lunes, 9 de enero de 2023

El eje Rodríguez Larrata-Morales acerca posiciones y tensa con Macri, Bullrich ÑuroPueyrredón y un sector de la UCR

La cumbre en Mar del Plata incluyó el debate sobre un programa económico que se diferencie del sector más duro de Juntos por el Cambio. En el entorno de la exministra de seguridad respondieron señalando que ella también tiene aliados boina blanca como Alfredo Cornejo.


Cuando posaron para las fotos y emularon a Los Bealtes en Abbey Road, buscaron mostrar que pueden ser una combinación electoral competitiva dentro de Juntos por el Cambio y que están dispuestos a tomar toda la distancia posible de Miauricio Macri. 

Horacio Rodríguez Larrata y Gerardo Morales habían planificado reunirse en Mar del Plata a principios de este año para mostrar el nivel de coincidencias que vienen tejiendo desde hace dos años. Intentarán diferenciarse de los sectores más duros de la coalición en materia económica y política. Será dentro de los dos principales partidos de la alianza opositora de ultraderecha Juntos por el Cambio. El alcalde porteño tensará dentro del PRO y el gobernador fascista jujeño lo hará en la UCR, el partido que preside y que reunirá a sus principales dirigentes el próximo lunes en la misma ciudad balnearia.

La reunión tuvo dos capítulos, pero en ninguno hubo una mujer. El primero estuvo dirigido al marketing político y a mostrar al alcalde lejos del escándalo que le opacó el arranque del año electoral donde definirá el futuro de su carrera política. Las filtraciones de presuntos chats entre el ministro de Seguridad y Justicia, en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, con operadores de la execrable Corte Suprema y con concesionarios del régimen porteño finalmente originaron que el funcionario diera un paso al costado por dos meses. El caso está por ahora encapsulado en la primera semana del año, pero el mayor temor que se respira en la sede de Uspallata es que la filtración sea la segunda de una saga que crezca y se meta en el medio de la campaña electoral con el correr de los meses. El radicalismo sigue en silencio y en el Comité Nacional dicen que eligen creer en las explicaciones del ministro. "Si se confirma que son ciertas, mas allá de la ilegalidad de la filtración, estamos ante algo muy grave", confiaron en la UCR para explicar la cautela.

La escena marplatense elegida por el porteño y el jujeño fue una caminata por la ciudad que gobierna el dirigente macrista y ex juez federal Guillermo Montenegro. Rodríguez Larrata llegó acompañado por su ex vicejefe y actual precandidato a gobernador bonaerense, el diputado nacional Diego Santilli. Morales estuvo flanqueado por el senador Martín Lousteau, que lidera el radicalismo porteño y peleará este año por la sucesión de Rodríguez Larrata en la CABA. El alcalde le ha garantizado al dirigente radical que habrá primarias, pero considera que la ciudad de Buenos Aires es un territorio del PRO y no de la UCR. Sin embargo, el encuentro estuvo dirigido a deslizar la posibilidad de evitar las PASO con fórmulas cruzadas entre dirigentes del PRO y de la UCR que compartan coincidencias políticas y económicas, "no sólo electorales o definidas por un antikirchnerismo cerril", según contó un alto funcionario porteño.

Morales, como jefe de la UCR, aceptó que la foto de cuatro incluyera a Santilli, en vez del titular del comité radical de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad. 

Según contó un comensal que participó del encuentro, la mayoría se vio el viernes en un asado realizado en Pinamar, organizado a pedido de Rodríguez Larrata. Ahí también estuvo Santilli y el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.

Los larratistas le habrían anticipado la movida a Abad como parte del acuerdo en desarrollo, donde no hay un respaldo unánime del radicalismo al acercamiento con Rodríguez Larrata. Ese punto será parte de la reunión que este lunes encabezará Morales en Mar del Plata con los principales dirigentes nacionales de la UCR, donde Abad será el anfitrión.

Luego de la recorrida, la foto y el cafecito, llegó el segundo capítulo, el plato fuerte de la agenda. Allí no estuvo Santilli, pero participaron Rodríguez Larrata, Morales y Lousteau, junto a al ex ministro de Economía, Hernán Lacunza y al economista Eduardo Levy Yeyati, los dos principales referentes en la materia del larratismo y del radicalismo. Estuvieron acompañados por una decena de economistas y ex funcionarios de la era Cambiemos. El encuentro duró tres horas y apuntó a definir un plan económico, que será parte de la plataforma que eventuales candidatos como Rodríguez Larrata o Morales podrían defender como sustento de sus precandidaturas.

Cerca de Morales detallaron las prioridades de la negociación electoral que llevan adelante con el PRO. "Primero el programa, después la responsabilidad de Gobierno y por último las fórmulas. Lo ideal sería que tengamos fórmulas cruzadas para garantizar los acuerdos previos de los partidos, pero lo concreto es que los candidatos tienen que garantizar cada uno de los acuerdos", confió una autoridad de la UCR. "Un programa es un acuerdo de partidos y la responsabilidad de cada uno en un futuro gobierno de coalición, no como fue hasta 2019: un gobierno del PRO donde la UCR sólo participaba de la vida parlamentaria", remarcó.

Los detalles todavía no se conocen, pero trabajan en tres aspectos. El primero es un "programa de estabilización", que implica una batería de medidas en materia "fiscal, monetaria y financiera". El segundo es un "programa de desarrollo" con regímenes para micro y pequeñas empresas y planes de "inversión, simplificación y desregulación, apertura e integración comercial". 

La tercera pieza es la hoja política para cerrar los acuerdos dentro de la coalición y definir los proyectos de ley que enviarán al Congreso. La primera experiencia la hicieron el 22 de diciembre en la Cámara de Diputados. Rodríguez Larrata y Morales, entre otros, participaron de la presentación de un proyecto de ley que modifica el sistema de multas por trabajo no registrado o mal registrado. El alcalde se había comprometido a realizarlo en el último coloquio empresarial de IDEA.

"El problema no es cómo devaluar, porque eso es fácil, sino cómo aplicar un plan de estabilizacion sin una crisis social", se justificó uno de los participantes de las negociaciones entre radicales y larratistas. "En términos politicos lo que vamos a buscar es estabilizar, recuperar la confianza en el sistema institucional que permita volver a tener certidumbre para las inversiones y hacer un plan de desarrollo en cinco áreas: agro-industria, minería, energía, biotecnología e industria del conocimiento", aseguró el dirigente radical.

