Otro paso en la avanzada negacionista: un diputado de Cambiemos quiere quitar la frase "30 mil desaparecidos" las publicaciones oficiales bonaerenses

La expresión se incluye por ley en todos los documentos de la provincia de Buenos Aires que refieran a hechos represivos. El que se opone es Guillermo Castello, quien responde a la desquiciada Elisa Carrió. Repudio de organismos de derechos humanos.

Con el argumento de que "violenta los valores de la Libertad y la Verdad", un diputado bonaerense de la alianza de derecha Cambiemos presentó un proyecto de ley para que la expresión "30 mil desaparecidos" no sea utilizada en las publicaciones, ediciones gráficas y audiovisuales producidas por los tres poderes del gobierno provincial. 

Su autor es Guillermo Castello, un legislador de la Coalición Cínica de Elisa Carrió, que retomó el camino abierto por el ex funcionario porteño Darío Lóperfido y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Desde los organismos de Derechos Humanos advirtieron sobre la nueva avanzada negacionista.

"A la memoria no la puede borrar un retrógrado. Como sobrevivientes, tenemos la responsabilidad de todos para que para que lo sucedido en la dictadura nunca más vuelva a pasar", advirtió Adolfo Pérez Esquivel.

Por su parte, Sandra Raggio, titular de la Comisión Provincial por la Memoria, apuntó que "en todas las masacres del mundo el argumento del negacionismo es básicamente cuestionar la cifra de víctimas". 

"Esta obsesión si quiere minimalista, de minimizar y tratar de discutir por excesiva la cifra -porque no se la cuestiona porque les parezca poco-, esconde una disputa muy similar a la que se daba durante la dictadura militar, el relativismo y el negacionismo por parte de la dictadura. También hoy ciertos sectores del oficialismo ciertos sectores vuelven con este mismo intento. Lo que hay detrás es una operación ideológica", agregó.

En este sentido, Raggio remarcó que el proyecto de Castello implica "desconocer absolutamente lo que significa, en términos políticos y simbólicos, la cifra 30.000, una cifra emblemática en la lucha por los derechos humanos en la Argentina ya en plena dictadura militar, reconstruida con los testimonios de los sobrevivientes".

El diputado oficialista presentó su proyecto para derogar la Ley provincial 14.910, que fijó que comunicaciones de cualquiera de los tres Poderes del Estado que hagan mención a hechos represivos deben calificar como dictadura cívico-militar al período de gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, así como consignar la cifra de 30.000 junto a la expresión desaparecidos. La ley 14.910 fue aprobada por la Legislatura provincial el 23 de marzo de 2017. Su autor fue senador y ex intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez, y el criterio para su aprobación no permitir que, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronunciaran subestimando las atrocidades llevadas a cabo en esos años, o minimizando su impacto.

Durante el tratamiento de la iniciativa, Castello había sido el único diputado en oponerse a su sanción. Ahora, al presentar su proyecto, calificó de "infame" y "mendaz" a la norma.

"Esta ley violenta los valores de Libertad y Verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar", sostiene Castello en los fundamentos de su iniciativa, en la que considera que no se puede hablar de 30 mil desaparecidos porque "no hay evidencia empírica" que permita sostener ese número.

Ya al inicio del régimen fascista de Cambiemos, en enero de 2016, el entonces ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Loperfido, había declarado que en la Argentina "no hubo 30 mil desaparecidos" y que esa cifra "se arregló en una mesa". 

Luego, en noviembre del mismo año, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural publicó un informe en el que se aseguraba que durante el período que va de 1973 y 1983 “se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total de 8.571 víctimas de terrorismo de Estado”.

Castello ha presentado otros proyectos de ley de este corte. Por ejemplo, propuso quitar los planes sociales a aquellas personas que participen en manifestaciones que interrumpan el tránsito. "El que viole derechos no debe recibir ninguna ayuda económica por parte del Estado", sostuvo a principios del año legislativo. Consideró también que los movimientos sociales tienen como principal actividad es "organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática".

Para La Nazión, negar el genocidio es "una opinión política"

El pasquín ultraoficialista de la familia Mitre no dudó en defender la exaltación de las Fuerzas Armadas que hizo Alfredo Casero y la forma en la que denigró la restitución de bebés secuestrados durante la dictadura.

"Alfredo Casero por una opinión política se quedó sin teatro en Salta", tituló ayer en tapa La Nazión. La elección de las palabras que el editor del pasquín de derecha eligió para referirse al caso no son inocentes. Se trata de sostener los dichos de un cada día más enajenado personaje de la derecha más rancia de este país.

