La Corte define si los jubilados pagarán Ganancias: qué se espera y cómo impactará en el régimen macrifascista

Los supremos deben definir la constitucionalidad de cobro del Impuesto a las Ganancias a los abuelos. Hay $ 1.600 millones de recaudación en juego. En caso de eximir a todos los jubilados, deberán definir si corresponde un reembolso de lo ya descontado.

La Corte Suprema definirá este martes si unos 200.000 jubilados y pensionados seguirán pagando o no el Impuesto a las Ganancias.

El denominado caso “García” se incluyó en febrero en una agenda de 11 temas a tratar durante este año. “Se discute si resulta constitucional la aplicación del Impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios y de pensión”, señalaron los ministros de la Corte en la hoja de ruta judicial.

En rigor, los cinco integrante del máximo tribunal tratarán la causa que inició María Isabel García en la Justicia federal de Concepción del Uruguay en 2015. En un principio, el juzgado N° 2 declaró la inconstitucionalidad del cobro, pero la AFIP apeló. Dos años más tarde la Cámara Federal de Paraná confirmó la decisión al rechazar el planteo del organismo recaudador. Los camaristas determinaron que la jubilación "no constituye ganancia" y ordenó reembolsar lo descontado más intereses.

Para justificar el reembolso, los jueces de Entre Ríos que fallaron a favor de García recordaron un argumento de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social en el caso Calderale: la jubilada ya había pagado Ganancias durante su vida activa. Disconformes con la medida, la agencia de recaudación volvió a apelar y así se llegó a la Corte. Si bien la sentencia se adoptará para García en particular, la definición se amplificará.

El caso García fue tomado de una “familia” de litigios similares. La Corte lo consideró como el más representativo del universo de jubilados sobre los que impactará su resolución. En 2015 unos 300.000 jubilados y pensionados estaban alcanzados por Ganancias. Los primeros cambios en el mínimo no imponible de Miauricio Macri Blanco Villegas excluyeron a la mitad. Pero con la última modificación del Impuesto en enero pasado, se incorporaron 47.600 nuevos tributarios. Hoy, son entre 170.000 y 200.000 los que pagan.

Hasta diciembre de 2018 el mínimo no imponible de seis haberes mínimos se aplicaba por recibo. Para estar alcanzado, un mayor tenía que recibir más de $ 55.854 mensuales de jubilación y/o de pensión, contabilizado por separado. 

Pero desde 2019, el mínimo se cuenta por beneficiario y se deben sumar los montos de los dos recibos para saber si está alcanzado. El nuevo tope para marzo, abril y mayo es de $ 62.462.

En la ANSeS aseguran que solo lo pagan los jubilados con ingresos más altos y temen por el costo fiscal que tendría una decisión adversa. Un cierre definitivo a la demanda de García fijará precedente “cascada” en tribunales inferiores, al mismo tiempo que generará una jurisprudencia sobre la aplicabilidad del impuesto en términos conceptuales a la clase pasiva. Se cuentan unos 2.000 expedientes a la espera de este fallo.

Los asesores legales de la ANSeS consideran que el Ejecutivo es el único Poder autorizado para aplicar eximiciones impositivas, según lo determine el Legislativo. Pero además, el organismo previsional niega que el cobro sea irracional o desmedido, ya que solo alcanza a una porción muy pequeña de los siete millones de jubilados registrados.

Durante una visita a Vietnam en febrero pasado el hijo bobo de Franco Macri dijo que “en cada fallo, la Corte debe pensar en el equilibrio y la gobernabilidad”. Lo reclamó luego que el Tribunal lo obligó a pagarle $ 15.000 millones a la San Luis de los Rodríguez Saá. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que en 2019 debían ingresarán unos $ 1.600 millones por retenciones de Ganancias a los adultos mayores. Bajo la sombra del déficit cero que exige el FMI, en la Casa Rosada no solo lamentan la posible merma en la recaudación, sino el incremento del gasto público al que obligaría una indemnización generalizada por los descuentos ya aplicados.

