Si bien el objetivo es sumar 1500 millones a la recaudación, en el gobierno bonaerense advierten que la irregularidad dominial afecta el valor de las propiedades. Habrá plazo hasta julio de 2021.
Como parte del plan para ordenar las tierras de la provincia, el gobierno de Axel Kicillof convocará a unos 600 countries a regularizar su situación dominial e impositiva.
Hay un 25% de evasión en el sector por diversas irregularidades que vienen desde hace años. El objetivo es recaudar como mínimo 1500 millones de pesos.
Luego de la polémica que surgió cuando el gobernador dijo que los countries eran "prácticamente ocupaciones de tierra" por no tener sus papeles en regla ni pagar los impuestos correspondientes, ahora el Ministerio de Gobierno publicará una resolución para que se empadronen, obtengan los títulos de propiedad y comiencen a tributar como countries y barrios cerrados. Tendrán plazo hasta el 31 de julio de 2021.
La disposición, que saldrá en los próximos días en el Boletín Oficial bonaerense, busca que los 600 barrios cerrados y clubes de campo que hoy figuran como "macizos" normalicen la situación acorde las leyes 8.912 y 14.449, que regulan el ordenamiento territorial y uso del suelo en la provincia; esto es que los desarrollos inmobiliarios logren la habilitación final, que los propietarios puedan escriturar y que ARBA pueda cobrarles como "tierra country".
En la actualidad, sólo 343 de los 1070 barrios cerrados y urbanizaciones nuevas que hay en la provincia, están en regla. Hay otros 97 que ya fueron intimados y están en proceso de normalización. Y restan más de 600 que serán alcanzados por la nueva resolución.
La norma cuenta con el acuerdo de la Cámara de Desarrolladoras Urbanos (CEDU) y de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), con quienes Kicillof y sus ministros se reunieron hace diez días. En ese encuentro, el mandatario habló de "fijar pautas claras hacia adelante" y remarcó que promueve "una política que genere beneficios para todos los actores: la Provincia, los municipios, los empresarios y los propietarios de las viviendas".
El "empadronamiento" implica una serie de requisitos que estarán plasmados en la resolución. Entre ellos: deberán tener la aprobación del plano del proyecto urbanístico ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que depende de Gobierno; deberán ponerse al día si tienen deudas tributarias o multas, y acreditar certificaciones de la autoridad ambiental, entre otros puntos.
Además, deberán acreditar la cesión de tierras que fija la ley de Acceso Justo al Hábitat en estos casos. Esa norma, la 14.449, estipula que cada emprendimiento cerrado debe ceder el 10% de la tierra utilizada o su equivalente en dinero al municipio para la construcción de viviendas sociales. Este punto es clave para el Plan Bonaerense de Suelo y Vivienda que lanzó Kicillof y que prevé la construcción de 33.600 viviendas y de 85.353 lotes con servicios en los próximos tres años.
Desde el Gobierno bonaerense explican que los beneficios de la puesta en regla tienen que ver, por un lado, con la suba de la recaudación provincial pero, por otro, con la posibilidad de acceder a la escritura para los propietarios, lo que además supone un incremento en la cotización de mercado de la vivienda.
Hoy, los barrios cerrados que están fuera de la ley pagan a ARBA como "macizos" por el total de la tierra. Ese impuesto es trasladado por el desarrollador o administrador en las expensas al propietario de cada lote. El dueño no tiene título de propiedad, sólo tiene el boleto de compra venta o del fideicomiso. En muchos de los casos, los proyectos urbanísticos llevan años con los trámites sin terminar, ya sea porque no consiguieron los permisos correspondientes, porque les falta la aprobación de los estudios en materia de impacto ambiental o de los planos, o por los tiempos burocráticos. La idea del Gobierno ahora es agilizar ese proceso en coordinación con los municipios.
"La subdivisión inmediatamente genera el hecho de que esos propietarios tengan el título de propiedad que hoy no lo tienen. Simplemente tienen un boleto o un acta del fideicomiso", explicó la ministra de Gobierno, Teresa García y agregó que "ser propietario genera derechos y obligaciones, la obligación es pagar el impuesto que corresponde y el derecho es tener el título de propiedad, no solamente para los barrios cerrados, también estamos en un proceso de normalización de todos los loteos abiertos".
Actualmente, los countries en regla tributan en total 6 mil millones de pesos por año a ARBA, mientras que los que tributan como baldíos o tierra rural representan una pérdida estimada de 1500 millones de pesos, un monto que el gobierno apuesta a sumar en 2021.
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