En cada frente los radicales pronostican una diferenciación directa con el macrismo. En el régimn porteño coinciden que una definición programática es el método más acertado para marcarle la cancha a Macri y a la dipsómana titular del partido, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que hacen campaña sobre la idea de un "shock" abrupto en los primeros días de un eventual gobierno de Junts por el Cambio encabezado por ellos. Rodríguez Larrata fue moldeando su discurso, pero en estos últimos seis meses, signados por una meseta en las encuestas, también suscribió la idea de cambios drásticos en 90 días. Las definiciones económicas no sólo están orientadas a ordenar la interna sino también a dar señales a un establishment que les reclama unidad y menos peleas públicas.

"Ahi hay un cierre", evaluó un dirigente que responde a Bullrich Luro Pueyrredón. Asume que la señal de Mar del Plata es un desafío político e ideológico, pero anticipa que la jefa del partido continuará con su campaña a partir del 16 de enero, cuando estará en La Feliz junto al titular del bloque macrifascista en Diputados, Cristian Ritondo, que construye su precandidatura a gobernador bonaerense para competir con Santilli. "Ella está muy bien con (el senador y ex gobernador mendocino Alfredo) Cornejo y seguirá ese camino", contestaron cerca de la ex montoneraa entreadora de compañeros para demostrar que el eje ultraliberal no sólo atraviesa al PRO sino también a la UCR, con el creciente acercamiento entre Bullrich Luro Pueyrredón y el ext itular del partido centenario. "Esto marca una nueva distancia de Horacio con Mauricio", especularon en el bullrichismo, donde no descartan las fórmulas cruzadas, pero como parte de una interna donde se concrete una contienda entre dos orientaciones de derecha que son transversales a los dos mayores partidos de Juntos por el Cambio.
Fuente: nota de Claudio Madones para Tiempo Argentino

De ministro a profesor: a pesar de haber pedido licencia por el escándalo de los chats, Marcelo D'Alessandro sigue formando policías de la CABA

Tres días después de que anunciara su alejamiento temporario del ministerio de Justicia y Seguridad porteña, se publicó la designación como docente del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el mismo organismo que tiene dentro de su staff a la jueza María Eugenia Capuchetti.


Marcelo D’Alessandro debió tomarse licencia como ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires después de que una filtración de chats lo llevara al centro del escándalo político. Los mensajes que se difundieron y que se le atribuyen lo muestran supuestamente recibiendo asesoramiento del principal consejero del presidente de la execrable Corte Suprema, pidiéndole información ilegal a un fiscal que terminó condenado por extorsión y hablando de miles de dólares con un empresario que se dedica al millonario negocio de las grúas y los estacionamientos en el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larrata. 

Sin embargo, el bochorno no lo sacará de las aulas. Según apareció publicado en el Boletín Oficial porteño, D’Alessandro estará a cargo de una materia troncal que deberán aprobar quienes quieran incorporarse como policías de la Ciudad. La asignatura se dicta en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el organismo que se supo que tiene entre su staff de docentes e investigadores a María Eugenia Capuchetti, la jueza que tiene a su cargo la causa sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.

En el Boletín Oficial del viernes último –que lleva el número 6535–, se publicó una resolución del director del ISSP, Gabriel Unrein, en la que designa a los profesores titulares de las materias que integran el ciclo inicial de los aspirantes a oficiales de la Policía de la Ciudad. Entre ellos, aparece D’Alessandro como profesor titular de “Seguridad Pública Ciudadana”.

La resolución de Unrein se firmó el 2 de enero, cuando el escándalo de los chats ya estaba desatado y un día antes de que D’Alessandro anunciara que se iba a tomar “licencia temporaria” a su cargo el ministerio de Justicia y Seguridad para ocuparse técnicamente de desmentir lo que surgiría de los intercambios y de atender a su familia.

Ante la consulta con el equipo de D’Alessandro para saber si su licencia se extendería también al instituto de formación de las nuevas camadas de policías, la respuesta fue que, como las clases se inician en marzo, no se sabe qué hará el funcionario que tuvo, por el momento, una salida elegante del régimen de Rodríguez Larrata.

“Me parece increíble que no se planteen que el último lugar que hoy debería ocupar D'Alessandro es el de docente del Instituto de Seguridad Pública”, dijo la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira. “Claramente tuvo que pedir licencia porque era insostenible seguir en el cargo sin ninguna autoridad frente a la ciudadanía. Me pregunto cómo se les ocurre que, en medio de este escándalo, forme a los policías”, añadió.

“Con el bloque del Frente de Todos exigimos que informen sobre el funcionamiento del Instituto de la Policía y presentaremos un pedido de interpelación a su director”, adelantó el legislador Matías Barroetaveña. “Es inaceptable que la jueza que tiene a su cargo una de las causas más importantes en términos institucionales de los cuarenta años de democracia esté cobrando un sueldo del ministro de Seguridad responsable de la seguridad del distrito donde ocurrió el intento de magnicidio”, remarcó.

“Es evidente que la licencia de D’Alessandro fue para garantizar su impunidad, sino tendría que haber venido a la Legislatura a dar explicaciones como exigimos”, reclamó la legisladora Alejandrina Barry, del Frente del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad. “Que siga siendo docente de policías muestra que mantiene su poder”, dijo. Desde ese bloque impulsan una interpelación a Rodríguez Larrata por encubrimiento.

En defensa de Capuchetti

El viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció que la jueza Capuchetti ejercía como docente e investigadora del ISSP. Para Soria la situación exhibía dos irregularidades: por un lado, la jueza podría ejercer la docencia pero no la investigación, según el decreto ley 1285/1958; por otro, esa relación exhibiría cierto vínculo de la magistrada -que debe investigar el intento de magnicidio a CFK, la mesa judicial macrista y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- con el PRO.

El ISSP confirmó a través de un comunicado que distribuyó el régimen de la CABA que Capuchetti es docente desde 2014 y que desde 2017 es investigadora en un observatorio que depende del mismo Instituto. Por la tarea de investigación, recibiría una remuneración de 73.924,23 pesos –según lo informado por el ISSP–. En el juzgado también explicaban que Capuchetti da clases y confecciona informes para el instituto de seguridad de la Ciudad como lo hizo antes para la Policía Federal Argentina (PFA). Según pudo saber este diario, Capuchetti impartió seminarios para esa fuerza entre 2006 y 2019, antes de ser designada titular del juzgado federal 5 de Inodoro Py.