Universalización del caso Badaro

Para los próximos meses se espera un segundo fallo de resonancia para los jubilados. Es un amparo colectivo presentado hace más de 10 años por el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, para universalizar el reajuste de haberes logrado en el caso Badaro.

En este tema -también incluido en la agenda 2019-, la Corte debe resolver el reconocimiento de una acción de clase arrastrada desde 2009 por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006. Por un lado, los magistrados deben decidir si el Defensor del Pueblo está legitimado para actuar en estas situaciones, algo que cuenta con el visto bueno en más de una vocalía del Tribuna. Por otro, deben fijar qué retroactividad correspondería a los afectados: total, parcial o ninguna.

No serán favorecidos los que se jubilaron después de 2006; los que aceptaron la Reparación Histórica (ya tiene incluida el fallo Badaro); los familiares de los jubilados fallecidos en los casi 11 años en que se demoró el expediente; los que hicieron un juicio y ya lo cobraron; los que cobraban el haber mínimo entre 2002 y 2006 porque tuvieron mejoras superiores a Badaro.

Sí estarán en condiciones de recibir una buena noticia los que no firmaron la Reparación, los que no tienen juicio en curso contra el Estado y los que se jubilaron después de diciembre de 2006. Expertos laboralistas afirman que por un juicio “Badaro I” los abuelos recibieron unos $ 800.000 en promedio. La extensión de ese beneficio llegaría ahora a 12.000 jubilados más. Serían unos $ 9.600 millones de gasto adicional por el fallo Mondino.

En Tribunales calculan que si el Estado decidiera cancelar todos los juicios abiertos por reajustes de haberes previsionales debería desembolsar unos $ 120.000 millones.

La salud de los abuelos, te la debo: los remedios que más consumen los jubilados subieron 540 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019

Los precios de los medicamentos subieron el 257 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019. En el caso de los más consumidos por los jubilados, como los que se recetan para tratar la hipertensión y otras afecciones cardiovasculares, los aumentos acumulan más del 540 por ciento. En cambio, la jubilación mínima tuvo en el mismo período una recomposición de sólo el 172 por ciento.

Los datos figuran en un informe realizado por el Centro de Economía Política (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para adultos mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), que ponen el foco en el impacto de la inflación sobre los remedios esenciales para los mayores de 60. 

Son números impactantes en sí, pero que no deberían leerse aislados de su contexto. El descontrol en los precios está ocurriendo en un marco que para los jubilados es mucho más precario que el de 2015, ya que el gobierno de Cambiemos les restringió la cobertura del PAMI. 

Hoy para tener la cobertura del 100 por ciento de PAMI en los medicamentos es necesario reunir lo que los autores del informe llaman "condiciones extremadamente extraordinarias", como ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser dueño de más de un inmueble ni tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad. 

El precio de los remedios está influenciado por los costos en insumos extranjeros, es decir que son muy sensibles al aumento del dólar. Por esto, con la devaluación que se registró este verano los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron un 3,7 por ciento en apenas un mes. 

Si lo que se mira son los aumentos acumulados desde mayo de 2015 a hoy, aparecen casos como el Atenolol y el Sintrom, con aumentos de 560 por ciento. Ambos son medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares.

En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son la razón de más del 70 por ciento de las muertes, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de ese grupo, las afecciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad para la población general; lo mismo pasa entre los mayores de 65.

"Al quitar el PAMI y el Remediar, la limitación de la entrega gratuita de medicamentos puso en grave riesgo no sólo la salud de las personas mayores, sino también la calidad de vida de aquellas que presentan patologías crónicas", advierten los investigadores en su dossier.

Algunos otros casos de las subas en los medicamentos para el cuidado de enfermedades crónicas, en el período mayo 2015 a marzo de 2019:

• El Acenocumarol (sintrom), un anticoagulante para evitar accidentes cerebro vasculares en personas con arritmias cardíacas, aumentó un 560 por ciento.

• El Atenolol, para el tratamiento de la hipertensión, se incrementó en un 543 por ciento.

• El Etoricoxib, fármaco para el dolor crónico en casos de artrosis, subió el 312 por ciento.

