Ayer a la mañana se decidió no avanzar con el “Compromiso Ético” y acordar los ejes discursivos de la campaña en siete puntos que deberán respetar sus candidatos. Qué dice el comunicado consensuado. Por qué se endureció la UCR.
Sin un “Compromiso Ético” firmado por los candidatos como manual de convivencia, pero con un acuerdo político sobre los ejes discursivos de la campaña. Ese fue el saldo concreto de la reunión de ayer a la mañana de la conducción nacional de Juntos por el Cambio, en donde se decidió pactar una tregua interna bajo la consigna “el verdadero adversario en los comicios es el otro”, es decir, “el oficialismo, que ha estancado a nuestro país en materia económica, social y educativa”.
La expresión del acuerdo fue la decisión de que las pautas del “Compromiso Ético” se aplicaran sin necesidad de firmarlo y consensuar ejes discursivos para la campaña sobre “la defensa de la institucionalidad, el manejo de la pandemia, políticas que promuevan la producción y el trabajo, la crisis económica, seguridad, garantías para la educación y cambios en la política internacional”.
La idea del “Compromiso Ético” surgió de la dipsómana titular del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, hace quince días para fijar las reglas de juego en la campaña ante los primeros cruces entre los dirigentes de la coalición. Se redactó el texto, fue corregido la semana pasada con el aporte de los jefes de la UCR, Alfredo Cornejo, y de la Coalición Cínica, Maximiliano Ferraro, y se había acordado que iba a anticiparse su contenido el fin de semana pasado, antes de que se aprobara el lunes 9 de agosto.
Pero todo cambió cuando fue publicada el sábado la entrevista con Elisa Carrió en Infobae, en la que reveló que le iniciará una denuncia judicial a Facundo Manes por haber dicho que le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015, insistió en que el neurólogo miente (e incluso equiparó la mentira con la corrupción) y afirmó que había exigido “a todos los miembros de Juntos por el Cambio que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan no mentir”.
Por eso Cornejo, enojado por los dichos de Carrió, pidió la reunión urgente dela alianza opositora de ultraderecha que se hizo ayer a la mañana y pidió frenar el “Compromiso Ético”. Como ya se anticiparon sus puntos, la UCR propuso no aprobarlo oficialmente y que las pautas que establecía quedaran impuestas “como algo tácito y sobreentendido”.
También hubo otro motivación del radicalismo: el primero de sus diez puntos era exactamente el que exigió la fundadora de la Coalición Cínica en medio de su pelea con Facundo Manes para evitar que los candidatos de la coalición falten a la verdad: “No mentir”. Para la UCR, “Carrió no nos puede imponer a todos la agenda ni condicionarnos porque las decisiones son consensuadas”, dijeron.
Por eso varios dirigentes radicales salieron a cuestionar públicamente el “Compromiso Ético”: el gobernador fascista de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que “el código de convivencia es para jardín de infantes”, mientras que el senador Luis Naidenoff aseguró que “no soluciona nada un reglamento interno, sino una charla entre los dirigentes”.
De todas formas, como gesto de pacificación, Cornejo, Naidenoff y Mario Negri, tres de los principales dirigentes del la UCR publicaron en sus cuentas de Twitter el mismo mensaje: “Estamos convencidos que el adversario en estas elecciones es el oficialismo. La unidad de @juntoscambioar ofrece una alternativa a un modelo que destruyó la economía, la educación y no supo manejar la pandemia”.
El acuerdo político quedó expresado en un comunicado que incluye los ejes discursivos sobre los cuales deberán basar su campaña los diputados del espacio:
“Ante el persistente avance del Gobierno Nacional sobre los pilares básicos del sistema democrático, todos los legisladores que resulten electos por JxC se comprometen a hacer cumplir los preceptos constitucionales que hacen al sistema democrático, la independencia de la justicia, la transparencia y el federalismo. Rechazamos la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal y la de Reforma de la Justicia. Se rechazarán las medidas que supongan una orientación autoritaria o la búsqueda de impunidad.
Los desaciertos en el manejo de la pandemia colocaron a la Argentina entre los países que peor la manejaron, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. El Producto Bruto cayó el doble que el promedio mundial y los indicadores de contagios y muertes por millón de habitantes superaron la media de la mayoría de los países. En este invierno, sólo el 15% de la población fue inoculada con las dosis correspondientes de la vacuna pese a la circulación de una nueva variante viral más contagiosa. La falta de transparencia en la política de vacunación se expresa en la ideologización y falta de previsión en la adquisición de vacunas, que privilegió su aplicación a dirigentes y militantes políticos afines al oficialismo, mientras la población vulnerable continúa desprotegida.
En este contexto, es urgente la adopción de políticas que promuevan el trabajo y la producción. Para ello se requieren reglas claras que alienten la inversión por parte del sector privado, entre ellas una reforma impositiva que reduzca la carga tributaria y la normalización financiera que permita el acceso al financiamiento sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, principales generadores del empleo en todo el país.
No existe un plan orientado a recuperar la caída del 10% en el PBI que provocaron las restricciones impuestas por el Gobierno en el último año. Numerosos sectores se han visto gravemente afectados y no tienen horizonte de recuperación. La inflación está derrumbando el poder adquisitivo de la población y no se avizora una estrategia para contenerla.
En educación, es imprescindible establecer un modelo que recupere la presencialidad en las escuelas y que garantice la inclusión. La gestión educativa del Gobierno ha descuidado la capacitación docente, ha alejado a miles de chicos de los colegios y ha retrasado gravemente la incorporación de contenidos y el aprendizaje necesario para promover su crecimiento.
La política de seguridad debe despojarse de la concepción ideológica que le impone el Gobierno. No debe haber contemplaciones con los delincuentes y debe fortalecerse la gestión de las fuerzas de seguridad en todo el país. La inseguridad es creciente y la sufren los sectores más vulnerables, mientras el Gobierno no la considera como una prioridad las políticas para enfrentarla.
En cuanto a la política internacional, rechazamos los alineamientos vinculados a preferencias ideológicas alejadas de los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos, como lo han señalado los organismos internacionales de los que la Argentina forma parte. La Argentina debe condenar explícitamente la violación de los derechos humanos y la falta de democracia en países de la región, como Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
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