La mayoría ya vivía en el barrio, pero perdió sus changas durante la pandemia y ya no pudo pagar un alquiler. Algunas llegaron huyendo de situaciones de violencia de género. Están en la zona de La Containera, sobre un predio abandonado por años. “La única respuesta que les dieron es una orden de desalojo”, cuestionó la legisladora Barry.
Los hijos de Zaida tienen seis y ocho años. Están escolarizados, pero en las últimas semanas tuvieron que faltar mucho: por resfríos, heridas por pisar clavos y picaduras de arañas. Es que forman parte del centenar de familias -con alrededor de 50 niños y niñas- que hace 20 días se instaló en un predio de la Villa 31 en la zona conocida como La Containera. Una toma impulsada en su gran mayoría por mujeres que ya no pudieron seguir pagando el alquiler y buscan vivienda digna para sus hijos e hijas. Por el momento, la respuesta del Estado llegó en forma de orden de desalojo. Bajo un frío polar, ellas pretenden resistir.
“Antes alquilaba por acá, pero quedamos desempleadas. Hacía changas y por la pandemia fuimos perdiendo nuestras changas. La mayoría, en negro. Vivimos el día a día. Ahora estamos en las tierras de la toma, hace ya casi un mes. Somos un grupo de mujeres que atravesamos situaciones de violencia de género, algunas escapando de sus agresores, sin un lugar a donde poder ir. Estamos en un predio que fue abandonado hace años, un basural. Lo limpiamos y nos acomodamos con nuestros hijos”, contó Zaida, de 30 años, vecina de la Villa 31 hace más de una década. Desde el viernes, al frío y el hambre se sumó una orden de desalojo de 72 horas y el miedo a la represión, con un creciente número de policías en la zona. La orden fue entregada por el Ministerio Público Fiscal Nº 11 de la Ciudad, a través de la fiscal Valeria Massaglia.
“Están hace más de 20 días en un lugar que era un basural. Sacaron todo y están viviendo con carpitas. Hay nenes con bronco-espasmos. Es una situación inhumana. Son del barrio pero no pudieron seguir pagando el alquiler, y son casi todas mujeres con tres-cinco hijos. La única respuesta que les dieron es una orden de desalojo”, cuestionó la legisladora del FIT Alejandrina Barry, presente en el lugar. “Vine temprano, hoy había poca policía pero más tarde llegaron un montón. No les explican nada. Si eran 72 días hábiles o no. Ellas dicen que quieren quedarse acá e ir construyendo, pero necesitan una vivienda digna. Acá no alcanza. Está lleno de ratas; es inhumano que no les hayan propuesto nada”, reiteró.
Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, aseguraron que “desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hubo diversos acercamientos para poder censar a dichas familias y conocer sus situaciones, para poder trabajar en conjunto en las soluciones que necesita cada grupo” pero que “las personas que están tomando el terreno se han negado a recibir dicho abordaje, habiéndose negado tres veces a ser censadas por el BAP (Buenos Aires Presente)”. Además, indicaron que “el terreno tomado esta destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Esta toma impide avanzar con dicha obra que es en beneficio de toda la comunidad”.
Las mujeres de la toma se organizaron para difundir una carta y un petitorio. En la misiva, dirigida al Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, al Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat así como a las áreas porteñas de Hábitat y Mujer y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros destinatarios, denuncian que desde que se instalaron en el predio sufren “el hostigamiento y presión de la fuerza policial” hasta que llegó la orden de desalojo, el viernes 16. Además, alertaron que la ayuda que recibían se cortó cuando comenzaron con el acampe: “A muchas de nosotras el comedor de la Secretaría de Integración Urbana nos recortó la comida diaria a más de 16 mujeres y la de sus hijos”.
“La no disponibilidad de alquileres, incluso informales dentro del barrio, para mujeres con niños y los elevados costos nos dejan en una situación de abandono por parte del Estado y de todos los organismos a quienes les corresponde subsanar nuestras necesidades. Desde el primer día que estamos, el 30 de Junio, soportamos lluvias, viento y bajísimas temperaturas, estando a la intemperie. Muchos de los niños se encuentran enfermos a causa del clima, ya que los primeros días la policía nonos dejaba ingresar elementos para resguardarnos del frío (como colchones, frazadas, abrigos y leña, ni comida).Soportamos todas estas adversidades luchando por la única solución definitiva: una vivienda digna para nuestros hijos e hijas”, escribieron mientras se organizaban para resistir el desalojo.
“Tuvimos cuatro años de macrismo que no nos ayudó y ahora la pandemia. Perdimos familiares, asistimos a familiares enfermos que quedaron desempleados. Nuestro reclamo es justo; pedimos tierra o vivienda para garantizar un techo a nuestros hijos a futuro. Todos dicen que los fondos fueron a salud, pero salud implica una vivienda digna, trabajo y educación”, remarcó Zaida y criticó que “se acercaron de la Secretaría y nos ofrecen subsidios pero no queremos eso. Queremos una solución habitacional definitiva. Eso cubre 2-3 meses y estás en la misma. El problema de fondo sigue. Reclamamos una solución definitiva. Que nos la den a pagar. No pedimos nada gratis. Seguimos resistiendo con frío y lluvia, calentándonos con fueguito, carbón, leña, hacemos ollas populares. Tenemos miedo a la represión porque no les importa que tengamos niños, madres, señoras grandes. Hay gente discapacitada. Estamos ya casi un mes acá, proyectando viviendas. No vamos a bajar los brazos”.
Por Luciana Rosende para Tiempo Argentino
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