• La Dutasteride, para el tratamiento de la próstata, es un 355 por ciento más caro. 

En el análisis del impacto de estos aumentos hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas de 60 años y más consumen un promedio de entre 4 y 8 medicamentos. 

La imposibilidad de mantener los tratamientos médicos implica para la población mayor no sólo un aumento de la mortalidad, sino una calidad de vida más baja por la aparición de más enfermedades que generan dependencia y discapacidad.

Otra vez contra los jubilados: Macri Blanco Villegas eliminó el reintegro del 15 % del IVA por compras con débito

Cambiemos vuelve a ajustar a los mayores: ahora eliminó el programa que beneficiaba por sus transacciones con tarjeta de débito a jubilados y beneficiarios de planes sociales.

En línea con el último documento del FMI que presiona sobre mayores cambios regresivos en el sistema jubilatorio, el régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas eliminó el reintegro del 15 por ciento del IVA que beneficiaba a los jubilados y beneficiarios de planes sociales por sus compras con tarjeta de débito. A una semana de que el gobierno impusiera nuevos impuestos para los jubilados que además sean pensionados, el ajuste vuelve a afectar a los más grandes. 

El beneficio, que era un gran aliciente en medio de los siderales aumentos de los precios de los productos de la canasta básica, venció el 31 de diciembre pasado, pero el Poder Ejecutivo no lo prorrogó, a pesar de que estaba autorizado a hacerlo. 

El recorte, no obstante, no se dio de un día para el otro. El año pasado el gobiernorégimen congeló el tope de devolución en 300 pesos, sin ningún aumento al tope fijado en la ley que dispuso la devolución parcial del IVA a jubilados y pensionados que cobran la mínima, personal de Casas Particulares y beneficiarios de planes sociales, sancionada en junio de 2016. 

A pesar de la variación de la canasta básica de alimentos y de la inflación que el mismo gobierno asumió haber subestimado, el Ejecutivo nunca actualizó el monto de la ley. Ahora, optó por eliminar el beneficio directamente. 

Esta medida sale a la luz una semana después de que una resolución de la ANSeS empezara a computar de manera conjunta la jubilación y la pensión que pueda recibir un mismo beneficiario para el cálculo del pago del impuesto a las Ganancias. Según la opinión de expertos en el área, este cambio normativo sumará entre 40.000 y 50.000 jubilados al pago del impuesto y elevará el monto a tributar a quienes ya lo estaban haciendo. 

Ambas decisiones acatan las últimas exigencias del FMI para que se realicen mayores recortes en este sector. De acuerdo con un documento técnico del Fondo, se destaca como una receta positiva para contrarrestar el “envejecimiento de la población” aumentar la edad de jubilación, endurecer las reglas para acceder al beneficio o reducir el tamaño de los haberes mediante un ajuste en las fórmulas de cálculo de los haberes.

Más jubilados pagarán el Impuesto a las Ganancias

Será con los importes que se cobran este mes. Si la persona percibe dos beneficios, se sumarán para el cálculo cuando superen el valor de seis mínimas. Hasta ahora se tomaban por separado.

No será extraño que un grupo de jubilados note este mes que cobró menos dinero que el mes anterior, y que le aparezca en el recibo un descuento por el concepto 309000. Y seguramente, cuando vaya a la ANSeS a reclamar por ello, se enterará de que está tributando el Impuesto a las Ganancias. Se trata de aquellos que cobran dos beneficios, una jubilación y una pensión, por ejemplo, que sumados superan los $ 55.804 pesos.

Por una resolución interna, la Administración Nacional de la Seguridad Social decidió empezar a retener Ganancias a las personas que cobran dos beneficios. Las retenciones las aplicará por CUIL, es decir, por el número de identificación de cada persona, en vez de hacerlo por cada orden de pago. Sucede que hasta ahora, si los dos beneficios por separado no superaban el mínimo no imponible, la ANSeS no practicaba las retenciones.

Eso no quiere decir que los jubilados no tuvieran que pagar. El tributarista Federico de Luca explicó que “el cambio radical de esta circular se da en el sentido de la retención de ganancias mensual”.

