotación en su teléfono que menciona a Impregilo, una empresa italiana que había sido socia de Sideco en la transportadora de energía Yacylec. En 2018, tenía a cargo la Fase 3 del saneamiento del Sistema Matanza-Riachuelo, junto a Healy y Juan Chediack, procesado en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos.
La fase 1 de esa importante obra estaba a cargo del grupo Ghella-IECSA (Ghella de capitales italianos e IECSA del primo Ángelo Calcaterra), y la fase 2 de Carlos Wagner y una empresa del Grupo Indalo.
Fake news I
El macrifascismo publicó una fake news en el pasquín derechoso La Nación: Impregilo también debió hacerse cargo de un tramo de la Fase 2 en 2019. ¿Qué obligaba al Estado a quitarle la concesión a una empresa de Indalo? Nada.
La verdad es que previamente, por decisión de AySA, bajo la órbita de Frigerio, comenzaron a frenar deliberadamente los pagos por la obra desde los primeros meses de 2018, lo que ahoga financieramente al consorcio empresario con el evidente objetivo de quitarle el contrato y cederlo a los amigos del Miauricio Macri Blanco Villegas.
En 2016 surgió la denuncia maliciosa contra Oil Combustibles, que termina con el dictado de la quiebra de la petrolera en tiempo récord para la justicia argentina y así rematar activos a precio vil en meses.
También está el caso de la obra de renovación y ampliación de la Ruta Nacional N 3: en mayo de 2018 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al mando de Javier Iguacel y con el respaldo del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, rescindió el contrato de la empresa constructora CPC. Acá otra información nueva.
La conclusión de la dirección de Vialidad señala que "en tal sentido y entendiendo que era necesario contar con modificaciones de obra, las cuales no tuvieron acto resolutivo, y que las causas que originaban dichas modificaciones eran ajenas a las obligaciones contractuales que tenía la Contratista, esta jefatura de Distrito entiende que: sin la aprobación de dichas modificaciones no correspondería la aplicación de penalidades por no encontrarse definida en forma concreta todos los trabajos a ejecutar por la Contratista en la obra".
La situación del Lote 2 de la obra del Sistema Riachuelo tiene un proceso ilegal para quitar la obra. En este caso, los “instrumentadores” fueron el ingeniero José Luis Inglese (AySA) y el entonces ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya que la empresa estatal dependía de su área.
Fake news II
Alconada Mon relató que “durante el primer semestre de 2019, el consorcio a cargo del Lote 2, anunció su decisión de ceder su contrato porque CPC, la constructora de Cristóbal López, había entrado en concurso preventivo. Lo cedió a Impregilo, el grupo italiano que era socia de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec”.
Todo es falso. Hay un elemento en la justicia que ayuda a clarificar el accionar macrifascista y se trata de una denuncia realizada ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Morón, el 9 de noviembre de 2018, en la cual la UTE planteó los innumerables incumplimientos que AySA había incurrido en el contrato en cuestión y que era el motivo fundamental de la demora en el avance de los trabajos.
La administración macrifascista de AySA demoró pagos y se negó sistemáticamente a redeterminar los precios de los trabajos en 2018 pero con valor de 2016.
La parte grave de la historia es que hubo amenazas a los empresarios y la advertencia de que realizarían acciones para declarar la inhabilitación del registro de contratistas y una denuncia penal por sobreprecios.
Al final, el contrato fue cedido en razón del concurso de acreedores en el cual se encontraba la firma CPC, de Cristóbal López. El propio Alconada Mon reconoce que la italiana Impregilo tenía negocios con el clan Macri.
Queda a la vista que la cesión del contrato fue algo forzado por el macrifascismo y que las empresas integrantes de la UTE dejaron constancia con denuncia judicial.
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