El cómico que hace 25 años brilló en Cha Cha Cha hoy recorre canales de televisión y radios desplegando su odio hacia el kirchnerismo y, de rebote, hacia todos aquellos y aquellas que hayan tenido buena relación con las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. En ese marco, días atrás Casero despotricó contra Abuelas de Plaza de Mayo y puso en duda que los nietos restituidos sean tales, lo que lo colocó con comodidad en el bando de los negacionistas del terrorismo de Estado. El bando de Cecilia Pando, por ejemplo, con quien compartió la concentración realizada días atrás para que el Senado aprobara los allanamientos a la expresidenta.

Dudar de que los nietos recuperados sean reales es negar que la última dictadura secuestró mujeres embarazadas y las obligó a parir en centros clandestinos de detención. Es negar que en celdas salpicadas de sangre fueron el lugar de nacimiento de bebés que compartieron espacio con picanas y hasta con los cuerpos sin vida de sus propias madres, asesinadas en algunos casos por los apropiadores de esos mismos bebés. Y, por supuesto, es negar la labora humanitaria de Abuelas, cuya titular, Estela de Carlotto, sigue siendo postulada año tras año al Premio Nobel de la Paz.

Por esas opiniones a Alfredo Casero le suspendieron el show que iba a dar en El Teatrino de Salta. En Alemania alguien que dijera que las víctimas del Holocausto no son tales termina en la cárcel o al menos teniendo que dar explicaciones ante la Justicia. A Casero le salió barato: apenas se le canceló una presentación para la que, además, había vendido solo 46 entradas de las 300 disponibles.

"Muchos me cuestionaban por traerlo", apuntó el dueño de la sala, Humberto Colautti, justamente nieto recuperado por Abuelas. "Sé lo que es la restitución de un nieto, me tocó en carne propia, por eso me dolió especialmente", argumentó.

Por su parte, el hombre que hace un cuarto de siglo supo crear a Gilberto Manhattan Ruiz y hoy es una mueca dramática de aquel personaje, redobló la apuesta y llamó "obtuso" a Colautti, a quien además acusó de "dañar" su propio negocio al haber suspendido su unipersonal. Otro chiste sin remate, otra amarga caricatura provocada por el dolor de ya no ser.

Fuente: nota de Daniel Castelo para Infonews

Negacionistas que insisten en que los desaparecidos no son 30 mil vandalizaron el ex centro de detención Club Atlético

Tal como muestra la imagen que ilustra la nota, debajo de las palabras Memoria, Verdad y Justicia, talladas en uno de los paredones del ex centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Club Atlético, manos anónimas escribieron con un aerosol rojo “8.000”, la cifra que repiten los sectores negacionistas acerca de la cantidad de desaparecidos de la última dictadura cívico militar. El sábado los organismos de derechos humanos realizarán un "acto de desagravio" para denunciar lo sucedido y, un vez terminadas las pruebas de la Fiscalía, taparán la provocación. 

La comisión de Trabajo y Consenso del ex centro repudió la pintada y denunció que sus autores "buscan impugnar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia llevada a cabo durante más de 40 años por sobrevivientes, madres, abuelas, hijxs y organismos de Derechos Humanos”. A través de un comunicado, advirtieron que "la generosidad, la dignidad, la lucha justa están de nuestro lado”. 

“El Atlético”, que fue demolido para la ejecución de la autopista 25 de Mayo, formaba parte del circuito represivo que conformaron los centros de detención Banco y Olimpo (ABO). La Justicia determinó que allí permanecieron secuestrados 352 personas y que fueron asesinadas 15, cuyos restos fueron hallados en las costas de San Clemente. 

"Para nosotros es una ofensa constante; no quieren reconocer lo que sucedió y buscan mancillar la memoria de los compañeros", resaltó Daniel Mercogliano, quien estuvo privado de su libertad allí mismo. 

Los ex detenidos y sus familiares denunciaron además "la impunidad con la que se mueven" los negacionistas porque la pintada se hizo "a cincuenta metros del Ministerio Público Fiscal pero nadie dice nada". 

En el ahora Espacio de la Memoria, ubicado en Paseo Colón y San Juan, funcionó la División Suministros de la Policía Federal hasta que comenzó a construirse la autopista 25 de Mayo, cuando los detenidos desaparecidos alojados allí fueron trasladados a "El Banco", un predio situado a 200 metros de la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, en el partido bonaerense de La Matanza, que funcionó como centro clandestino de detención hasta 1978. 

En agosto de ese año comenzó a funcionar "El Olimpo", en la antigua División Mantenimiento de Automotores, en Lacarra y Ramón Falcón, en la ciudad de Buenos Aires, que permaneció en funcionamiento hasta principios de 1979.