“Hasta ahora, la ANSeS tomaba cada beneficio que percibía un beneficiario en forma particular por lo que, si ninguna de las cifras superaba el tope de la ley para comenzar a tributar el impuesto, no se le descontaba nada, y era el beneficiario quien debía autodeterminarse el impuesto que le correspondía y abonarlo, a través de la Declaración Jurada anual del Impuesto a las Ganancias”, señaló.

Lo que muy probablemente ocurría es que el jubilado no estaba ni enterado de que le correspondía pagar el impuesto, y por lo tanto, no pagaba nada, aunque ello no correspondía.

Los que pagan Ganancias no son el grupo más numeroso de jubilados. Son algo así como el 1,5% del total, unos 100.000 beneficiarios. En 2015 eran algo más de 320.000. En 2017 se cambió la manera de determinar el mínimo no imponible para las jubilaciones. Antes era igual al de los trabajadores en relación de dependencia solteros y sin hijos. Ahora equivale a seis jubilaciones mínimas.

De Luca añadió que “podrán gozar de la deducción especial para jubilados quienes no reciban ingresos de otras fuentes (como ser sueldos, alquileres, dividendos, etc.) y no estar alcanzados por el impuesto sobre los Bienes Personales”.

Se podrán hacer deducciones también al descuento para el PAMI, gastos médicos o pagos al personal de servicio doméstico. La otra cuestión es que una vez determinado el impuesto a retener, la ANSeS lo va aplicar de manera proporcional en los dos beneficios. Por caso, una persona que cobra una jubilación de $ 97.044,91 y una pensión de 9.309,10, tendrá una retención de $ 14.382,12 (incluido el proporcional de aguinaldo). Entonces en la primera tendrá un descuento de $ 13.123,68 y en la segunda $ 1.258,44.

A pesar de que el régimen macrifascista prometió una reducción de la presión fiscal, en los últimos tres años se estima que 700.000 personas se sumaron al grupo de los que tributan en gravamen a las Ganancias. 

El mecanismo para sumar más gente era el congelamiento de las escalas y del mínimo no imponible en un contexto de inflación. Eso hizo que para muchas personas en relación de dependencia el incremento salarial implicara comenzar a pagar el gravamen para la Cuarta Categoría. Desde 2017 se aplica una fórmula de ajuste automática que se basa en un promedio simple entre masa salarial sobre la cantidad de aportantes al sistema de jubilaciones. Este año el incremento fue del 28,29% y las personas pagan desde $ 38.301,85 (es el caso del soltero sin hijos).

En 2019 también se genera otro desajuste con los monotributistas. Las escalas y categorías ajustaron por una fórmula parecida. Mientras la facturación de este grupo se incrementó al ritmo de una inflación anual del orden del 47%, las escalas lo hicieron al 28%. Eso implicó que los que están en las categorías más altas tuvieran que dejar el denominado régimen simplificado, y pasar al General, donde los costos son más altos. Deben retener IVA en la facturación y pagar Ganancias.

En Bienes Personales también subió la presión de vía indirecta. En el caso de los autos de más alto valor, desde el año pasado la AFIP comenzó a usar la tabla de valuación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyos valores son 30% más altos que la que usaba hasta el momento el organismo. Mientras tanto, el régimen trabaja en un plan para homogeneizar las valuaciones de los inmuebles. Hacia el final del proceso, las tasaciones fiscales para Bienes Personales y el Impuesto Inmobiliario que cobran las provincias equivaldrá al 70% del valor de mercado.

Fuente: nota de Carlos Lamiral para Ámbito.com

Basavilbaso defendió cambio por el que más jubilados pagarán Ganancias

"Es más justo", afirmó el malparido titular de la ANSeS, en referencia a la medida rige desde este mes.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Emilio Basavilbaso, consideró ayer que es "más justo" aplicar el impuesto a las Ganancias a los jubilados cuyos ingresos sumados superen los $ 55.800.

"Lo que hicimos fue ser más justos; si hay un jubilado que tiene dos beneficios y otros no, pusimos a todos en igualdad de condiciones", explicó el sorete mal cagado.