Quien salió al cruce de Soria fue el propio D’Alessandro, que había bajado su exposición después de que el martes anunció su “licencia temporaria”. Desde Twitter, denunció que Soria estaba llevando adelante una “operación de inteligencia miserable” y que era un “gesto de obsecuencia con Cristina, la única vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción en la historia de la democracia”.

D’Alessandro está desde hace meses en un loop de denuncias de “operaciones de inteligencia”. Fue la explicación que ensayó después de que Página/12 revelara que en octubre había viajado a Lago Escondido con un grupo de magistrados federales, un ex espía y dos directivos del Grupo Clarín.

“La falta de límites y las relaciones promiscuas entre Juntos por el Cambio y Comodoro Py es tal que ahora son los propios ministros de Larreta los que ofician de voceros de los jueces involucrados en los escándalos de las últimas semanas”, replicó el ministro Soria.

“Sería bueno que ahora que está en uso de licencia se tome el tiempo de leer la resolución en la que designan a la jueza Capuchetti como investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad de la Ciudad, que según la propia resolución es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad a cargo del Ministerio de D'Alessandro. No tengo dudas de que este contrato como investigadora de la Ciudad que le dieron a la jueza Capuchetti explica por qué no tiene tiempo de investigar de verdad las causas que tiene en su juzgado”, insiste Soria. “Antes que seguir perdiendo el tiempo inventando excusas absurdas, el ministro D'Alessandro, junto con todos los que chateaba, deberían ponerse a derecho y entregar sus teléfonos celulares. No vaya a ser que se les pierdan o los cambien como a las asesoras del diputado Gerardo Milman”, remata.

Los otros docentes

El ISSP se creó en 2008, tiempo después de que Miauricio Macri accedió a la jefatura de Gobierno porteño, y como parte de la estrategia para conformar la Policía Metropolitana –que quiso dejar en manos del comisario de la PFA Jorge “Fino” Palacios, uno de los involucrados en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA–.

Si bien desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño se ocupan de resaltar que el ISSP es autárquico y que las designaciones corren por cuenta de su director –Unrein–, los vínculos con el régimen de la CABA parecen indiscutibles. El 13 de diciembre pasado, D’Alessandro y Felipe Miguel –jefe de gabinete de Rodríguez Larrata– estuvieron en la ceremonia de egreso de los nuevos policías. El 27 de octubre, D’Alessandro fue el principal orador en el acto por el día del cadete. Ocho días antes, había estado en la apertura del seminario sobre “buenas prácticas para implementar la seguridad de los fiscales” junto con Unrein; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima; el fiscal federal Carlos Rívolo y el encargado jurídico de la embajada de Estados Unidos, Ricardo Fernández, entre otros. El 22 de agosto, D’Alessandro también ejerció de anfitrión en una visita que hizo el senador Martín Lousteau al ISSP.

Cada ingresante a la Policía de la Ciudad debe aprobar un ciclo de formación inicial que está compuesto –según surge de la resolución publicada en el Boletín Oficial porteño– de siete asignaturas –entre las que se encuentra la de D’Alessandro–, que son impartidas por docentes con claros vínculos con el macrifascismo.

✒ Marcela de Langhe es la docente a cargo de “Marco legal de actuación policial”. De Langhe –que tiene una larga trayectoria al frente del ISSP– integra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde Rodríguez Larreta tiene una mayoría asegurada.

✒ Juan Bautista Mahiques dicta clases –de manera ad honorem– de “Marco legal de la actuación policial: módulo Derecho Procesal Penal”. Mahiques es el fiscal general de la Ciudad y fue durante el gobierno de Macri el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Tenía a su cargo la subsecretaría del Ministerio de Justicia que se ocupaba de las cárceles y de la relación con los tribunales. Fue uno de los que viajó con D’Alessandro a Lago Escondido.

✒ Néstor Nicolás imparte clases de “Actuación policial frente a emergencias y siniestros”. Es el subsecretario de Emergencias de Rodríguez Larrata.

✒ Martín Ocampo es el profesor responsable de “Marco Legal de Actuación Policial: Módulo Derecho para la Deontología Policial”. Exfiscal general de la Ciudad, Ocampo antecedió en el cargo de ministro a Diego Santilli y a D’Alessandro. Renunció en 2018 después del escándalo por el operativo de seguridad en la superfinal entre River y Boca.

✒ Carlos Francisco Balbín da clases de “Marco legal de la actuación policial: módulo Derecho Administrativo”. Balbín fue el primer procurador del Tesoro del gobierno de Macri, que terminó renunciando después de dictaminar en contra de los intereses del entonces presidente en la causa del Correo.

✒ El penalista Marcelo Sancinetti está a cargo de los módulos de Derecho Penal I y II. Sancinetti tomó la representación del camarista Gustavo Hornos después de que se conocieran sus encuentros con Macri. Antes, había hecho un trabajo para la familia de Alfredo Yabrán sobre el crimen de José Luis Cabezas.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12

Marcelo D'Alessandro suma una denuncia por sus chats con un integrante de la banda de Marcelo D'Alessio

Rodolfo Tailhade dice que el ministro porteño está involucrado en una treintena de delitos después de analizar los chats que se divulgaron. El diputado del Frente de Todos hará un descargo para desvincularse después de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera que se investigue si tuvo participación en la filtración.


El corrupto y procesado fiscal Carlos Stornelli pidió investigar si el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade estuvo involucrado en la filtración de los chats del licenciado ministro porteño Marcelo D’Alessandro, que terminó desatando un escándalo político de dimensiones al involucrar a empresarios, fiscales e incluso al vocero del presidente de la execrable Corte Suprema. 

Tailhade prepara su contragolpe: va a presentarse este lunes para hacer un descargo y denunciar una treintena de delitos que surgen de los intercambios que se le atribuyen a D’Alessandro. “Voy a pedir que se abran tantas investigaciones como delitos hay”, dijo.

Antes de que terminara la primera semana de enero, Stornelli firmó un dictamen en el que pedía investigar la posible existencia de maniobras de inteligencia ilegal contra D’Alessandro, que le había apuntado a Tailhade en su denuncia. ¿Por qué? Porque el diputado del Frente de Todos dijo que se conocerían nuevos chats alrededor de las 13.30 del jueves 29 de diciembre en la columna que tiene en la radio AM 530. Para entonces, la filtración llevaba varias horas circulando por los teléfonos de políticos y periodistas.

