Denunciaron a Macri Blanco Villegas por traición a la Patria: offshore, Flybondi y secretos militares

Es por la posible habilitación de secretos castrenses a la aerolínea low cost de origen británico. La presentación alcanza a ministros y otros funcionarios.

Una derivación imprevista apareció en torno a la aerolínea Flybondi, que no deja de cosechar escándalos en nuestro país. Una abogada presentó ayer una denuncia por traición a la Patria contra el ex hijastro de Flavia Palmiero, gran parte de su gabinete de ministros y varios funcionarios de segundo y tercer orden.

El hecho judicial, además, revela que la empresa low cost está radicada en Inglaterra y es controlada por una offshore con domicilio en Islas Cayman.

La abogada Claudia Sambro Merlo, que ya había presentado ante la Justicia demandas por incumplimientos por parte del Estado Nacional en el caso Aeropuerto de El Palomar, radicó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N°9 a cargo del doctor Luis Rodríguez.

La denuncia por traición a la patria se basa en el artículo 119 de la Constitución Nacional, delito tipificado en los artículos 214 y 215 del Código Penal.

Sambro Merlo acusa al sibnormal, al Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez y a los ministros Guillermo Dietrich (Transporte); Germán Garavano (Justicia) y Oscar Aguad (Defensa), además de la cuestionada e incogible titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, entre otros.

La abogada, especialista en derecho ambiental, sustenta su denuncia en el hecho que la empresa aerocomercial está radicada en Inglaterra para operar una base aérea militar argentina que guarda secretos e intereses militares de suma importancia que hacen a la defensa nacional.

"Flybondi es una empresa inglesa que viene a operar un aeropuerto situado en una Base Aérea Militar argentina... Imaginemos por un momento que Aeropuertos Argentina 2000 intente operar la Base Andrews en Estados Unidos, a ver si se lo permitiría el gobierno de Donald Trump", apuntó la letrada.

"Entregar la Base Aérea Militar El Palomar, Cuna de las Alas Argentinas, el lugar de donde despegaron los aviones Hércules para aterrizar el 2 de abril de 1982 en Puerto Argentino, es un acto típico de traición a la patria”, señala la abogada en su escrito.

Asimismo, Sambro Merlo advierte en su denuncia que Flybondi Limited, radicada en Inglaterra y constituida en el mes de mayo de 2016 (sólo pocos meses después de asumir Macri Blanco Villegas), cuyo titular, Gastón Parisier posee el ciento por ciento del paquete accionario, a su vez es controlado por Pangea Two Acquisition, empresa offshore con domicilio en Islas Cayman.

"Flybondi es la Austral Construcciones de Macri y Gastón Parisier es su Lázaro Báez", disparó Sambro Merlo, y agregó que "Argentina corre serio peligro de entregarle secretos militares a Inglaterra con el pretexto de favorecer el negocio aerocomercial, dejando ingresar a una empresa inglesa, y sobre la que no se le conoce absolutamente ningún antecedente como operadora en su rubro; con el agravante que ya ha quedado demostrado que Flybondi es una empresa que ha demostrado ser bastante ineficiente, tanto en su operatoria como en el estado de sus aeronaves".

En su presentación la denunciante también afirma que "ante las flagrantes violaciones a la Ley General del Ambiente 25675, Ley del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires 11.723, Ley de Residuos Peligrosos 24.051, Ley de Residuos de la Provincia de Buenos Aires 11720; las mandas constitucionales y los riesgos aéreos que han sido públicos y notorios ante los cuales las autoridades nacionales, lejos de ejercer sus poderes punitivos de regulación actuaron como propaladores de justificación, tengo la cabal convicción que se ha perpetrado un negociado en el que se ha barrido con los principios de la seguridad nacional, cometiendo la más procaz traición a la patria".

Asimismo, indica que "más allá de la inmoralidad que implica haber desafectado un bien de dominio público destinado a la Seguridad Nacional, agrava la circunstancia que se lo ha tratado ni siquiera como un bien de dominio privado del Estado; se lo ha degradado al punto de entregárselo a una off shore cuyos titulares son en su mayoría ingleses".