Asimismo, señaló que "antes, para determinar si los jubilados debían pagar o no (el impuesto a las Ganancias) se tenían en cuenta el monto del beneficio individual".

Ahora, desde enero, "si un jubilado cobra también una pensión y la suma supera el monto de $55.800 empieza a tributar", puntualizó.

Por su parte, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, adelantó que harán una presentación judicial para evitar la aplicación de esta decisión, dado que la "resolución hace una interpretación de la ley".

Agregó que "el haber jubilatorio no es ganancia", y que se caerá en una "doble imposición" si el jubilado ya tuvo descuentos por este impuesto sobre sus ingresos antes de retirarse.

Reforma previsional: los jubilados perdieron $ 53 mil millones en un año

Sumado a las pensiones y asignaciones, la pérdida fue de $ 64 mil millones. El monto representa más de $10 mil por jubilado.

El impacto de la reforma previsional sobre los ingresos de los jubilados es muy fuerte. 

Según un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP), el cambio en la fórmula de movilidad y la forma del empalme causaron una baja del gasto de la ANSeS de casi 65 mil millones de pesos, de los cuales 53 mil millones habrían ido a los jubilados en 2018.

El monto representa un promedio de 10.200 pesos anuales por cada jubilado, que alcanza a 5,2 millones de personas en la Argentina. Como la jubilación mínima actual es de $ 9.300, el recorte promedio supera a una jubilación mínima por cada miembro de la clase pasiva.

Otro estudio, realizado por el abogado Miguel Fernández Pastor, estimó una pérdida aún mayor para beneficiarios de la seguridad social: unos $18 mil por cabeza.

En diciembre de 2017, el Congreso aprobó la reforma previsional, que cambió la fórmula de movilidad y se pasó de dos aumentos semestrales a cuatro trimestrales. La fórmula anterior tenía en cuenta el aumento de los salarios y de la recaudación, mientras que la actual actualiza los haberes según la inflación atrasada y la variación de salarios, que aumentaron por debajo del IPC.

En su primer año, la reforma previsional generó un aumento nominal de la mínima de 28,47%, mientras que el IPC subió entre enero y noviembre un 40,9% y se estima que cierre el año alrededor del 47%, diez puntos más.

De acuerdo a la estimación de ASAP, el recorte en los haberes llegó a los 59 mil millones. Luego, el Estado se comprometió a un bono compensador, que solo significó 2.400 millones de pesos de gasto, más otros 3.362 millones por la garantía del 82% móvil sobre el salario mínimo, para aquellos jubilados que hayan cumplido con 30 años de aportes. Por eso, totaliza 53 mil millones de pesos menos para la clase pasiva.

A eso habría que adicionar un recorte de 7.136 millones para los pensionados ($4500 anual por cada uno de ellos), y 6.117 millones para los beneficiarios de las asignaciones familiares y por hijo. En total, el recorte para la seguridad social implicó un ajuste de $ 64.938 millones en 2018.

En medio de internas y presiones del oficialismo, la Corte fallaría contra el régimen y a favor de los jubilados

Con un Rosenkrantz debilitado por la "mayoría peronista", el máximo Tribunal prepara un fallo que exigirá un índice de movilidad mayor para los jubilados.

Mañana, en el último fallo “caliente” del año, todo indica que la Corte Suprema de Justicia votará a favor de los jubilados y en contra del régimen macrifascista, cuando se exprese sobre la determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro en lo que se conoce como “el caso Blanco”. 

Al menos tres ministros supremos, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, rechazarán el cálculo que aplica la ANSeS. Una de las grandes incógnitas es cómo se expresará el presidente del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, cuyo liderazgo se vio muy desgastado en apenas dos meses y medio de gestión como cabeza del Poder Judicial.

En el “caso Blanco” se debe definir qué índice se toma para la actualización con que se pagan las sentencias por reajuste de movilidad. Hay dos índices, el RIPTE y el ISBIC. La ANSeS pretende utilizar el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que arroja valores inferiores al ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), que es el que utilizan desde hace años en las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social y en las cámaras federales del Interior. Sin ir más lejos, en el “caso Blanco” la Justicia dictaminó que se reajuste de acuerdo al ISBIC, lo que motivó el planteo de la Anses que ahora debe resolver la Corte.

