La UIF presentó un recurso contra la excarcelación de Amado Boudou

El organismo de antilavado aseguró que la resolución que benefició al ex vicepresidente es un "acto viciado de nulidad".

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un recurso de casación contra la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, por el caso Ciccone, después de haber salido de la cárcel el miércoles pasado.

Según advirtió el organismo, la intervención del Tribunal Oral 4 en la resolución "constituye un acto viciado de nulidad de orden general" y recordó que el pedido de excarcelación "actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Además, la UIF aseguró que el Tribunal Oral ya perdió "la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado".

Por eso, el organismo manifestó en el recurso que "esta querella considera que la resolución dictada no se encuentra debidamente fundada" porque incurrió "en arbitrariedad manifiesta toda vez que arriba a conclusiones que no resultan de una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa".

Amado Boudou quedó en libertad: "Voy a seguir defendiendo mi inocencia"

El ex vicepresidente abandonó ayer a la tarde el penal de Ezeiza. Debe llevar una tobillera electrónica y no puede salir del país.

Amado Boudou quedó en libertad ayer por la tarde, luego de formalizar el pago de un millón de pesos en concepto de fianza. 

Eran las 19.18 cuando salió del penal de Ezeiza, donde permaneció encarcelado durante los últimos cuatros meses.

El ex vicepresidente se retiró del complejo penitenciario a bordo de un automóvil Peugeot de color blanco, pero se detuvo detuvo para hablar con los periodistas lo esperaban. "En lo personal siento alegría pero a la vez no puedo porque hay presos políticos, hay un abuso de la prisión preventiva", señaló.

"Voy a seguir defendiendo mi inocencia", aseguró tras prometer que no va a abandonar la lucha por los "compañeros" que siguen encarcelados.

La emoción lo superó cuando -en diálogo con Víctor Hugo Morales por C5N- fue consultado sobre cómo va a pasar la Navidad. "Con mis dos niños y con mi mujer", alcanzó a responder con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas. Luego se retiró rumbo a su domicilio.

Condenado a cumplir una condena de cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, Boudou tiene prohibido salir del país y tendrá que usar una tobillera electrónica con GPS: no podrá alejarse más allá de 100 kilómetros a la redonda de su casa, según la resolución del Tribunal Oral Federal 4.

Las juezas María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti beneficiaron al ex funcionario con la excarcelación, al considerar que no hay riesgo de fuga. Distinto fue el fallo de Néstor Costabel, quien se opuso a la liberación.

Ordenaron la excarcelación de Boudou y el ex vicepresidente recuperará la libertad

El Tribunal Oral 4 aceptó el pedido realizado por la defensa del ex vicepresidente. Le impuso el pago de una caución de 1 millón de pesos y el uso de una tobillera electrónica.

El Tribunal Oral 4 aprobó ayer el pedido de excarcelación presentado el lunes por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou y ordenó su libertad en fianza por la causa de la ex calcográfica Ciccone, por la que había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. La medida es bajo el pago de una caución de 1 millón de pesos e incluye el uso de una tobillera electrónica.

La defensa de Boudou había planteado que le concedieran al funcionario su excarcelación o mínimamente prisión domiciliaria con tobillera electrónica, luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara el viernes a otros imputados en la causa sin prisión preventiva, a diferencia de la resolución que tomó con el funcionario en diciembre de 2017.

Los abogados se ampararon en la resolución que tomó Lijo cuando decidió procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura sin enviarlos a prisión por considerar que no había posibilidades de entorpecer la investigación. Sobre este último punto basaron el recurso que hoy aprobaron las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliot. Votó en disidencia Néstor Costabel. 

Las juezas recordaron en su fallo que "en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad" durante un proceso penal. "El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación", manifestaron en su voto en mayoría y enviaron un fuerte mensaje: "a la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura". 

El mismo tribunal le había negado la excarcelación a Boudou en agosto, a la semana de haber dictado su condena. Boudou fue hallado culpable por el tribunal de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, pero los jueces habían requerido su detención inmediata en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, a pesar de que el fallo no estaba firme.

El tribunal acusó a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía. 

El ex funcionario siempre negó la imputación y ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se "invirtió la carga de la prueba". 

La abogada de Boudou Graciana Peñafort aseguró que "apenas se deposite el dinero, Boudou recuperará la libertad". Asimismo, dijo que "inicialmente la detención no era correcta y el fiscal dio el ok para esta excarcelación" y agregó que "la prision preventiva estaba mal dada".

El juez Luis Rodríguez no pudo sostener la detención y Lascurain quedó en libertad bajo fianza

Tras los pedidos de excarcelación de la defensa del ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, encarcelado el martes sin juicio y sin indagatoria, con la única excusa de una presunta obstrucción de la investigación, el juez federal Luis Rodríguez le concedió ayer a la tarde la libertad, en el marco de la causa en la que se investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra de repavimentación de la ruta que llega a Río Turbio.

Luego de ser indagado en la víspera durante más de cuatro horas por el propio Rodríguez, el juez dispuso la libertad del actual vicepresidente quinto de la Unión Industrial Argentina (debió pagar una fianza de 100.000 pesos), acusado de haber cobrado un adelanto de $ 50 millones para construir una ruta entre la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y dicha ciudad santacruceña, obra que nunca se concretó por decisión del régimen macrifascista.

La denuncia por las supuestas irregularidades en la obra citada había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien acusó a la empresa constructora Fainser S.A., encargada de la obra.

A finales de 2015 se le pagó un adelanto de 50 millones de pesos a la empresa de Juan Carlos Lascurain, Fainser S.A., para la repavimentación de la ruta que llega a la mina de carbón. En ese tramo de siete kilómetros se produjeron -y producen- muchos accidentes por el estado del pavimento. Toda la obra costaría más de 300 millones de pesos y el adelanto fue del 15 por ciento, destinado a que la empresa empezara a contratar personal, comprar la maquinaria, los materiales.

Sin embargo, el 10 de diciembre de 2015 asumió el régimen fascista y nunca respondió si continuaría con la obra, ni comprometió financiamiento para completar los trabajos. Es decir, que la ruta no se repavimentó por resolución del macrifascismo, no por una defraudación de Lascurain ni por resoluciones de Yacimientos Carboníferos (YCRT) o del municipio de Río Turbio. A esto se agrega que había un seguro contratado para recuperar los 50 millones y ese seguro estaba a nombre de YCRT, también administrado por la alianza de derecha Cambiemos.

Vale recordar que Lascurain presidió la UIA entre el 2008 y el 2010. Por la misma investigación, el magistrado ya había ordenado las detenciones del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y del diputado provincial Matías Mazú, quien tiene fueros como legislador.