Stornelli –procesado por sus andanzas con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio– aprovechó y se despachó con una serie de medidas que autorizó la jueza María Eugenia Capuchetti antes de salir de vacaciones. “No tengo nada que ver con esto. Estoy a disposición. No tengo ni la más remota idea de cómo se creó ese sitio (desde donde se distribuyeron los chats)”, dice Tailhade. “Si se trabaja con conciencia, se va a saber quién lo hizo”, completa y añade que va a plantear que no reconoce la legitimidad de Stornelli por estar procesado en una causa de espionaje.

Tailhade irá con un escrito para pedir que se extraiga testimonio de los chats que están publicados y se investiguen los delitos –algunos en Inodoro Py y otros en la justicia ordinaria–. Según anticipa, son alrededor de 30 posibles acciones ilegales las que detectó. Entre ellas, se destacan, por ejemplo, las que surgen de los intercambios que habría mantenido el ministro de Justicia y Seguridad porteño –ahora de licencia– con una deleted account (cuenta borrada) que le pertenecería a Juan Ignacio Bidone.

Bidone es consorte de causa de Stornelli. Fue el fiscal de Mercedes que terminó condenado a tres años y ochos meses de prisión por proveer información a D’Alessio que le servía para extorsionar al empresario Gabriel Traficante. De ser ciertos los chats, Bidone habría mantenido una práctica de suministrarle información también a D’Alessandro a la que él solo podía acceder en su calidad de representante del Ministerio Público.

Por ejemplo, surge que habría pedido información de un comisario de nombre Ángel Humberto Ponce o de un coronel retirado, Mario Fernando Troncoso, que había sido pasado a disponibilidad por Nilda Garré cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa. D’Alessandro se habría interesado por Troncoso cuando se desempeñaba en una agencia de seguridad privada. Hay otro caso que detectó Tailhade: también requirió informes sobre el comisario Héctor Pedro Cajida y explicó que fue uno de los oficiales que más se opuso al traslado de parte de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad. Cajida fue uno de los encargados del comando de seguridad que se armó para la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que el macrismo organizó en 2017. Tailhade también denunciará que D’Alessandro recibió información de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre las organizaciones Barrios de Pie y Libres del Sur cuando participaban de la marcha federal de 2018.

El viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó otra denuncia contra D’Alessandro. En esa presentación, se hace foco, por ejemplo, en las conversaciones con el empresario Marcelo Violante, dedicado al negocio de las grúas y de las playas de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12

Salió el nº 595 de Malicias

 

Rosenkrantz mantiene vínculos con el estudio de abogados del que fue socio

El vicepresidente de la execrable Corte Suprema dijo que se había desvinculado pero su socio, Eduardo Bouzat, lo representa como apoderado en una causa por escrituración de terrenos en Bariloche.


El vicepresidente de la abyecta Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, mantiene vínculos con el estudio del que formó parte hasta antes de asumir como juez: su ex socio, Gabriel Bouzat, es su apoderado (litiga en su nombre) en un causa por la escrituración de unos terrenos en San Carlos de Bariloche por los que acordaron pagar, ambos, 400 mil dólares.

En la vocalía de Rosenkrantz explicaron que no se trata de una "relación comercial" sino de la copropiedad de los terrenos. Y que "no hay irregularidad en toda esta operatoria".

El año pasado, Rosenkrantz comunicó a sus colegas de la Corte que dejaría de excusarse en expedientes en los que fueran parte empresas a las que patrocinó como líder del Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, porque ya habían pasado cinco años desde su desvinculación y consideraba que estaban superados los plazos en los cuales debía mantenerse al margen de esos casos. De hecho, ya intervino en ese momento en una causa que involucraba a la empresa Claro, del Grupo Clarín.

En su vocalía, no obstante, aseguran que "en todas las causas en las que intervino Bouzat o su estudio, Rosenkrantz se excusó" y agregan que "no le es imputable ninguna irregularidad por alguna intervención como magistrado a raíz de la participación en expedientes de cualquiera de sus exclientes". Formalmente, el vicepresidente de la Corte no integra ese estudio, que ya no se llama Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados sino BRYA Abogados y tiene página de internet: www.brya.com.ar. BRYA, valga la aclaración, son las iniciales de Bouzat, Rosenkrantz y asociados.

Podría tratarse de una coincidencia, acaso una muestra sensiblera de nostalgia, que no necesariamente demostrara la vigencia de la vinculación. Está claro que la asunción como ministro de la Corte no significa desconocer el propio pasado ni renegar de las amistades. Pero hay relaciones que incluso sin ser motivos taxativos de excusación o recusación perfectamente pueden generar en alguna de las partes de un expediente un temor de parcialidad. A menudo, con eso basta para que un juez deje de intervenir en una causa.

En el caso de Rosenkrantz y Bouzat la relación no sólo es conjetural. Bouzat representa al economista Carlos David Winograd (radicado en Francia) y a Rosenkrantz en una "demanda por escrituración" contra la empresa Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL. Según se desprende del expediente 45560/2019 –iniciado cuando Rosenkrantz llevaba casi tres años como miembro de la Corte– que tramita ante el juzgado civil número cinco de la Capital Federal, "el 15 de noviembre de 2011, los Sres. Gustavo Enrique Cañonero (quien luego cedió su parte a Winograd), Carlos Fernando Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, suscribieron –como compradores– con la emplazada Urbanizadora Parque Entre Lagos S.R.L., en el carácter de vendedora, un boleto de compraventa, mediante el cual adquirieron un conjunto de inmuebles (loteo) con todo lo construido y demás adherido al suelo, ubicados en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, por la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos mil". 

Con la firma del boleto, desembolsaron 200 mil dólares, de los cuales Rosenkrantz puso 20 mil, pues su participación en esa inversión era del diez por ciento. La escrituración nunca se concretó y el 15 de noviembre de 2017 (cuando el hoy vicepresidente de la Corte llevaba más de un año en el cargo) las partes "suscribieron un reconocimiento de derechos" por el cual la sociedad vendedora admitió "expresamente que no había cumplido" su parte del trato.

En 2011, cuando se inició la operación, Rosenkrantz no era miembro de la Corte. Pero el 3 de julio de 2019, cuando se presentó la demanda, sí. Juró como juez del máximo tribunal –después de aquel insólito y fallido intento de designación por decreto de Miauricio Macri– el 22 de agosto de 2016. En el expediente, Rosenkrantz figura como "actor" y su supuesto ex socio, como su "apoderado".

