Piden la detención de Rocca y Abal Medina en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos

Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron ayer la detención del empresario Paolo Rocca, procesado por asociación ilícita en el marco de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de supuestos sobornos en la obra pública. Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio de haber procesado al empresario sin prisión preventiva y ahora definirá la Cámara Federal. Lo mismo pidieron para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. 

Según consideraron Rívolo y Stornelli, no corresponde que a algunos imputados se los haya procesado con prisión preventiva y a otros no. 

El pedido de los fiscales también abarca al ex secretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.

Los fiscales sostienen que "en lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva".

Esta apelación no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Rocca había quedado al borde de la imputación el 4 de septiembre, día en que Bonadio adelantó que investigaría a las "empresas beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública entre 2003 y 2015” a cambio de pagar “entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios del Ministerio de Planificación. Además de Techint, en la lista figuraba la constructora lecsa, que hasta 2007 manejó el Grupo Macri y luego pasó a manos del primo del Presidente Angelo Calcaterra.

En ese momento, Rocca negó ante el juez haber pagado coimas y trasladó la responsabilidad a uno de los directivos de su firma, Luis Betnaza, quien había declarado como imputado colaborador y ya está procesado por ocho pagos ilegales. Rocca habló entonces de la supuesta “autonomía” del CEO de la firma y dijo desconocer si se habían pagado coimas a la administración anterior para que intercediera ante Venezuela tras la nacionalización de Sidor, firma de su holding.

Finalmente Bonadio procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4000 millones de pesos.

Paolo Rocca fue procesado en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos

La decisión fue adoptada por el juez federal clarinista Claudio Bonadio. En tanto, el empresario Marcelo Mindlin fue beneficiado con la falta de mérito.

Paolo Rocca, CEO de Techint y uno de los empresarios más importantes de la Argentina, fue procesado por el juez federal clarinista Claudio Bonadio en la causa iniciada por las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer literato Oscar Centeno.

Según informaron fuentes judiciales, en la investigación quedó corroborado el pago de coimas por parte de la empresa Techint a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.

Ya estaba procesado en la causa Luis Betnaza, director de la compañía, a quien Rocca le había endilgado la responsabilidad por el pago de las coimas para que los por entonces funcionarios intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor que pertenecía al Grupo Techint.

En su declaración indagatoria, Rocca había dicho que "con referencia a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas".

El juez procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.

En la misma resolución en la que procesó a Rocca, el juez les amplió sus procesamientos -por varios hechos nuevos- a Julio De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta, Hernán Camilo Gómez y Nelson Lázarte.

Además, Bonadio procesó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a su ex secretario privado Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación ilegal aportada desde el Ministerio de Planificación para utilizarla en campañas electorales.

El embargo de $ 4.000 millones también se le aplicó a Abal Medina y otros procesados entre quienes se encuentran Alberto Padoán y Rubén Aranda. En tanto, Claudio de Lassaletta fue procesado pero le trabaron un embargo por una cifra menor.

Asimismo, el juez determinó que no hay mérito para procesar ni sobreseer a otro de los empresarios importantes del país: Marcelo Mindlin. Bonadio consideró que no se puede probar que haya pagado coimas y le dictó la falta de mérito. Determinó lo mismo para otros indagados en la causa: Raúl Ibarra, Santiago Moresco, Miguel Ángel Marconi y Guillermo Prokopiw.

Con esta resolución de Bonadio, se cierra la primera etapa del Caso Cuadernos. La causa que estalló el 31 de julio pasado con la detención de Centeno y derivó en la apertura de varios expedientes más.

El vaciador Szpolski involucró a Abal Medina para no ir preso

El ex hombre fuerte del Grupo 23 reanudó su declaración en Comodoro Py. Dijo que arregló con el ex funcionario nacional el cobro de la impresión de 16 millones de boletas electorales.

El vaciador del Grupo 23, Sergio Szpolski, volvió a declarar en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos e involucró al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Reconoció ayer ante el juez clarinista Claudio Bonadio que recibió sumas millonarias de dinero y arregló con Abal Medina el cobro de la impresión de 16 millones de boletas electorales, así como que los fondos salían de la Jefatura de Gabinete. 

