El PRO no consiguió los dos tercios de los votos requeridos para tratar el tema como una cuestión de privilegio y apuntó contra el juez Scheibler acusándolo de hacer “intromisión” en el poder legislativo.
Pese a que hay una medida cautelar vigente, el oficialismo porteño intentó avanzar en la Legislatura con el proyecto que dará vía libre IRSA para la construcción del complejo Costa Urbana en la Costanera Sur. El legislador del PRO Diego García Vilas pidió que se tratase como una cuestión de privilegio y arremetió contra el juez Guillermo Scheibler, a quien acusó de hacer intromisión en el Poder Legislativo. Sin embargo, con 35 votos afirmativos y 19 en contra, no consiguió los dos tercios requeridos para sumar el tema a la sesión ordinaria de este jueves.
“Puedo entender que algún diputado piense que el proyecto no es conveniente, pero no puede ningún juez establecer qué podemos someter a discusión o no. Está en juego la república. Está estableciendo una intromisión del Poder Judicial sobre el Legislativo. No lo podemos permitir. Estamos obligados como cuerpo a dar pelea por la independencia de este Poder Legislativo”, dijo el representante del partido que suele hacer interpretaciones propias de los fallos judiciales a conveniencia.
“Los bloques oficialistas plantearon una cuestión de privilegio y se victimizan porque la Justicia impidió tratar el proyecto de ley. Esta victimización lo que soslaya es que la propia Legislatura está violando la Constitución. Estos legisladores consideran que la Legislatura está por sobre la Constitución, como si fuese una convención constituyente sin límites. Al contrario. La Constitución establece las instancias de participación ciudadana obligatoria y estos derechos están siendo violados por la Legislatura”, advirtió Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la ciudad, uno de los impulsores de la denuncia que llevó al freno judicial del proyecto. Asimismo, alertó que “la especulación inmobiliaria tiene más poder en la Legislatura que toda la ciudadanía”.
Lo que había dispuesto el juez Scheibler era que el tratamiento no podía avanzar hasta tanto se convocara a audiencia pública y se realizara un estudio de impacto ambiental, de acuerdo al Plan Urbano. Algo que María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, había considerado “histórico” justamente por “primera vez la Justicia ordena de forma previa al convenio urbanístico una audiencia pública, como establece la Constitución, y una evaluación de impacto ambiental como establece el Plan Urbano”. Ese freno previo al debate legislativo fue lo que cuestionó el oficialismo, que de todos modos no pudo avanzar con el tratamiento en la sesión ordinaria.
En las últimas horas y ante la posibilidad de que el tema llegara al recinto pese a la cautelar vigente, el juez había notificado a Diego Santilli, en su calidad de presidente del cuerpo por última vez, antes de presentar la renuncia para dedicarse a la campaña. Momentos antes de la sesión, cuando trascendió que Vamos Juntos iba a intentar tratar el convenio urbanístico en favor de IRSA, desde el Frente de Todos ya habían expresado su preocupación.
“En la sesión de hoy (por ayer) Larreta nos propone tratar el convenio urbanístico del barrio privado náutico de IRSA en la Costanera Sur. Pese a los fallos de la Justicia, quieren avanzar con los barrios privados en CABA. La voracidad por los negocios inmobiliarios de Larreta en las tierras costeras avanza rápido y de espaldas a lxs ciudadanxs. Trataron con Costa Salguero y no pudieron, ahora van por la Costanera Sur. Se nota mucho para quién gobiernan”, expresó el legislador Javier Andrade a través de su cuenta de Twitter.
Durante la sesión presentaron también cuestiones de privilegio los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y Martín Ocampo (UCR-Ev), por considerar que se veían limitadas sus facultades como legisladores. Sus planteos tampoco prosperaron.
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