El tribunal civil le fijó una multa a Urbanizadora Parque Entre Lagos por 100 mil dólares, "resultando deducible del pago del saldo de precio al momento de la escrituración y entrega de la posesión", que hasta el día de hoy no ocurrió. Por eso el reclamo de los pretensos copropietarios de esos terrenos en Bariloche, una zona que parece despertar especial fascinación en hombres prominentes del Derecho.

Bouzat fue espiado ilegalmente por el falso abogado Marcelo D’Alessio; Rosenkrantz, por los agentes de la AFI contratados durante el gobierno de Macri, a los que la Cámara Federal consideró "cuentapropistas".

El 20 de abril de 2021, durante el actual gobierno y en plena pandemia, el juez en lo civil Julio Fernando Ríos Becker falló "haciendo lugar a la demanda" y en consecuencia condenó a Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL "a escriturar a favor de Gabriel Bouzat, Carlos David Winograd y Carlos Fernando Rosenkrantz los inmuebles individualizados", unos 215 lotes, que ocupan casi dos páginas del fallo. El último movimiento del expediente está registrado el 26 de octubre de 2022 y es la digitalización de una cédula de notificación que Bouzat intentó vanamente entregar a la empresa vendedora unos días antes.

A fines de octubre de 2021, Rosenkrantz había comunicado a los demás miembros del tribunal que desde entonces dejaría de excusarse en causas en las que estuvieran involucrados clientes o ex clientes del estudio que integró. En la página www.brya.com.ar no figura la lista de clientes. La única referencia concreta es el listado presentado por el propio Rosenkrantz en su declaración jurada previo a asumir como integrante del máximo tribunal. La publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su "Observatorio de Procesos de Selección de jueces de la Corte Suprema". Allí, figura que fue apoderado o representó, personalmente o a través del Estudio, a una larga lista de empresas y particulares, entre ellos América TV. AMX Argentina (Claro), Arcos Dorados Argentina S.A. (Mc Donalds), Asociación para la Defensa de la Competencia, Café Martínez SRL, Cablevisión S.A., Francisco De Narváez, Día Argentina S.A, Fernando Elsztain (IRSA), Yacyretá, Farmacity, Freddo, Grupo Pegasus S.A, Roberto Lavagna, La Vascongada, Musimundo, Ogden Rural S.A., Pan American Energy LLC, las provincias de Santa Fe y Corrientes, Mario Quintana, Sociedad Anónima La Nación, Supercanal Holding S.A., Telmex Argentina, YPF y el Grupo Clarín.

En los primeros cinco años como juez, Rosenkrantz se había apartado de un centenar de expedientes "para aventar cualquier posible percepción negativa" sobre su participación. Eso cambió, y ahora sostiene que "no se configura ninguna causal de excusación" por su pasado. "Tampoco mi imparcialidad se ve afectada por razones de decoro y delicadeza", afirmó el juez.
Fuente notta de Néstor Expósito para Tiempo Argentino

sábado, 7 de enero de 2023

2011 - 7 de enero - 2023
¡CURRÍN CUMPLE 12 AÑOS!

Los domingos, Currín no se edita. Nos reencontramos con ustedes el próximo lunes.

El Gobierno denunció penalmente a Marcelo D'Alessandro

El ministro de Justicia de la Nación afirmó que presentó una denuncia contra el ministro de Seguridad por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros. "La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas", sostuvo.


El ministro de Justicia, Martín Soria, anunció que "por instrucción del Presidente" Alberto Fernández denunció penalmente al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, por "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros".

"Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros", afirmó el ministro a través de su cuenta de Twitter.

El funcionario señaló que "los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani".

"La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas", añadió.
Las grúas del GCBA

En un documento adjuntado por Soria se especifica que la denuncia presentada por el Ministerio pide investigar los presuntos hechos de corrupción relacionado a la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad del servicio de grúas de remolque operado por la empresa Dakota S.A.

El escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.

El documento señala también la presunta existencia de “un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante”, que podrían ser la razón por la cual la administración de Horacio Rodríguez Larreta mantuvo congelados los montos que debía pagar a Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.

El celular de D’Alessandro

En las últimas semanas, el ministro de Seguridad porteño se ha visto salpicado por dos filtraciones de chats que lo obligaron a dar un paso al costado y pedir una "licencia temporaria".

Estos intercambios lo involucran en un viaje a Lago Escondido con jueces, fiscales y empresarios de medios y muestran su conexión con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que conversan sobre la estrategia opositora para impedir el tratamiento de la conformación del Consejo de la Magistratura.

En la denuncia presentada por Soria se exige que se secuestre el celular del funcionario porteño, así como de “todos los que en el devenir de la investigación resulten implicados en los hechos denunciados”, para realizar “una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad”.

Además, el titular de la cartera de Justicia pidió la habilitación de la feria judicial “para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes”.

Denuncian que la jueza Capuchetti cobra un sueldo del nefasto régimen de la ciudad de Buenos Aires

Mientras lleva adelante la causa del Atentado a Cristina Kirchner, está contratada como "investigadora". Así lo publicó el ministro de Justicia, Martín Soria.


Otro escándalo salpica al corrupto Poder Judicial y al infame régimen de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se dio a conocer que la jueza María Eugenia Capuchetti, quién lleva adelante la causa del Atentado a Cristina Fernández de Kirchner, cobra un sueldo del régimen porteño, incompatible con su rol en la justicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria denunció en su cuenta de Twitter que Capuchetti está contratada como investigadora. 

"La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de Marcelo D'Alessandro", escribió en la red social y agregó: "Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno".

El funcionario nacional indicó que "desde hace 4 años la Jueza encargada de investigar el atentado contra Cristina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de 'investigadora', a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia". La vicepresidenta compartió esta información en su propia cuenta de Twitter.
En el mismo sentido, Soria destacó que el Instituto Superior de Seguridad Pública, que emplea a Capuchetti, no dio a conocer ninguna investigación o publicación cientifica. Además, reveló que "tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques".

"El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de 'la magistratura judicial con toda actividad política' y 'cualquier actividad profesional'", refirió el ministro y explicó que esto "solo permite a los magistrados ejercer la docencia" por lo que "ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal". 

Soria concluyó que "mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia" y por lo tanto "desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".

Horas antes, y por expresa instrucción del presidente de la Nación, Martín Soria presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional, para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública. 