En tanto, su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, reconoció por su parte que trabajó en la SIDE de 2000 a 2003 y que también ejerció la defensa del extitular de la central de inteligencia, el espía Jaime Stiuso.

Fuentes judiciales dejaron trascender que el viernes pasado el juez Bonadio advirtió a los abogados del vaciador que evaluaba detener a Szpolski. Ese día, en sus declaraciones, el autoproclamado empresario dijo que lo había llamado Abal Medina y lo había contactado con Juan Carlos "el Chueco" Mazzón para la impresión de boletas electorales destinadas a la elección legislativa del año 2013. También reconoció en la misma jornada que la suma fue de unos 200 millones de pesos. 

En tanto, a la salida de su declaración, el ex socio de Matías Garfunkel y Mario Pergolini se enfrentó a la prensa que lo cruzó con preguntas sobre la falta de aportes patronales a centenares de trabajadores que no tenían registro de que las empresas a su cargo hubieran depositado el dinero. "Ustedes me quieren tirar el fardo a mi", escupió ante los micrófonos de los cronistas acreditados.

También negó los despidos. "No hubo 800 despidos, ese número no sé de dónde sale", afirmó, aunque reconoció que el Grupo 23 a partir de 2014 comenzó a desprenderse de medios. "Porque en la industria en general hubo un cambio", adujo y agregó en tono sobreactuado, que "no querer enmarcar lo que pasó con estos medios en el cambio de plataformaas tecnológicas no lleva buena intención".

Inquietud en el peronismo por la confesión de Abal Medina

El ex jefe de gabinete le admitió a Bonadio que recibió dinero negro de empresarios para financiar la campaña kirchnerista de 2013.

Juan Manuel Abal Medina enturbió aún más las aguas del peronismo luego de declarar ante el juez Claudio Bonadio que recibió dinero negro de empresarios para financiar la campaña del Frente para la Victoria en 2013, cuando era jefe de Gabinete.

El ex senador nacional quedó en libertad luego de declarar en Comodoro Py. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", aclaró.

Abal y su secretario Martín Larraburu aparecen en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer escribiente de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

El secretario del ex jefe de gabinete tenía en su posesión un pendrive con la información de los aportes de la campaña de 2013 y por eso fue detenido en la primera redada de Bonadio.

Larraburu fue el canal del juez y de Stornelli para llegar a Abal Medina, a quien consideran el jefe de gabinete más frágil de la era cristinista que podría conectar directamente las coimas del cuaderno de Centeno con Cristina Fernández de Kirchner, que era su jefa en 2013. De esta manera se confirma que el objetivo final del juez y el fiscal siempre fue Cristina.

La confesión de Abal Medina no sólo impacta de lleno en el kirchnerismo sino en otras figuras del peronismo que jugaron en la campaña de 2013, como Daniel Scioli y Daniel Filmus.

En el peronismo confirmaron que hay mucho temor entre quienes participaron de aquella campaña porque las declaraciones del ex jefe de gabinete abren nuevas líneas de investigación.

"A la gente le importa que la economía está por explotar", se atajaron desde un sector del kirchnerismo para disimular la preocupación e incluso intentaron salpicar a Mugrizio Macri Blanco Villegas, que nombró a Abal Medina en la Coneau.

Abal Medina no involucró a Cristina en el circo de los cuadernos: "Ella no sabía nada"

El ex jefe de Gabinete declaró en la causa que investiga presuntas coimas entre empresarios y ex funcionarios y admitió haber recibido dinero negro.

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina declaró ayer ante el juez Claudio Bonadio y reconoció que recibió "donaciones voluntarias" de varias empresas del rubro de la construcción. 

Además, se supo que no involucró a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que "ella no sabía nada".

Según trascendió, el dinero que recibió de manos del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta era "en efectivo" y "de forma voluntaria", y tenía como fin financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria, en 2013.

Abal Medina y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer literato de Baratta.

Por otro lado, Abal Mediana aseguró que Cristina Fernández de Kirchner "no sabía nada sobre el origen del ingreso de dinero para la campaña".

En un escrito presentado ayer, el ex funcionario admitió la existencia de aportes para la campaña electoral legislativa, y señaló a Baratta como el responsable de la recolección del dinero entregado por los empresarios. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", reconoció.