La nueva mayoría que se articula con asiduidad desde el 1° de octubre (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda) le dará un nuevo revés político al régimen y se espera que interpele al Congreso.

Resta saber si los acompañarán Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, a quienes se les adjudica mimetizarse con los intereses de la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo aseguran que se podría provocar un problema económico a las arcas estatales, según cómo se falle en este caso, algo que rechazan los especialistas en la materia consultados por este medio. El punto en cuestión es que el reclamo de Blanco podría alcanzar a unos 150 mil jubilados.

Internas supremas y presiones del régimen

Por estos días reina un clima de desconfianza en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Sobre todo desde que en el entorno de algunos ministros cortesanos recibieron llamados de intermediarios del régimen con consultas relativas a cierta información que se abordó en la última reunión de letrados. 

Esto sucedió en el marco del tratamiento de casos sensibles y encendió las alarmas en algunas vocalías. 

Por tal motivo, desde el máximo tribunal aseguran que los votos del “caso Blanco” se conocerían el mismo martes y no con antelación como venía sucediendo.

Como si faltaran polémicas, una serie de designaciones que realizó el presidente del Tribunal Supremo hicieron ruido entre sus pares. Se le achaca nutrirse de funcionarios relacionados al Ejecutivo. Al nombramiento del 12 de noviembre del ex subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, en la Secretaría de Desarrollo Institucional, se agregaron los de Mariano Braccia y Agustín Casares, rubricados el pasado 12 y 13 de diciembre, respectivamente. El primero es un alto funcionario de la AFIP, especializado en derecho tributario. El segundo proviene del Consejo de la Magistratura, donde cumplía funciones como secretario de asuntos jurídicos. Respondía al ex administrador Agustín Cinto, vinculado al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larrata.

Está claro que el nuevo mapa de vinculaciones cortesanas ya no responde a la lógica que se insinuó el día que se ungió al ex abogado del Grupo Clarín como titular del cuerpo, en septiembre (asumió el 1° de octubre). Desde entonces, una serie de decisiones de Rosenkrantz (que incluyen desde un fuerte cruce vía cartas públicas con su antecesor Lorenzetti a las mentadas designaciones) enrarecieron el clima, que de por sí no era el más ameno cuando se decidió cambiar al titular del cuerpo, después de once años. Las últimas sentencias evidencian cambios y un juego de mayorías móviles, que hoy por hoy le están costando caro a Rosenkrantz y, por extensión, al régimen.

Con la actualización de los haberes jubilatorios la pregunta que se abre es si el flamante presidente de la Corte volverá a quedar expuesto en una sentencia “sensible” para la sociedad, tal como sucedió el 4 de diciembre cuando se rectificó la aplicación de la ley del 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad. Entonces, el “fallo Batalla” que corrigió el “fallo Muiña” se resolvió por 4 votos contra 1.

Algo de eso se insinuó el 11 de diciembre cuando los supremos abordaron la constitucionalidad Ley de lemas en Santa Cruz, un planteo que impulsó la UCR. Entonces había dudas sobre el voto de Rosenkrantz, de extracción radical. Finalmente, acompañó el fallo que rechazó - por unanimidad- el planteo que pedía la inconstitucionalidad de la ley que benefició en la elección a gobernador a Alicia Kirchner en desmedro de Eduardo Costa. De esta forma, erradicó suspicacias. Desde su entorno hicieron trascender que nunca vaciló su posición. En tribunales no todos dicen lo mismo.

La incógnita ya es política: ¿la Corte se va a volver mostrar fragmentada en un fallo clave y de alto impacto social? ¿Cómo administrarán sus diferencias los supremos de cara a lo que se viene, sobre todo, en un año electoral?