"Esta conducta, va en línea con el desmantelamiento efectivo de las Fuerzas Armadas. El luctuoso acontecimiento con el ARA San Juan, en aguas del Atlántico Sur, en condiciones obscuras; la voluntad acérrima en ocultar las evidencias y las causas del desastre, el trato inhumano a los familiares y la desinformación al pueblo argentino son un hecho más, en dirección a esta política de desmilitarización de la Nación", completa.

Megadenuncia contra Macri Blanco Villegas y funcionarios del régimen por abuso de autoridad y otros cargos

Además del ex hijastro de Flavia Palmiero, el escrito involucra a Marcos Peña Braun Menéndez, Guillermo Dietrich, Germán Garavano, Oscar Aguad, Sergio Bergman, María Eugenia Vidal y muchos otros representantes del régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos, por irregularidades en el aeropuerto de El Palomar y Flybondi. 

La abogada Claudia Sambro Merlo presentó una denuncia penal contra 23 funcionarios y empresarios por estar “involucrados en el negociado de FlyBondi en la Base Militar de El Palomar”. 

Entre los denunciados, la prominente lista es encabezada por los popes de la alianza de derecha Cambiemos: Mugirizo Macri Blanco Villegas, Marcos Peña Braun Menéndez, Guillermo Javier Dietrich, Oscar Raúl Aguad, Sergio Alejandro Bergman, Germán Carlos Garavano, María Eugenia Vidal, el intendente de la Municipalidad de Morón, Ramiro Tagliaferro, y muchos otros.

La denuncia penal tiene que ver con "el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los términos del artículo 248 del Código Penal". A Vidal y otros tantos, la denuncia le remarca el delito de omisión a sus deberes en el ejercicio del poder de policía en los términos del artículo 249 del Código Penal.

"Resulta público y notorio el inicio de la actividad aerocomercial en la 1° Brigada Aérea con asiento en la Ciudad de El Palomar, que hasta el momento sigue siendo un enclave de los regulados por el artículo 75 inc 30 de la Constitución Nacional; con afectación especial respecto de la Seguridad Nacional como 'Base Aérea Militar'. Recién a finales de noviembre del año 2017, los vecinos tomaron conocimiento de esta maniobra, a través de las escuetas noticias que se difundían en escasos medios de comunicación pública, en relación a la posibilidad de instalar un aeropuerto aerocomercial en la 1° Base Aérea El Palomar. Hasta ese momento, ninguno pudo tener conciencia cierta de este 'emprendimiento' y tampoco acceso a los detalles del mismo, ya que el intendente local, Ramiro Tagliaferro, que envía mensualmente boletines informativos junto con la tasa de servicios generales, omitió proporcionar siquiera un mínimo indicio, respecto de las obras que se estaban ejecutando desde el año 2017. Establecer un aeropuerto para la actividad aerocomercial, es en esta zona, un proyecto totalmente inviable desde el punto de vista urbanístico y ambiental", detalla la denuncia.

La letrada también apuntó a que "al momento en que Mauricio Macri asumió la presidencia, la concreción del proyecto era un hecho consumado". 

En la extensa denuncia que aquí reproducimos en su totalidad, Sambro Merlo detalla que "el dictado de este Decreto ha sido en flagrancia a la Constitución Nacional, y vulnerando la Ley de Ministerios de la Nación Ley de Defensa de la Competencia y Ley General del Ambiente".

Sostiene además que en este sentido "entiende configurada la conducta punible por parte del Presidente de la Nación Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña y los Ministros de Defensa Oscar Raúl Aguad y de Ambiente de la Nación Sergio Alejandro Bergman; en el caso de los dos primeros, por suscribir los actos en pugna sin potestades y en franca violación a la ley y los principios republicanos correspondiéndole la imputación prevista en los artículos 248 y 190 del Código Penal; los segundos, por omisión inexcusable de los deberes correspondientes a la Defensa y Seguridad que implica la desafectación de facto de una Base Militar, y por omisión inexcusable en el cumplimiento de las normas ambientales: (análisis del proyecto, evaluación de impacto ambiental previo de todas las jurisdicciones comprometidas, establecida la viabilidad, audiencia pública 'previa'). Todas estas competencia irrenunciables de las áreas bajo su cartera (Defensa y Ambiente). En este sentido, corresponde se los tenga incursos en las figuras previstas en los artículos 249 y 190 del Código Penal".