La denuncia requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.

El presidente buscará el fin de semana desde Chapadmalal sumar el respaldo de más gobernadores al juicio político contra la execrable Corte Suprema

En el oficialismo intentan que los mandatarios que responden a partidos provinciales se sumen al pedido de juicio político. También algunos de los peronistas que hasta ahora se mostraron reticentes.


El presidente Alberto Fernández se instaló en la residencia oficial de Chapadmalal y permanecerá allí al menos hasta el lunes, cuando tendrá una actividad en Miramar, a unos pocos kilómetros de Mar del Plata. Hay un tema que lo desvela: conseguir que avance en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político a los integrantes de la nefasta Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño de sus funciones”.

Para que sus intenciones se concreten, el miércoles citó al jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y a la titular de la comisión de Juicio Político en la Cámara Baja, Ana Carolina Gaillard, para entregarles en mano la iniciativa. A ambos los instó a acelerar su tratamiento, por más que todavía no se concretó el llamado a sesiones extraordinarias. En esa Comisión, donde se espera el dictamen de mayoría, el oficialismo debe reunir 16 de los 31 votos posibles. En eso no se puede fallar. Después en el recinto, donde se debe lograr que las dos terceras partes de los 257 legisladores lo voten, la historia puede ser distinta.

Si se tiene en cuenta que hubo jefes provinciales que no se sumaron al pedido del presidente cuando se los convocó el 3 de enero para sumar respaldos, la tarea de convencer a los gobernadores díscolos, para luego asegurar el quórum, será complicada. Por eso puso a uno de sus laderos más fieles, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en un rol más preponderante incluso que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con el objetivo de persuadirlos sobre el papel clave que sus legisladores cumplirán en el Congreso.

Las cuatro provincias que son lideradas por partidos provinciales afines a las políticas impulsadas por Alberto Fernández no acompañaron esta embestida contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Tanto Omar Gutiérrez (Neuquén) como Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Arabela Carreras (Río Negro) firmaron un documento más cauto cuando salió el fallo de la Corte por la coparticipación pero esta vez decidieron mantenerse al margen.

No explicitaron las razones y ni siquiera la visita reciente que el presidente realizó a Posadas para inaugurar recientemente viviendas en la provincia del noreste consiguió torcer la voluntad de Herrera Ahuad, uno de los nueve “convocados” que por ahora no suscribió el documento en contra de los cortesanos. Tuvieron una reunión a solas, aunque el gobernador mantuvo su postura equidistante.

En ese contexto, este “grupo de los cuatro” es justamente uno de los objetivos al que apunta el gobierno nacional para sumar voluntades para la causa. Conseguir el apoyo de alguna/s de estas provincias gobernadas por partidos provinciales es esencial para que el oficialismo pueda fortalecer su avanzada contra el máximo tribunal de Justicia del país.

Tampoco Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Mariano Arcioni (Chubut) entraron entre los que apoyaron el proyecto presidencial. El puntano se mantiene en sugestivo silencio. En el caso del chubutense su situación es más confusa y ambigua. Arcioni, cercano al ministro de Economía Sergio Massa, está de licencia hasta el 8 de enero. En la reunión que se hizo en Casa Rosada, participó su vice, Ricardo Sastre, en modo virtual. Apareció su firma entre las que difundió Presidencia, pero él sostiene que no la avaló. A ellos dos también habrá que invitarlos a rever su posición.

En el caso del entrerriano Gustavo Bordet hubo idas y venidas. También con presencia por videoconferencia el 3 de enero, en un primer momento se lo contó entre los que estaban de acuerdo con el jefe de Estado para impulsar el juicio político. Pero después el gobernador hizo trascender que se cambió lo que había conversado previamente con Fernández.

Para lograr los 16 votos necesarios en la Comisión de Juicio Político en Diputados también ya hubo sondeos con la finalidad de asegurarse que no habrá trabas. La diputada Gaillard es entrerriana y la encabeza. Se diferenciará de Bordet y apoyará el dictamen.

También Germán Martínez y el camporista Marcos Cleri la integran y respaldarán. Representan a Santa Fe, cuyo jefe provincial Omar Perotti está enrolado en el peronismo aunque decidió tomar distancia de las intenciones presidenciales.

Vanesa Massetani, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán -los tres responden al Frente Renovador de Sergio Massa- se alinearán. Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Ricardo Daives, Mario Leito, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Leonardo Grosso, José Luis Gioja (enfrentado con el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, que marcó sus diferencias con la determinación presidencial de enjuiciar a la Corte) y Hugo Yasky, adoptarán la misma posición. Después en el recinto, donde la oposición liderada por Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará a discutir, la historia puede ser otra.

Para Kicillof, Clarín "quiere ocultar la gravedad de lo que pasa con la Corte"

El gobernador de Buenos Aires cuestionó "los métodos de desinformación de (Héctor) Magnetto" a raíz de un título sobre el pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal que consideró "ridículo".


Axel Kicillof cuestionó ayer el título de una información publicada por el pasquín envuelve huevos Clarín, al asegurar que el medio de comunicación intenta "ocultar la gravedad de lo que pasa con la Corte Suprema" y desestimar el juicio político a sus integrantes impulsado por el presidente, Alberto Fernández, y varios mandatarios provinciales.

El gobernador bonaerense posteó en su cuenta de Twitter la foto de una nota que en su título afirma: "Sin Kicillof, los que firmaron contra la Corte representan el 14% del país", en alusión a los mandatarios que acompañaron la iniciativa del jefe de Estado.

"Los métodos de desinformación de (Héctor) Magnetto (CEO de Clarín) se superan día tras día. Titular así es tan ridículo como decir: 'Sin la Provincia de Buenos Aires, el país tiene 30 millones de habitantes'”, señaló Kicillof en un texto que acompaña la foto. 

En ese sentido, Axel remarcó que "lo cierto es que es la primera vez en la historia que un Presidente junto con gobernadores le inician juicio político a la Corte Suprema. Quieren ocultar la gravedad de lo que pasa" con el máximo tribunal.

Diputados de Entre Ríos se despegan del cagón Bordet: "Es momento de actuar con contundencia"

“Lamento la decisión del gobernador”, dijo la diputada Blanca Osuna. Aseguró que hay razones para avanzar en el pedido de juicio político y lamentó la actitud de Gustavo Bordet, que no acompañó la solicitud que sí firmaron 11 gobernadores del oficialismo.


Diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos se despegaron del gobernador Gustavo Bordet respecto a la postura del pedido de juicio político al presidente de la execrable Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. 

Con críticas al mandatario que no firmó junto a otros 11 mandatarios el comunicado donde se pide avanzar en esta dirección, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, consideró que “es momento de actuar con contundencia”.

“Creo que la Corte se ha venido manejando como una junta de Gobierno. Se ha mostrado con una connivencia perversa con el sector económico de la Argentina. Yo celebro con las propias reglas de juego que la democracia nos da vayamos buscando alternativas para revertir”, sostuvo en declaraciones a AM750.

Para la legisladora, avanzar con el juicio político es central. “Sin reacción, esto generaría una implosión al sistema democrático”, advirtió. Y dijo que “lo que nos compete como legisladores es asumir que es momento de actuar con contundencia para revertir este estado”.

En este sentido, Osuna consideró que “el valor principal del juicio político es abrir un camino que eche luz y aporte a la consciencia social de cómo están las cosas y afecta la vida cotidiana de los argentinos y argentinas”.

“Me consta que hay efectiva y concreta voluntad de legisladores y legisladoras que están convocados más allá de lo que definan sus propios gobiernos provinciales. Es la responsabilidad propia del ejercicio de su tarea”, reveló.

Sobre su caso particular, dijo que “lamento la decisión del gobernador. Al mismo tiempo quiero decirles que confío en que su decisión va a ser fundada y le corresponderá a él explicarla oportuna y debidamente. Yo estoy concentrada en lo que corresponde a los legisladores de mi bloque que representa a Entre Ríos”.

Piden que la Legislatura porteña investigue negociados con grúas y estacionamientos

El bloque del Frente de Todos propuso crear una Comisión Investigadora para indagar en los negociados del empresario Marcelo Violante con el nefasto y corrupto régimen de la ciudad de Buenos Aires.


El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña presentó un proyecto para crear una Comisión Investigadora que evalúe todas las contrataciones entre el nefasto régimen porteño y las empresas de Marcelo Violante, quien se vio envuelto en escandalosas conversaciones con el Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Allí se hablaba de pagos al ministro -hoy en uso de licencia- a cambio de gestiones ilegales que el empresario solicitaba en beneficio de sus empresas de grúas y estacionamiento.

“Es indispensable investigar estos hechos. Violante operó las grúas durante 21 años con un contrato vencido, sin que su empresa presentara balance y con un cánon congelado en 55.000 pesos. El gobierno de Larreta mientras tanto le otorgaba subsidios y predios públicos para hacer negocios con playas de estacionamientos que a su vez eran contratadas para guardar los autos de funcionarios. Un negocio redondo que solo podía existir por hechos como los que se verifican en los chats de Marcelo D’Alessandro”, apuntaron desde el Frente de Todos. Para aprobar dicho proyecto, serián necesarios 31 votos del recinto.

Según el contenido de chats filtrados recientemente, D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad, así como también gozaran de impunidad ante denuncias por infracciones y faltas.

A cambio, apareció la entrega al Ministro de sobres con cincuenta mil dólares, que no alcanzaban al “100%” de lo que Violante se había comprometido a “reintegrarle” al funcionario. Violante cuenta que gracias a sus gestiones ha conseguido que un funcionario del GCBA de nombre “Gastón” le anticipe un borrador del nuevo pliego de la tan postergada licitación del servicio de acarreo que durante 21 años estuviera sin realizarse por presiones de Violante y del otro concesionario.

"Es sugestivo que en este contexto, el 21 de septiembre de ese mismo año, Violante le preguntara a D'Alessandro si le ‘da para proponer negocios a Horacio’, el ministro le responde que sí", indicaron desde el Frente de Todos.

El informe de los legisladores señaló que el servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires estaba en manos de Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) hasta el miércoles 17 de agosto del 2022, cuando se puso fin a la concesión.

"Fue tras la constitución del frente antigrúas entre el Frente de Todos y los distintos bloques opositores de la Legislatura, que convocaron una sesión especial exigiendo el fin de las irregularidades sostenidas en el servicio de acarreo", remarcaron.

Ferraresi afirmó que el Frente de Todos mantiene "la aspiración" de que Cristina pueda ser candidata

“Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'", dijo el intendente de Avellaneda. La ex mandataria había anunciado que no se presentará para los comicios de este año porque se sentía "proscripta", luego de ser condenada en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos púbicos en la sentencia del juicio de la causa Vialidad.


El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi señaló ayer que hay muchos dirigentes y militantes que mantienen “la aspiración” de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sea la candidata" en las elecciones de este año y consideró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debería presentarse a la relección.

“Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'. Muchos tenemos la aspiración de que nos pueda representar en las elecciones de este año. Cuando dijo que no iba a ser candidata nos imaginamos un montón de postulantes y eso no sucedió", señaló Ferraresi en declaraciones a radio Nacional.

Tras ser condenada a seis años de inhabilitación e inhabilitación perpetua para ejercer cargos púbicos en la sentencia del juicio de la causa Vialidad, la ex mandataria anunció que no sería candidata en 2023 porque se sentía "proscripta".

Sin embargo, el jefe comunal de Avellaneda afirmó que pese a la decisión de la Vicepresidenta, el Frente de Todos ), "tiene una gran oportunidad de plasmar una propuesta en una elección que se ganará desde abajo hacia arriba con cada militante ocupando el lugar donde haga el mejor aporte".

“Este 2023 será clave para el Frente de Todos porque tiene la posibilidad de plasmar una propuesta de gobierno desde los distintos sectores de la coalición. Tenemos que tener otra dinámica y valorar lo que se hizo y saber que nos queda un camino por recorrer. Tenemos que respetar las distintas visiones, perfiles y miradas que tenemos sobre algunos temas”, remarcó.

Ferraresi estimó además que en la provincia de Buenos Aires, el candidato del espacio debería ser Axel Kicillof, porque es el dirigente que "más votos tiene" en el FdT y por eso "debería presentarse a una relección".

"En la provincia de Buenos Aires ningún candidato sacará más votos que Axel. Es necesario que sea candidato a gobernador y vaya por su relección para que le aporte los votos que necesita el proyecto nacional", subrayó.

A la hora de reflexionar sobre el 2022, Ferraresi aseguró que “la crisis más grande del Frente de Todos se vivió cuando en el congreso se trató el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por la deuda externa” y surgieron diversas posturas dentro de la coalición en torno a la conveniencia de ese arreglo con el organismo de crédito.