Hay un norte que no puede soslayarse: la nueva mayoría circunstancial conformada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti pretende que el calendario de sentencias relevantes que se inició el 27 de noviembre con el abordaje de la medida cautelar sobre el pago del impuesto a las Ganancias por jueces incorporados a partir de 2017 se despliegue durante el 2019. Con este mecanismo se busca darle mayor celeridad y transparencia a los actos cortesanos, en pos de acercar el accionar de la Justicia a la sociedad. Y hay consenso para aplicarlo.

Así las cosas ¿es sostenible en el tiempo una Corte partida al medio y con su presidente en minoría en las votaciones más “calientes”? El martes podría empezar a responderse ese interrogante.

Fuente: nota de Franco Mizrahi para El Destape web.

La Densoría de la Tercera Edad denunció que a fin de año los jubilados habrán perdido 13 puntos contra la inflación

El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, denunció que los jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 9,7 por ciento en su poder adquisitivo en el último año y cerrarán el 2018 con un retroceso de 13 puntos porcentuales, según las estimaciones del informe oficial del Ministerio de Hacienda que estimó una inflación del 42 por ciento para fin de este año. 

"Algunos de la oposición agitaron fantasmas y dijeron que íbamos a sacarle el dinero a los jubilados", defendió el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, el cambio de fórmula de actualización jubilatoria impuesto por el régimen macrifascista en diciembre pasado. 

Según la Defensoría de la Tercera Edad, la pérdida se registra porque los jubilados y pensionados observaron incrementos del 19,2 por ciento en sus ingresos en los últimos doce meses, mientras la inflación se ubicó en torno entre 32 por ciento y 33 por ciento, de acuerdo a la información del INDEC que será difundida esta semana. 

Con esas estimaciones sobre la mesa, Semino resaltó que "la aplicación completa de la Ley de Movilidad, ya con el cálculo de diciembre, va a estar en un reajuste del 29 por ciento cuando las estimaciones de inflación superan el 40 por ciento". 

Sin embargo, el titular del ANSeS insistió en defender la fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno en diciembre pasado y sostuvo que "el sector de los jubilados está protegido", mientras que acusó a la oposición por "agitar fantasmas". De todas formas, Basalvibaso admitió que "a veces hay un atraso con la recuperación" respecto de la inflación. 

En ese contexto, el defensor de la Tercera Edad advirtió que los jubilados enfrentan "un escenario muy complejo en medio de la crisis económica con alta inflación", aunque valoró el bono que otorgará el régimen macrifascista para paliar la situación frente a la crisis económica. 

En tanto, Basavilbaso confirmó que unos 140 mil jubilados, que estaban cobrando la "reparación histórica" desde 2016, verán suspendido el pago de esa suma extra a partir de octubre, ya que no cumplimentaron con el paso legal exigido por la ANSeS. Se trata de los jubilados que comenzaron a percibir de forma anticipada el pago del reajuste de su jubilación, pero que no aceptaron el acuerdo propuesta por el Poder Ejecutivo. 

Según detalló Semino, son 1.300.000 los jubilados que cumplieron con los requisitos que puso la ANSeS, mientras que criticó la quita ordenada por el organisamo previsional para los 140 mil que no lo hicieron. "Si el Estado empezó a pagarlo no puede suspenderlo, porque incluso tendría que haber esperado el requisito previo para pagarlo. Estamos hablando de personas que no son nativas para este tipo de trámites informáticos que es simple pero para lo cual hay jubilados que ni siquiera se han enterado", sostuvo.

Advertencia del massismo: "Un jubilado necesita $ 19.400 y el Gobierno le da $ 8.600"

La diputada del Frente Rejuntador Mirta Tundis aseguró que los incrementos de haberes con la nueva fórmula no alcanzan para cubrir la canasta de los abuelos. "La promesa de que le iban a ganar a la inflación es falsa", dijo.

Mirta Tundis cuestionó al régimen macrifascista por el aumento de jubilaciones y aseguró que el nuevo cálculo de movilidad otorga incrementos que son "insuficientes" para sostener el poder adquisitivo de los abuelos.

"Con la suba en el precio de alimentos, en medicamentos, en el costo de vida, el aumento que están recibiendo ni siquiera alcanza a la mitad de lo que se necesita para una canasta básica de jubilados", alertó la experta en temas previsionales.