Nuevo amparo contra Flybondi: denuncian maniobras fraudulentas de la low cost

Una abogada ambientalista denunció que el régimen macrifascista actuó de manera “ilegítima y arbitraria” al habilitar la base aérea de El Palomar para vuelos comerciales. También advirtió que la compañía low cost realizó "maniobras fraudulentas".

La abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo presentó un nuevo amparo para frenar la actividad del aeropuerto de El Palomar, que se sumó al del colectivo StopFlybondi, aprobado y luego desestimado por la jueza de San Martin Martina Forns. Tras su retirada sorpresiva de la medida cautelar, que había congelado parte de las obras de remodelación en la base y había suspendido los vuelos comerciales low cost, la magistrada deberá evaluar ahora este nuevo recurso. El vuelo inaugural desde el nuevo aeropuerto está planificado para este viernes 9.

En el escrito presentado, Sambro Merlo consideró que el régimen macrifascista actuó de manera “ilegítima y arbitraria” cuando habilitó el aeropuerto para vuelos comerciales y lo incorporó al Sistema Nacional de Aeropuertos. Allí señaló que esa autorización no debería haber existido porque se realizaron “graves incumplimientos” de normativas ambientales con la presunta violación de acuerdos internacionales, maniobras fraudulentas por parte de la empresa Flybondi y ausencia de Plan de Evacuación de Emergencia. Al igual que en el amparo avalado y luego rechazado por Forns, la abogada pidió expresamente que se frenen las obras que la empresa low cost está realizando en el aeropuerto. 

"El Poder Ejecutivo ha demostrado tener poco apego al cumplimiento de lo que manda la Constitución Nacional y las leyes, porque de manera ilegítima y arbitraria dictó el Decreto 1092/17 que dispone la transferencia del Aeropuerto de El Palomar, que estaba bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina, y lo pasó a depender de Aeronavegación Civil, siendo que el competente para semejante determinación es el Congreso", manifestó en el documento, en el que también reclamó que se dicte la nulidad del Decreto 27/18 (el que catalogó a la histórica base aérea militar como un Aeropuerto de Aviación Civil). "Cómo si la falta de competencia (para dictar el DNU) no fuera suficiente, el Decreto carece de un dictamen jurídico, lo que fulmina cualquier posibilidad de eficacia", señaló la abogada. 

En la misma línea, Sambro Merlo acusó a la empresa de aviación Flybondi (FB Líneas Aéreas)- encabezada por Richard Guy Glusman, ex socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo Pegasus- de cometer supuestas “maniobras fraudulentas”. La abogada advirtió específicamente sobre "los constantes cambios de domicilios legales y conformación de directorios en tan poco tiempo” por parte de la compañía y recordó que “fue beneficiada con la excepción del Impuesto a las Ganancias en siete rubros".

En otro apartado de su presentación, que tiene puntos en común con el recurso interpuesto por los vecinos, la amparista subrayó que las obras que se realizaron generaron un daño en el medio ambiente, además de complicaciones estructurales en la zona urbana donde está la estación aérea. La abogada aseguró que hubo "falta de previsión" para evitar daños ambientales y que "se están violando acuerdos internacionales en materia de Medio Ambiente suscriptos por la Argentina, como el de Basilea para el transporte de residuos peligrosos y el refrendado por esta administración, en 2016 en la Cumbre de Marraquech, para reducir la emisión de gases con efecto invernadero".

La cautelar de StopFlyBondi aceptada por la propia Forns el 11 de enero pasado, había sido dictada luego de una inspección a la base realizada el día 9 enero, en la que se constató que a metros de la pista hay dos polvorines, que un alambrado separa la pista de la Escuela Técnica 4 y que el colegio Emaús se encuentra a 500 metros del aeropuerto en línea recta. Además, el amparo advertía que durante las obras se habían destruido los edificios de la base aérea que funcionaron como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y están protegidos por la ley de Sitios de Memoria. El 1º de febrero, a escasos días de que Flybondi comenzara a operar, Forns retrocedió sobre sus pasos y emitió un nuevo fallo, que los vecinos calificaron como "contradictorio".