"Tenemos que fijar posturas sobre temas como el salario, los precios, la suma fija y construir un programa con todas las visiones. Hay que ponernos de acuerdo entre todos los espacios del Frente de Todos para abordar las PASO. Es importante constituir una mesa política para ordenar la elección nacional”, puntualizó.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de blanqueo de capitales en el exterior

La iniciativa se llama "Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada", es decir, un blanqueo de capitales para acompañar la puesta en marcha del acuerdo IGA 1 con Estados Unidos, en el marco de la ley FATCA.


El Gobierno nacional envió al Congreso la nueva ley de blanqueo de capitales argentinos en el exterior para ser tratada en sesiones extraordinarias del Congreso.

La iniciativa lleva el nombre de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada”, es decir, un blanqueo de capitales para acompañar la puesta en marcha del acuerdo IGA 1 con Estados Unidos, en el marco de la ley FATCA.

El proyecto de ley de blanqueo de capitales será una de las prioridades en las 7 iniciativas económicas que podrían incluirse en el temario de las extraordinarias.

A partir de la puesta en marcha del acuerdo automático de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, trata por un lado, de “seducir” con alícuotas bajas para que los evasores ingresen.

Mientras tanto, espera recibir los datos a nivel masivo, que llegarán en 2024, va en busca de las “cuentas espejo” a través de grupos de contribuyentes.


Tributaristas consultados consideraron que son las “bajas alícuotas la principal arma de seducción” que tiene este régimen, según aseguró el contador Martín Caranta, socio en Litvin & Asociados.

Las alícuotas van entre el 2,5%, el 5% y el 7,5%, según el momento en que se blanquee, tal como figura en el borrador del proyecto de ley. De todos modos, Caranta anticipó que estas fechas seguramente sea modificadas, dado que la primera alícuota del 2,5% estaba prevista inicialmente hasta el 31 de marzo. Por más que estos penalidades se dupliquen para los casos en los que los bienes se mantengan en el exterior, Caranta opinó que eso no necesariamente va a significar repatriación. “Las alícuotas siguen siendo bajas, un 5% también es atractivo”, agregó.

En la misma línea, el tributarista Sebastián Domínguez también aseguró que el proyecto es “económicamente conveniente”. Esto es porque además, explicó que los bienes que deben valuarse en dólares se transforman a pesos al tipo de cambio oficial, y el impuesto se puede pagar convirtiendo los dólares en pesos al tipo de cambio implícito MEP, por lo que “la alícuota efectiva del impuesto termine siendo de alrededor del 1,4% en términos reales, o 2,8% en los casos donde no haya repatriación".

“La relación costo versus liberación de impuestos, intereses, sanciones y resolución del tema de la persecución penal es muy beneficiosa”, aseguró Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. Sin embargo, los expertos marcan algunos desafíos. Por un lado, el político. “En Senadores está descartada la aprobación, pero la incógnita es el quorum en Diputados”, afirmó Domínguez. Pero además, alertan por la “falta de confianza”, debido a los cambios de reglas de juego, en los aumentos que hubo en el impuesto a los bienes personales, tanto en este gobierno, como en el anterior.

Según Caranta, una forma que tiene el Gobierno para generar confianza es dar “estabilidad de reglas a futuro”, en el caso del impuesto a los bienes personales y a las ganancias, “para que vuelva a ser progresivo y no grave rentas ficticias, aquí podría estar la zanahoria del régimen”, agregó.

Además, aseguró que en el proyecto podría detallarse si se libera a los contribuyentes del aporte solidario del año 2020, dado que podrían incrementarse los patrimonios y más personas podrían verse alcanzadas. “No parece conveniente al régimen porque algunos van a tener que pagar la alícuota del blanqueo y el impuesto a la riqueza”, afirmó.

La quita de retenciones aumentará las ventas de vehículos en U$S 1.700 millones

ADEFA celebró la quita de retenciones a las exportaciones incrementarles de vehículos que anunció el Gobierno para este año y anticipó aumentos en la producción.


La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó que el anuncio del Gobierno de eliminar las retenciones para las exportaciones incrementales de vehículos durante 2023 permitirá la venta de 70.000 unidades adicionales, equivalente a unos U$S 1.700 millones. Asimismo, en el caso de las exportaciones, se destacó el impacto positivo de la continuidad del decreto que exime del pago de derechos a los envíos incrementales para 2023.

Las terminales automotrices que integran ADEFA mantuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, para dialogar sobre el desempeño que el sector registró en 2022, las proyecciones previstas para este año y repasar la agenda sectorial En ese marco, Massa anunció la quita de retenciones para las exportaciones incrementables de vehículos para 2023.

El anuncio llegó justo tras conocerse los datos de producción de la industria automotriz de 2022, año que cerró con una producción de 536.893 unidades, y un crecimiento de 23,5% respecto al desempeño de 2021. También en los doce meses del año pasado se exportaron 322.286 vehículos, con una suba de 24,3% respecto al mismo período de 2021.

Subas en la producción en 2022

El presidente de ADEFA, Martin Galdeano, expresó que, "si bien a lo largo del año se registraron dificultades en la provisión de insumos derivadas del contexto global y local, se logró cerrar el ejercicio 2022 con una suba superior al 20%, que fue impulsada por la demanda externa".

En ese sentido, el sector confirmó que se realizaron desembolsos en torno de los u$s1.400 millones desde 2020 a la fecha, incluso a pesar de la pandemia del Covid 19. "Estas inversiones están destinadas a aumentar la producción y a nuevos modelos globales. Permitirán potenciar las exportaciones, el empleo y el desarrollo de proveedores, además de incluir mejoras tecnológicas en las plantas", detalló Galdeano.

Con los planes de inversión en marcha y la meta que el 2022 sea el piso para el nivel de las operaciones para este año, los directivos de las terminales adelantaron que, “de mantenerse las condiciones actuales, se podría registrar un aumento de más del 10%, tanto en producción como exportaciones”.

Las proyecciones para 2023

Durante el encuentro, en el que Massa aseguró que "avizoramos para 2023 un escenario de mínima de producción de 620.000 vehículos", en comparación con los 536.000 autos de 2022, los representantes de la industria destacaron que aun en el escenario desafiante y se celebró la aprobación de la Ley de Promoción a las Nuevas Inversiones y el objetivo de mantener e incluso mejorar de forma significativa los niveles de producción y exportación.