Esta semana la ANSeS oficializó una suba de 6,68% desde septiembre, lo que elevará las jubilaciones mínimas de $ 8.096 a $ 8.637. "La promesa de este gobierno que con la nueva fórmula de movilidad le iban a ganar a la inflación e iban a estar en mejores condiciones, se ha demostrado que es falsa", se quejó la legisladora massista. 

"Mientras que un jubilado necesita $ 19.400 para poder vivir dignamente, que es el costo de la canasta básica, este Gobierno les da $ 8.600", remarcó y dijo que con "esta modalidad de aumento por inflación, impulsada por el gobierno, evidentemente no le sirve al jubilado ni al trabajador".

Desde octubre de 2017 a junio 2018 el costo de vida aumento 23,04%, mientras que el haber jubilatorio se habrá ajustado en total un 19,19% en esos nueve meses. A pesar que con el tiempo ese desfasaje se puede cubrir, con esta movilidad los abuelos pierden3,85% de poder de compra real en ese mismo período.

"Lamentablemente hay algo que el Gobierno no sabe hacer, que es manejar la inflación y tener un programa económico serio", manifestó la diputada, quien además destacó la propuesta del Frente Rejuntador para eliminar el IVA en alimentos, medicamentos y tarifas de servicios públicos. "Esto ayudaría al menos a bajar el costo en algunos de sus gastos", indicó.

"Es triste saber la realidad que atraviesan los jubilados, porque la inflación les está devaluando y liquidando sus haberes día a día. Ya que el gobierno pidió colaboración, sería bueno que escuche y tome las propuestas del Frente Renovador, como la eliminación del IVA en alimentos, medicamentos y tarifas de servicios públicos, para ayudar a la economía de cada jubilado y pensionado", concluyó.

Con la nueva fórmula, el aumento de marzo para los jubilados será de 5,71 por ciento

El régimen macrifascista oficializó la aplicación de la fórmula de ajuste jubilatorio aprobada en diciembre en medio de una brutal represión. El haber mínimo de 7246 pesos tendrá una suba de alrededor de 410 pesos. De haberse aplicado el cálculo que rigió hasta el mes pasado, el incremento hubiera rondado el 11 por ciento.

El régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos oficializó un aumento de 5,71 por ciento para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo. 

El porcentaje se estableció a través de la aplicación de la nueva ley que modificó la fórmula de movilidad para esos haberes, aprobada con escándalo y represión en diciembre pasado. De esta manera, el haber mínimo de 7246 pesos que cobra más de la mitad de los 6 millones de jubilados tendrá una suba de alrededor 410 pesos.

El aumento dispuesto en la Resolución 2-E/2018 del Ministerio de Trabajo publicada ayer en el Boletín Oficial es el primero de los cuatro incrementos en el año que establece la nueva ley de Movilidad Jubilatoria. Los próximos serán en junio, septiembre y diciembre.

"El valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a marzo de 2018 es de 5,71 por ciento", dice el primer artículo de la medida. El aumento regirá también para los trabajadores en relación de dependencia que se jubilen a partir del 28 de febrero de 2018 o lo soliciten desde el 1 de marzo de 2018, aclaró la resolución firmada por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis.

Al porcentaje se lo calculó sobre la base de dos variables: según el indicador de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que mide el nivel de los salarios, y la variación trimestral de la inflación calculada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El cálculo es desfavorable para los jubilados: con la fórmula anterior, el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos, una suba del 950 por ciento entre marzo de 2009 y septiembre de 2017. En el mismo período, la inflación fue del 690 por ciento, según la estimación de institutos provinciales. O sea que el esquema anterior no sólo ofreció “protección” frente a la inflación sino que permitió mejoras en términos de poder adquisitivo de la jubilación.

De haberse aplicado el cálculo que rigió hasta el mes pasado, el incremento hubiera rondado el 11 por ciento. En febrero del año pasado, la suba había sido del 12,65 por ciento, apenas dos puntos del aumento que se estima para lo que resta de 2018.